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A menos de dos semanas de las elecciones, el registrador Hernán Penagos se reunió con el vicefiscal general de la Nación, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y parte del equipo directivo de la Fiscalía para articular esfuerzos de cara a los comicios legislativos.
Según informó el ente investigador en su cuenta de X, el objetivo del encuentro fue “articular capacidades y afianzar los canales de comunicación para actuar con celeridad y efectividad de cara a las próximas jornadas electorales”. Específicamente, sobre posibles delitos que se cometan en los comicios tanto del 8 de marzo (al Congreso y las tres consultas interpartidistas) como del 31 de mayo (primera vuelta presidencial).
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Articular capacidades y afianzar los canales de comunicación para actuar con celeridad y efectividad de cara a las próximas jornadas electorales, fue el propósito de la reunión entre el vicefiscal general de la Nación, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y parte del equipo directivo…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 24, 2026
“Durante el encuentro se definieron rutas para facilitar el intercambio de información de interés necesaria para el avance de las investigaciones a cargo de la Fiscalía o que permitan advertir y atender dificultades en los procesos que por competencia le corresponden a la autoridad electoral”, se lee en el comunicado.
Este miércoles, además, se espera que la Registraduría, junto al procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Rodríguez, presenten el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio para las elecciones al Congreso. El evento ocurre en un momento clave, pues desde el Ejecutivo del presidente Gustavo Petro se han lanzado no pocos señalamientos sobre posible fraude en este llamado a urnas.
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Frente a esto, los entes de control y la organización electoral han sido claros en que el proceso electoral está blindado y cuenta con todas las garantías para su realización. Además, se ha subrayado en que el software del escrutinio, el proceso que da cuenta de las votaciones oficiales en cada elección, está en manos del Estado colombiano desde 2021.
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