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Para los partidos políticos, las elecciones más importantes no son las que definen el nombre del presidente de la República y ni siquiera la conformación del Congreso, sino las que cada cuatro años sostienen sus estructuras de base, la maquinaria regional que los mantiene vivos para las demás apuestas. Es por ello que en todas las orillas ya tienen la mira puesta en octubre del próximo año, cuando una vez más los colombianos asistirán a las urnas a elegir gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.
Aunque falta poco más de un año, el tema llegó al Capitolio en las últimas horas, por cuenta de las movidas que emprendieron el Gobierno y todas sus carteras en el debate del Presupuesto General de 2027. Frente a las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas), el registrador nacional, Hernán Penagos, y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Felipe Lemos, dieron el banderazo de este proceso al señalar lo que les falta a sus entidades para poner a punto los comicios.
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Ambos funcionarios coincidieron en que las elecciones que se avecinan requieren más recursos y capacidades que las de 2026, pues, solo por exponer un dato, este año se inscribieron cerca de 3.200 candidatos al Congreso, mientras que para el 2027 se calculan más de 130.000 candidaturas para los cargos en juego. Además, según explicó el registrador, se debe tener en cuenta que la participación viene subiendo (hoy está en un 64 %), lo cual exige más a las autoridades electorales con cuestiones elementales como la de ampliar el número de mesas de votación.
El mayor interrogante gira en torno a la vigilancia e inspección de la contienda electoral, tareas que le corresponden al CNE. Este miércoles, el presidente Lemos, postulado a esa entidad por el Partido de La U, se paró ante los congresistas encargados de tramitar el presupuesto para comunicarles varios vacíos en el monto que les asignaron para la próxima vigencia fiscal.
La autoridad electoral les pidió a ambos gobiernos, el de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, COP 2,2 billones para todos sus gastos e inversiones, pero en el proyecto oficial les redujeron la cifra en COP 900.000 millones. Con ese dinero, alertó Lemos, “no tendríamos cómo cumplir a cabalidad con nuestras funciones en la próxima vigencia fiscal”.
El CNE necesita solo para pagar su planta cerca de COP 150.000 millones, pues, señalaron desde la entidad, en los años electorales este rubro crece en cerca de COP 100.000 millones. Por otra parte, reclaman otros COP 150.000 millones para actualizar el sistema de Cuentas Claras, donde los candidatos reportan sus ingresos y gastos de campaña, y el sistema de registro de partidos. Claro está que en este bolsillo de servicios también entran la publicidad para posicionamiento, las visitas a regiones y la seguridad de los nueve magistrados.
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Pero la mayor preocupación para este sector corre por cuenta de los COP 1,8 billones que se necesitarían para pagar las transferencias corrientes, entre las que están la financiación de los partidos políticos y la reposición de gastos de campaña (COP 439.000 millones), al igual que los gastos del estatuto de oposición (COP 656.000 millones). En este componente está el pago de más de COP 730.000 millones para una plataforma para la inspección y vigilancia de las territoriales a través de los testigos electorales, punto en el que empiezan a aparecer las controversias.
En las pasadas elecciones, el CNE fue foco de cuestionamientos por destinar unos COP 529.000 para la misma plataforma que impulsó la capacitación y acreditación de los testigos. A finales de agosto, un editorial de El Espectador planteó varios de los cuestionamientos tras un reportaje al respecto de La Silla Vacía: “los magistrados del CNE han dado respuestas evasivas, así como las firmas privadas involucradas (…) el problema tiene raíces profundas y va mucho más allá de esta denuncia particular. El CNE está en una crisis de legitimidad, exacerbada por la manera en que llevó a cabo las investigaciones contra el gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro”.
En medio de esta discusión, al Congreso regresó la propuesta para modificar el carácter político del Consejo, esto debido a que quienes eligen a los magistrados también son objeto de su vigilancia. Para legisladores como Duvalier Sánchez, Jennifer Pedraza y varios más, se debería crear un concurso público a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que conformará una lista de 30 elegibles de la que las altas cortes definirán los nueve nombres finales para un periodo de cuatro años.
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Sin embargo, mientras esta propuesta avanza, Juan Felipe Lemos defendió la gestión, la contratación del sistema para los testigos electorales y hasta anunció otro proyecto de ley, pero para que el CNE vuelva a tener autonomía presupuestal. Sobre el tema de la plataforma, aseguró que si bien es cierto que estos servicios antes costaban bastante menos, cerca de COP 16.000 millones, “el sistema electoral ha venido avanzando en materia tecnológica”, y ya no se trata de un proceso manual.
Ahora bien, lo cierto es que la Contraloría ya abrió una indagación preliminar por posibles sobrecostos y presunto direccionamiento en esos contratos. La empresa involucrada en esta polémica es LinkTIC, cuyo director, Fernán Ocampo, le dijo hace algunas semanas a El Espectador que antes el proceso de acreditar testigos se dejaba para el final, por lo cual había casos de falsificación, lo que ahora, según dijo, no ocurre con los nuevos sistemas. Además, señaló que es probable que se vuelvan a presentar para los contratos de las elecciones de 2027.
Pese a los cuestionamientos e indagaciones, varios integrantes de las comisiones económicas del Congreso se mostraron dispuestos a buscar el faltante presupuestal del CNE, pero el tema no será sencillo, pues este mismo miércoles se conoció que el sector Trabajo pide COP 4,86 billones extras (la mayoría para pensiones) y el de la Salud, una adición de más de COP 13 billones.
Los retos de la Registraduría para las elecciones 2027
El caso de la Registraduría no genera las mismas preocupaciones, pues el registrador Hernán Penagos señaló que los recursos para las elecciones de 2027 están garantizados. Sin embargo, hay varios temas que no están teniendo suficiente eco en el Capitolio y que indirectamente podrían afectar los procesos electorales. Según Penagos, hay cuatro proyectos de inversión desfinanciados y no se trata de abrir nuevas sedes de la entidad ni de gastar en más funcionarios, pese a que, a su juicio, la planta no ha crecido como sí ha ocurrido en la Procuraduría y la Contraloría.
El caso que más preocupa tiene que ver con el mantenimiento del proceso de identificación, lo que básicamente significa garantizar recursos para mantener la fabricación de tarjetas de identidad y cédulas. Para tal fin, la Registraduría solicitó COP 293.000 millones para 2027, teniendo en cuenta que en los años electorales la gente se anima a pedir más el documento, pero el monto aprobado fue de solo COP 180.000 millones, incluso menos de lo que se ejecutó este año (COP 195.000 millones).
“Este proceso lo han venido deteriorando, incluso hubo momentos en los que se acabaron los insumos”, dijo el registrador Penagos, haciendo énfasis en las dificultades de diálogo que tuvieron con la anterior administración. A esto se suma que también se requiere resolver el problema de falsa identidad y la suplantación, para lo cual se pidieron COP 102.000 millones, pero de los cuales no se incluyó ni un solo peso en el proyecto que debate el Legislativo.
La discusión apenas arranca, pero lo cierto es que este 31 de octubre ya se conocerá el calendario electoral. Por ahora, las entidades electorales tienen COP 5,7 billones para el próximo año, a la espera de los debates que se darán en las comisiones económicas hasta el 15 de septiembre. Entre tanto, oficialismo y oposición, cada uno con sus grietas internas, ya tienen en marcha sus maquinarias y cocinan alianzas con otros sectores para anunciar candidaturas.
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Leandro Felipe(exbqo)•Hace 2 horasQue acaben con la vagabundería del Consejo Nacional Electoral, les quiten el presupuesto superinflado que les dieron para replicar a elevados costos lo que hacía la Registraduría y que lo reemplacen por un Tribunal Electoral no manipulado por los partidos que se reparten la torta del CNE.