Un plan para blindar la realización de las elecciones de 2026 ya se puso en marcha en medio de las movidas políticas en todas las orillas ideológicas para dejar en firme a los aspirantes que tomarán sus banderas en los tarjetones del 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.
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En medio de los ruidos que generó la pelea por los contratos de los comicios, originada desde la Casa de Nariño, así como los golpes de grupos criminales con un saldo de más de 20 personas asesinadas, ya se están dando movimientos en todos los niveles para reafirmar las garantías de esas próximas votaciones.
Precisamente, una cita en la Procuraduría de Gregorio Eljach ocurrió este martes entre el contralor Carlos Rodríguez, el registrador Hernán Penagos y el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez alrededor del Plan Democracia. Allí se buscó crear una hoja de ruta para comenzar a sustraer dudas de los procesos que comenzaron desde hace algunas semanas para preparar los comicios del próximo año y que incluyen, en términos no menores, los contratos para la logística de las votaciones y las zonas con mayor riesgo electoral.
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Ese último factor ha tomado más fuerza no solo en medio de los ataques de estructuras criminales contra la población, sino también cerca de una semana después de que falleciera el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), dos meses después del atentado en su contra en Bogotá, en pleno mitin político. De igual forma generó un choque ataque contra el representante Julio César Triana (Cambio Radical) en el Huila, que derivó en una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la colectividad para proteger a la bancada.
“Tengo que informar que el representante Triana no recibió un ataque por razones políticas. Se metió a un retén de bandidos que ya llevaban varios autos hurtados. La escolta que el gobierno le puso al representante fue capaz de sacarlo del peligro”, aseguró el presidente Gustavo Petro en respuesta a la petición del partido de oposición a la CIDH.
La cifra oficial del Mindefensa es que en el 96 % del territorio no hay ningún tipo de riesgo sobre las elecciones, pero el 4 % restante todavía genera preocupación.
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Tan solo cuatro departamentos —Cauca, Norte de Santander, Bogotá y Valle del Cauca— agrupan el 38,46 % de las agresiones contra liderazgos políticos, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral. En dos de esos, es donde se ha concentrado la violencia letal contra estas figuras: Cauca (16 casos) y Valle del Cauca (8 casos). La misma organización califica el inicio de año de 2025 como el más violento desde 2018, “con 1.404 acciones de conflicto perpetradas por Grupos Armados Ilegales”.
Esas cifras, sumadas al golpe que significó el asesinato de Uribe Turbay para el país (y el año preelectoral), también generan preocupación entre los precandidatos. El atentado del senador opositor frenó las campañas de sus compañeros de bancada y puso en el centro de la discusión las acciones que se toman desde el mismo gobierno para asegurar el bienestar de todos los aspirantes.
Incluso, el hecho reunió por primera vez a la Comisión de Garantías Electorales, encabezada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el expreso compromiso de resguardar a los precandidatos para que no se repitiera el ataque sicarial que le quitó la vida al político opositor.
Los números no son menores, pues sumados a los que vienen de partidos y coaliciones, están los 69 que están buscando firmas para certificar sus candidaturas. En medio de eso es que han llegado llamados a la Unidad Nacional de Protección de Augusto Rodríguez para que incremente la seguridad a los precandidatos y, de acuerdo con la Policía, el número de protegidos en campaña ya asciende a los 520.
El blindaje, en todo caso, no está solo en materia de seguridad. Ocurre en medio de la discusión que abanderó el “Gobierno del cambio” contra la firma Thomas Greg & Sons, con le objetivo de sacar a firmas extranjeras de la contratación que lidie con datos personales de los colombianos y, en esa misma línea, el conteo de los votos.
No solo es por el contrato de la logística electoral de $2,1 billones, sino también por el de la expedición de pasaportes, que llevó a que se firmara un convenio entre el Gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional para asumir la producción de las libretas. Este miércoles, incluso, se firmó la declaración de la urgencia manifiesta de $161 mil millones ($161.290′792.640) hasta el 1 de abril para que la firma inglesa continuara con la producción de estas libretas hasta que el proceso pase a manos públicas.
Lo cierto es que, a la fecha, casi todos los contratos sobre el proceso electoral ya han sido entregados. Al de Thomas Greg se le sumó el de Indra, con un valor de $48.000 millones, para la adquisición de los servicios y sistemas para la consolidación y divulgación de las votaciones de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso y Presidencia.
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Si bien el Ejecutivo ha negado querer cambiar las fechas de los comicios y el mismo presidente Petro ha dicho que saldrá de la Casa de Nariño después del 7 de agosto de 2026, desde varias instituciones están buscando aumentar la confianza de la ciudadanía en estos procesos. La pelea volvió a traer a colación, incluso, el software de escrutinio, manejado por el Consejo Nacional Electoral desde 2021 y puesto a prueba por primera vez en 2022.
Y ha sido expresa la intención desde la Registraduría, enfrentada con Palacio precisamente por esos contratos, de dejar claro el paso a paso del proceso electoral; así como de la Procuraduría, en anunciar que asignará un delegado del Ministerio Público en cada uno de los 13.704 puestos de votación previstos.
La meta, en todo caso, es lograr que más del 45 % del censo electoral —que actualmente comprende más de 41 millones de colombianos (41′004.860), de acuerdo con la Registraduría— participe y certificar los resultados con la publicación de todas las actas electorales y del código fuente que analizará los datos. Eso sí, ocurrirá en medio de una polarización creciente que tendrá su primera cita en las urnas este 26 de octubre, con la consulta del Pacto Histórico.
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