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Colombia tiene hoy cerca de 8,2 millones de personas mayores de 60 años. En 2050 serán cerca de 14,9 millones. Según las proyecciones del DANE, en 2036 los mayores de 60 superarán en número a los menores de 15 por primera vez en la historia del país. Somos una nación que envejece más rápido de lo que la política pública y la institucionalidad territorial pueden responder a este fenómeno demográfico, con implicaciones sociales y económicas serias.
Hasta finales del 2025 el programa Colombia Mayor cubría cerca de 1,7 millones de personas con un subsidio de COP 80.000 pesos al mes, cifra ampliamente señalada como insuficiente frente a los costos de vida. La Reforma Pensional de 2024 creó el Pilar Solidario, que reemplaza progresivamente a Colombia Mayor. Quienes califican acceden a una Renta Básica Solidaria de COP 230.000 mensuales, con una cobertura proyectada de cerca de 2,8 millones de adultos mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad. Quienes no califican permanecen en Colombia Mayor con los $80.000 originales. Según cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el Pilar Solidario representaba para cálculos del 2023 cerca de 4,3 billones de pesos (0,3 % del PIB).
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A estas brechas de cobertura se suma la dimensión territorial. Solo una fracción de los 1.123 municipios del país han implementado en algún grado la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez (PPNEV) con implicaciones directas sobre presupuesto y oferta de servicios reales para una vejez digna. En este contexto, resulta relevante analizar las propuestas de los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta presidencial en 2026 respecto este tema.
La apuesta de Iván Cepeda para las personas mayores se construye sobre la continuidad del gobierno Petro. Su programa defiende la reforma pensional aprobada en el cuatrienio anterior, propone llevar Colombia Mayor a 4,2 millones de beneficiarios (1 millón de beneficiarios adicionales) y reducir el aporte a salud de los pensionados al 4 %.
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En sus propias palabras, en un encuentro con poblaciones afrodescendientes en Cartagena de Indias, resalto que los logros del período son el mejor indicador: “millones de adultos mayores que nunca habían recibido una pensión hoy reciben cerca de COP 240.000 mensuales gracias a la reforma pensional”. Su propuesta más ambiciosa es convertir esos subsidios en derechos exigibles, de modo que el Estado no pueda suspenderlos ni recortarlos arbitrariamente, y que cualquier ciudadano pueda reclamarlos ante la justicia, como hoy se exige una tutela de salud.
El problema está en lo que no dice, y en lo que dice a medias. La reforma pensional que defiende enfrenta impugnaciones constitucionales vigentes, lo que convierte parte de su agenda en una promesa sujeta a decisiones fuera de su control.
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Su estimación de financiamiento, “tres billones sin nuevo impacto fiscal”, no cuadra con una realidad donde solo Colombia Mayor cuesta más de 4 billones en 2026. Pero el vacío más profundo es otro. Convertir subsidios en derechos exigibles requiere que exista oferta pública real para respaldarlos. De poco sirve el derecho a atención domiciliaria si no hay quién la preste, ni el derecho a un centro de día si el municipio no tiene uno. En esa misma línea, el programa propone crear un Fondo Nacional del Cuidado sin detallar las políticas o programas que se implementaran desde ese fondo. Un fondo sin sistema es una bolsa de recursos sin destino claro.
Abelardo De la Espriella concibe la ayuda a los adultos mayores principalmente como una política de salud, desconociendo otras dimensiones de su bienestar. Su programa se basa en una lógica de mercado corregida por focalización social, donde los adultos mayores aparecen casi exclusivamente como pacientes crónicos vulnerables dentro de un plan de choque de COP 10 billones para estabilizar el sistema de salud.
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En el plano pensional, no ofrece una propuesta estructural, pero declaró en su intervención en Noticias Caracol del 18 de mayo de 2026: “¿En qué cabeza cabe que yo quitaría los subsidios a los abuelos y a las madres cabeza de familia y cuidadoras? Los subsidios no hay que acabarlos, hay que priorizarlos”. Su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, precisó en Noticias Caracol el 2 de junio de 2026: “No vamos a desmontar los subsidios para los adultos mayores; los aumentaremos a COP 400.000”.
Para este sector, al que el programa no ofrece alternativas estructurales distintas al emprendimiento, trasladar una lógica de autogeneración de ingresos es un error de diagnóstico: las mismas condiciones que definen su vulnerabilidad, como trabajo informal, enfermedades crónicas, ausencia de oferta productiva, hacen imposible ese modelo.
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Una persona de 70 años que pasó su vida en trabajo informal agrícola, con varias enfermedades crónicas y sin red de apoyo en un municipio sin oferta productiva, no puede ser el sujeto de emprendimiento. A esto se suma que su programa no tiene ninguna entrada en cuidado de larga duración, atención domiciliaria, prevención de la soledad ni centros de atención diurna, que son precisamente los instrumentos que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifican como indispensables para sistemas de envejecimiento saludable.
Finalmente, persiste una tensión fiscal no resuelta en el programa, pues se promete simultáneamente un ajuste de hasta $70 billones en el gasto estatal, la eliminación de impuestos al sector productivo, un plan de choque en salud de COP 10 billones y el aumento de subsidios a adultos mayores, sin explicar de dónde saldrán los recursos para el incremento de la transferencia ni qué ocurre con los beneficiarios actuales de Colombia Mayor durante esa transición.
Lo que ninguno está dispuesto a decir
Más allá de cada candidato, hay temas que la política electoral colombiana ha decidido colectivamente no enfrentar. El primero es la dependencia estructural de los subsidios. Para millones de personas que no lograron acumular una pensión, la transferencia no es un complemento sino el único ingreso en la vejez, resultado de décadas de informalidad y exclusión del sistema productivo formal. En un país sin sistema de cuidado de larga duración (sin marco regulatorio, sin financiamiento estructurado, sin oferta pública suficiente), lo más cercano a la presencia del Estado, diferente a temas sobre salud, para un adulto mayor es una transferencia mensual. Eso no puede ser todo.
El segundo es la institucionalidad territorial. Hablar de sistemas nacionales de cuidado sin explicar cómo se financian y operan en los municipios sin capacidad, es quedarse en abstracto. La brecha entre el diseño en Bogotá y la capacidad real de ejecución local es el cuello de botella por el cual no se logra una correcta implementación de la política.
El tercero es la financiación honesta. Ningún candidato ha dicho cuánto cuesta realmente la política de envejecimiento que Colombia necesita, ni de dónde saldría el dinero.
Quien llegue a la Casa de Nariño en 2026 recibirá un país con más de 6,5 millones de personas mayores, un sistema de salud bajo presión crónica, una economía del cuidado sostenida en el trabajo no remunerado de las mujeres y una PPNEV que en la mayoría de los municipios avanza con cautela. El propio Ministerio de Salud reconoció en sus informes de avance al Congreso que la territorialización de la PPNEV tuvo demoras significativas hasta el Plan de Acción Intersectorial del año pasado, que surgió hasta 3 años después de la promulgación de la política.
Las promesas programáticas valen lo que vale su soporte fiscal y su capacidad de aterrizaje en los territorios. En esa honestidad sobre los costos reales, sobre lo incompleto y sobre lo que no se puede cumplir, se juega el éxito de una la política. Y la calidad de vida de una generación entera que envejeció construyendo este país.
Nota de cierre*
Con esta entrega cerramos una serie de columnas en las que analizamos algunos de los principales desafíos de la agenda pública nacional, así como las propuestas planteadas para enfrentarlos. A lo largo de estas publicaciones buscamos aportar elementos de análisis y contexto que contribuyeran a una discusión informada sobre temas clave para el presente y el futuro del país. Esperamos que este ejercicio haya enriquecido el debate público y ofrecido herramientas útiles para comprender con mayor profundidad los asuntos que hoy ocupan la conversación nacional.
Vea aquí todos los análisis de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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Por Nixon Daniel Vera García, Sandra Patricia Martínez Cabezas y Diego Iván Lucumí Cuesta
