Queda poco más de un mes para que los nombramientos de corte político en la diplomacia colombiana tengan un freno en lo que queda del “Gobierno del cambio”. Con las alertas prendidas en la Cancillería por un borrador de decreto que todavía no se ha oficializado con el que se quitan casi todos los requisitos al puesto de embajador, entre ojos está la posibilidad de que en el mes que queda para que la ley de garantías entre en vigor, se termine de completar la lista de representantes en materia diplomática para Colombia que no acreditan la experiencia necesaria para el cargo.
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Son más de 20 los nombramientos diplomáticos —incluyendo embajadores, cónsules y otros puestos menos visibles como consejeros de relaciones exteriores— los que han sido tumbados en este gobierno y que ponen en evidencia que la promesa de aumentar la presencia de los funcionarios de carrera diplomática quedó en el olvido. Se trata de una pelea que se ha dado en lo más público, pues no han sido pocos los señalamientos del presidente Gustavo Petro a quienes se formaron en la Academia Diplomática, calificándolos como de la “élite”, pero también en los estrados judiciales, donde se han caído la mayor parte de los nombramientos demandados.
Para febrero de este año, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) reportaba cerca de 21 nombramientos tumbados tras demandas. Ese número aumentó en estos meses, pues se le sumaron nombres como Rigoberto Niño Corredor, quien trabajó en la Secretaría de Gobierno de Petro cuando fue alcalde de la capital y fungió hasta hace poco como consejero de relaciones exteriores en la embajada de Colombia en Panamá; Adriana de Francisco Baquero (hermana de la actriz Margarita Rosa de Francisco) como primera secretaria en el consulado de Colombia en Miami; María Soledad Garzón Forero (hermana del asesinado periodista Jaime Garzón) como cónsul en Cancún, México; y Sebastián Guanumen, exasesor de la campaña Petro en 2022, cuyo nombramiento como cónsul se cayó, pero hoy es embajador de Colombia en Chile.
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El éxito, sin embargo, no es rotundo. El último es ejemplo de que en donde menos tienen impacto estas demandas es, precisamente, en los cargos más visibles: los de embajadores. En un lapso de cuatro días, la Sección Quinta del Consejo de Estado lo ratificó en el puesto de jefe de la misión diplomática en territorio chileno, mientras que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó su nombramiento como cónsul. El argumento es simple: mientras sí acreditó la experiencia necesaria para ser embajador, en la decisión como cónsul se halló que había al menos una funcionaria de carrera con la experiencia para ocupar ese cargo.
Y en los fallos en este tipo de demandas, el Consejo de Estado se suele remitir a una normativa específica: el decreto ley 274 de 2000, en el que se explica que el cargo de embajador es de “libre nombramiento y remoción del presidente de la República” y por ello “no [es] requisito pertenecer a la Carrera Diplomática y Consular”. En ese mismo artículo (el 8°) se lee que bajo la misma sombrilla está el cargo de cónsul general central.
Aunque la misma norma detalla que en el servicio exterior debe haber siempre un número superior al 20 % de funcionarios de carrera —que no ha sido infringida por el Gobierno, como lo ha determinado el Consejo de Estado—, la pelea tomó un nuevo rumbo tras la publicación de un borrador de decreto que hizo optativa la presentación de un título profesional. Previamente, en agosto, la hoy demandada resolución 10142 de 2025 retiró la acreditación del segundo idioma como requisito para ostentar uno de estos cargos.
Asociaciones y sindicatos advierten que esto facilitaría los nombramientos políticos, especialmente en época de elecciones. No son pocas las cuotas políticas que han aterrizado en esos cargos posterior al ascenso del “Gobierno del cambio”: el exministro del Interior Alfonso Prada es hoy embajador en Francia; el exjefe de la cartera de Transporte Guillermo Reyes está en la cabeza de la misión diplomática en Suecia tras ser su nombramiento anulado y después ratificado por el Consejo de Estado; y la excanciller Laura Sarabia asumió el puesto de embajadora en Reino Unido tras la salida del hoy candidato presidencial Roy Barreras.
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Para todos esos casos, y otros 43 más, el Estado maneja una nómina paralela que genera erogaciones mensuales extras de USD 596.850 (cerca de COP 2.300 millones), como lo reveló en su momento El Espectador. Y ese “fortín burocrático” que ha significado el servicio exterior no solo en esta administración, también en las anteriores —en la de Iván Duque fueron 76 los decretos expedidos con figuras de corte político o sin la experiencia necesaria acreditada—, tiene las alertas prendidas en estos próximos días, en los que también se oficializaría la llegada del polémico pastor y exjefe de despacho Alfredo Saade al puesto de embajador de Colombia en Brasil.
El 31 de enero es la fecha límite en la que podrían hacerse este tipo de nombramientos. Sin una decisión de fondo sobre el decreto que quitó el requisito del idioma por la vacancia judicial y la sombra de la ratificación de la normativa que continuaría por esa vía, se libera el camino para más designaciones de este tipo.
“Eso es particularmente preocupante porque abre la puerta para que personas que no cuentan con requisitos mínimos estén a cargo de la elaboración y la ejecución de política exterior en el país, embajadas y consulados. Esto además, obviamente, en un ambiente preelectoral, y ad portas de ley de garantías, abre la puerta para que haya nombramientos de personas no idóneas. (...) Lo que nos preocupa es que esos nombramientos van a ser personas que van a tener que lidiar con unos momentos bastante complicados en materia de política exterior para el país”, indicó Julián Silva, presidente de Asodiplo, una de las agremiaciones que reúne a funcionarios de carrera de la Cancillería.
No han sido pocos los escándalos que han tocado a las misiones diplomáticas en el exterior en estos años. El Espectador contó en su momento que el entonces embajador en México Álvaro Moisés Ninco Daza, quien todavía suele aparecer en los eventos de la Presidencia, usó las instalaciones de la embajada con fines políticos, prohibido explícitamente por la ley colombiana. El excónsul en Ciudad de México Andrés Camilo Hernández, hoy asesor del Dapre y viejo conocido del mandatario por su trabajo como asesor de prensa en la campaña y en su paso por el Senado, fue denunciado por presuntamente haber incurrido en irregularidades con el uso del dinero público y estafa, como lo contó El País. El exfuncionario salió de su cargo en medio de esos ruidos, aunque su nombramiento había sido anulado por el Consejo de Estado, y ha mantenido que es inocente.
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No fue menor tampoco el escándalo que tocó la embajada de Colombia en Nicaragua por el asilo que recibió el prófugo de la justicia, el exdirector del Dapre y la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González. Quien habría estado encargado de ese proceso, el encargado de negocios Óscar Iván Muñoz, fue notificado este 22 de diciembre de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra, relacionada con la fiesta promovida por la misión diplomática a la que habría asistido González.
Lo cierto es que el servicio diplomático también está metido en el debate electoral que tocará al país en los próximos meses, con la política exterior como una bandera clave, sobre todo con los constantes choques que han marcado la relación entre Colombia y el Estados Unidos de Donald Trump. Los movimientos que allí ocurran, como ha sido el caso en todos los gobiernos anteriores, también estarán en clave política.
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Por María José Barrios Figueroa
