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Un nuevo choque entre la Registraduría y el presidente Gustavo Petro se ha dado en estos días alrededor de las elecciones. Se trata de la discusión por los softwares que tocan el proceso electoral y la labor que las empresas que contrata el Estado cumplen en ese marco.
La mirada del Gobierno nacional se ha dirigido sobre un contratista en específico: Thomas Greg & Sons, que además de tener parte en las elecciones, también fue la figura que el Gobierno sacó del esquema de expedición de pasaportes. Sin embargo, no son los únicos que hacen parte del sistema que se encarga de que las elecciones se realicen sin contratiempos en materia de logística.
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Precisamente, esa empresa hace parte de una unión temporal a la que se le adjudicó, tan solo hace unos meses, un contrato de COP 2,1 billones. El objeto de ese proceso es “una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2025 y 2026″. Y, como se identifica en el mismo decreto que le adjudicó el contrato, este ya fue puesto a prueba con las elecciones a los Consejos de Juventudes.
Por primera vez, los softwares electorales tendrán auditoría internacional durante las elecciones de 2026.
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 19, 2026
“Se ha autorizado para que los partidos políticos tengan auditores de sistemas y que nos acompañen en todos los procesos en todas las etapas para que hagan sus… pic.twitter.com/VPaRzTE6GL
¿Qué hacen? Básicamente, se encargan de los kits electorales, el software de la transmisión de datos y procesos como el de biometría.
“La solución integral objeto de la convocatoria está conformada por trece (13) componentes técnicos que hacen parte de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral: 1) Inscripción de ciudadanos y registros de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco, 2) Candidatos, 3) Jurados de votación, 4) Kit electoral, 5) Infovotantes, 6) Biometría,7) Control de puestos de votación, 8) Preconteo y comunicaciones, 9) Escrutinios,10) Acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación E-14, 11) Actas de instalación y registro de votantes E-11, 12) Infraestructura tecnológica y 13) Mesa de ayuda”, explicó la Registraduría en su momento.
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Indra, por su lado, está a cargo de los servicios y sistemas para la consolidación y divulgación de las votaciones de las elecciones. Es un convenio firmado por más de COP 48.000 millones cuyo objeto es verificar y consolidar los datos electorales obtenidos del procesamiento electrónico del preconteo para su posterior publicación en la página web de la entidad.
En todo caso, ninguna firma extranjera se encarga del proceso de escrutinio que, en pocas palabras, es el conteo oficial de los votos de cada candidato y/o partido en las elecciones. El Ejecutivo asegura que este aparato debería ser por completo propiedad del Estado, y efectivamente lo es, desde 2021.
Tras un fallo del Consejo de Estado, el software fue adquirido por Colombia a Indra y los únicos con poder para manejarlo son los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). La primera vez que se puso a prueba fue en 2022, el año en el que el presidente Petro obtuvo la victoria a la Presidencia, y, en ese momento, todos los partidos políticos pudieron acreditar a sus auditores para usar la plataforma.
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“Se hizo la compra del software a raíz de un fallo del Consejo de Estado, pero uno de los compromisos de este alto tribunal fue permitir auditarlo por parte de todas las agrupaciones políticas. Lo más importante de la auditoría del software es que todos los partidos políticos tendrán asiento en la sala de auditoría y que este es propiedad de la Organización Electoral. Todo esto, dentro del Plan de Garantías Electorales para estos comicios”, dijo, en ese tiempo, el entonces registrador Alexander Vega, hoy codirector del Partido de la U.
Ese programa, en pocas palabras, es el que permite que, por ejemplo, cualquier partido pueda certificar que los votos que recibieron fueron mayores a los que quedaron en el preconteo y, así poder reclamar ante las instancias electorales. No es el software en sí mismo el que escruta, sino que de eso se encargan los jueces de la República, delegados de los partidos y magistrados del CNE.
¿Qué han dicho Petro y el registrador Hernán Penagos?
En los últimos días, el tono ha ido creciendo por los señalamientos que hace el mandatario sobre el proceso electoral. A través de diversas publicaciones en su cuenta de X y en discursos en plaza pública, ha insistido en que hay una alta posibilidad de fraude en estas elecciones, mientras que el registrador Hernán Penagos ha recordado que se trata de un proceso altamente vigilado y asegurado.
“Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional. (...) Y en ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior y eso no va a ocurrir”, dijo el registrador este jueves. Y agregó: “Nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones. Porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.
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En respuesta, el mandatario aseguró que tiene “una reunión con el registrador” y apuntó que “en Colombia siempre hacen fraude”. Incluso, ordenó a Thomas Greg “entregar ya la base de datos de pasaportes de Colombia a la Imprenta Nacional para garantizar que las elecciones sean libres y transparentes en este país”.
Entrego a la sociedad colombiana el pasaporte que se usará. Es el cuarto mejor del mundo.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 20, 2026
Las máquinas de impresión ya están en la imprenta nacional. pic.twitter.com/242uhQD0pu
Previamente, el mandatario afirmó que no se debía acatar la orden de la Registraduría de dejar en blanco los espacios vacíos en las actas E-14. Bajo su óptica, al cumplir esa orden se podría abrir espacio a la manipulación de esos datos. Desde la organización electoral han dejado claro que la directiva es para una mejor lectura de las actas.
La confrontación se sigue atizando faltando 17 días para los comicios que elegirán al próximo Congreso. Ese 8 de marzo, además de los 103 senadores y 182 representantes, también se votarán las tres consultas: la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones.
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