“No se trata de opinar sobre una sentencia, el Congreso estaba obligado a cumplirla porque es una sentencia judicial de máximo nivel en el país”. Con esas palabras el senador Gustavo Petro habló de la polémica en la que se metió el Congreso hace unos días, cuando sus presidentes decidieron enviarle una carta a la Corte IDH para afirmar ante Elizabeth Odio Benito, presidenta del tribunal internacional, que este “intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes”.
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Los autores de la misiva enviada a Odio Benito fueron Jennifer Arias y Juan Diego Gómez, presidentes de la Cámara y el Senado respectivamente. El origen de su carta recae en el documento expedido por la Corte IDH (conocido hace poco) en el que el organismo judicial argumentó que los ajustes realizados a la Procuraduría no cumplen con el fallo sobre la destitución del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Vale recordar que el Congreso se metió en la polémica porque fue el legislativo el que aprobó la reforma a la Procuraduría que debía responder a dicho fallo. La probación se dio en junio de 2021 y dio paso a la creación de 1.208 cargos en la entidad.
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Por un lado, la carta de Arias y Gómez dirigida a la Corte IDH fue rechazada por 26 parlamentarios de la oposición. Ellos insistieron que cuestionar al tribunal era una “valoración personal” de los presidentes del Congreso y no una postura institucional del legislativo.
Por el otro, Petro, como directo implicado en el fallo de la Corte IDH, también se pronunció. En su Twitter, indicó que los congresistas que aprobaron la reforma a la Procuraduría y la procuradora Margarita Cabello Blanco, otorgaron facultades judiciales a un órgano administrativo. “Eso es propio de las dictaduras, burla la independencia del poder judicial”, aseveró. Según él y otros legisladores, la ley que creó los nuevos cargos en la entidad hizo todo lo contrario a lo que estableció el fallo.
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“Los congresistas que votaron la ley de la procuradora y la procuradora desacataron la justicia y desobedecieron la sentencia que buscaba democracia y respeto a los derechos humanos. El presidente del Congreso como la Procuradora deberían ser investigados por la justicia”, dijo Petro.
De hecho, agregó que cuando se discutió en el Congreso la ley que dio paso a esta controversia, él se identificó como “víctima de Alejandro Ordóñez” y como sujeto de la sentencia de la Corte. En esas calidades, le dijo al Congreso en ese entonces que “desacataba la justicia con el voto de los congresistas a favor de una facultad dictatorial a la procuradora”.
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“No fui tenido en cuenta, y más bien existió una burla de las mayorías del Congreso, no solo a mí sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es máxima instancia judicial en lo que tiene que ver con la Convención Americana. Creo que hoy la justicia debe actuar”, reiteró.