Faltando exactamente cuatro meses para que el presidente Gustavo Petro deje el poder, y en medio de una tensa campaña electoral, se volvieron a reeditar varios de los fuertes choques que el jefe de Estado ha protagonizado contra el grueso de la institucionalidad. El concepto de “todos contra mí”, acentuado con el objetivo de reelegir a su proyecto político con Iván Cepeda como candidato, regresó casi como una regla a sus mensajes, comunicados y alocuciones.
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¿A quién dirige sus dardos? La Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la junta directiva del Banco de la República, la Procuraduría de Gregorio Eljach, las altas cortes, la Registraduría de Hernán Penagos, el Consejo Nacional Electoral y –entre otras entidades cobijadas por la independencia constitucional– al Congreso.
Los choques y las tensiones han rondado sobre un supuesto fraude electoral que ha sido varias veces desmentido y medidas económicas contrarias a sus preceptos ideológicos, así como en torno a un presunto bloqueo institucional a los proyectos con los que el oficialismo abarca diferentes frentes. El grueso de sus disputas comenzó a mediados de su mandato, con el freno a algunas reformas en el Capitolio, pero se acrecentó en los cuatro meses que van de este 2026.
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Los más recientes episodios de quiebre entre instituciones y Petro derivaron en la ruptura de relaciones del Gobierno con el Banco de la República, tras la retirada del ministro de Hacienda, Hernán Ávila, de la mesa de negociación en la que finalmente se definió una subida de 100 puntos a las tasas de interés. Para la Casa de Nariño, las decisiones de control inflacionario con técnica económica son supuestamente un mensaje del “uribismo” para frenar sus apuestas. El emisor lo ha desmentido, al igual que varias instituciones del sector.
En esta misma línea está la tensión que casó con el procurador Gregorio Eljach tras la demanda interpuesta contra el acuerdo entre Colombia y Portugal para la producción de los pasaportes a través de un modelo estatal. Petro acusó al Ministerio Público de supuestamente tener un interés velado con los privados de Thomas Greg, que incluiría a aspirantes presidenciales, para además interferir en el escenario electoral. Algo que reiteró tras tirar nuevos dardos contra Eljach este lunes.
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Y así como Ávila rompió con el emisor, desde la Registraduría han confirmado que los canales con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se encarga de los diálogos políticos con otras instituciones del Estado, han sido casi nulos.
Las elecciones del 8 de marzo dejaron sin piso el relato oficialista del presunto fraude, y la Procuraduría mantiene su línea de investigación disciplinaria por las posibles irregularidades que rodean el contrato que se firmó con Lisboa para aplicar la producción de las libretas. Y como en estos dardos incluyó al sistema electoral, la misma Registraduría ha dejado en claro que el sistema está blindado, que es el mismo con el que se eligió el actual mandatario y que Thomas solo está relacionada con la logística electoral, por lo que no tiene nada que ver con el procesamiento de votos.
Sumado a esto, Petro también ha sido crítico respecto a la ejecución de la fiscal Camargo. El más reciente de sus reclamos se relacionó con el actuar de esa entidad en el caso de Diego María alias “Papá Pitufo”. Cuestionó que no se haya logrado su extradición y volvió a ratificar, con la intención de abrir otro frente de debate institucional, que tiene información sobre el supuesto manejo irregular que se le dio a la Dirección de Inteligencia frente al llamado zar del contrabando.
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“Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé, lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robar al ladrón y no traerlo (...), la fiscal general debe responder por ello”, precisó Petro en uno los doce trinos que sacó en menos de 12 horas durante este lunes.
Sin embargo, las opiniones respecto al actuar del presidente están divididas. La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández aseguró que la relación entre el Gobierno y el Congreso “está completamente rota”. Dijo que eso se evidencia con los enfrentamientos que se caen por falta de consensos en el Capitolio y que son impulsados por el oficialismo. Las reformas pensional y laboral avanzaron con mucha polémica, pero la de la salud, al igual que la supervivencia jurídica del Ministerio de Igualdad, está colgada.
“El presidente ha sentido un bloqueo institucional con el Congreso, así que él tomó la decisión de romper ese diálogo en los últimos meses”, precisó Hernández. Y agregó que esto se extiende a otras instituciones, como la Registraduría, en la cual, dijo, “no nos ha dado muchas garantías en el ejercicio electoral”. En lo referente al Consejo Electoral advirtió que supuestamente se afectó al Pacto desde que se confirmó el impedimento jurídico de que Iván Cepeda fuera a las consultas del 8 de marzo.
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Esto se conecta con la defensa que Petro viene haciendo de Cepeda. En efecto, el mandatario, entre otras cosas, defendió la negativa del candidato de asistir a debates asegurando que, de acuerdo con su relato, se quiere realizar un “exorcismo público”.
En defensa del manejo que le ha dado Petro a la relación con las instituciones, también está el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, quien aseguró que ha existido un bloqueo de los proyectos gobiernistas, sobre todo en el Senado. Sin embargo, afirma que desde la Cámara se han mantenido relaciones cordiales.
No obstante, desde otras orillas el panorama no coincide con estas visiones. El representante del Centro Democrático Hernán Cadavid ha mencionado que estos choques con la institucionalidad se dan para generar “un régimen presidencialista, que deriva en una carencia de instrumentos para el control del poder del presidente”.
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El presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), también ha sido crítico en diferentes ocasiones del mandatario, en especial cuando les caen dardos por no avalar sin restricciones la agenda legislativa de la Casa de Nariño. Además, desde Cambio Radical, el senador Carlos Fernando Motoa asegura que “la constante” del presidente Petro ha sido “hostigar a la institucionalidad”, algo que se ha venido empeorando con tonos de campaña electoral y que se ha complementado con lo que él describe como una defensa “sin ninguna vergüenza” a la campaña de Cepeda.
Además, desde los diferentes organismos se han manifestado desacuerdos respecto a las posturas adoptadas por el presidente y su gabinete en relación al cumplimiento de las labores de las instituciones. Sumado a las aclaraciones hechas desde Registraduría y Procuraduría, en el Consejo Electoral se han desestimado todo tipo de críticas al proceso electoral.
En ese sentido, Cristian Quiroz, presidente del CNE, ha sostenido que “el pueblo colombiano tiene que saber que tenemos instituciones fuertes, sólidas y que dan garantías para toda la institucionalidad y para que todos los colombianos salgan a votar tranquilos, con confianza, en paz”. Además, el magistrado también ha insistido que su deber dentro de una entidad inmersa en todo el proceso electoral no debe ser participar en disputas de este estilo.
Incluso, desde las altas cortes, que tienen en sus manos el decreto de emergencia económica y la reforma pensional, se han recibido pullas por parte del presidente, quien está a la espera de las decisiones que se tomen sobre los asuntos de su interés pendientes. Aunque recientemente le ha bajado el tono a estos ataques, y dependiendo de lo que se defina, Petro podría subir nuevamente los decibeles contra los despachos del Palacio de Justicia.
Y así como faltan cuatro meses para el relevo de Petro en la Casa de Nariño, y menos de dos para las votaciones de la primera vuelta presidencial, es claro que el debate electoral hará que el tono de los dardos contra la institucionalidad suba. La pregunta, en todo caso, es hasta dónde llegará esa especie de “fuego amigo” en el Estado.
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