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El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría el “Libro de la Verdad” en el que presenta una serie de denuncias sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro. El mandatario se acompañó de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
El segundo al mando aseguró que en este libro se exponen nueve comportamientos “asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción, documentados en 82 casos que hoy presentamos al país en el Libro de la Verdad”.
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El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público. “Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente.
En el libro, publicado por la revista Semana y luego reproducido por otros medios, que consta de 135 páginas, hay un punto que se titula “Hallazgos en materia de corrupción y balance de acciones frente a estas situaciones - Equipo Élite Anticorrupción”.
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“Desde que fui designado por el Presidente de la República como director del Empalme Anticorrupción, iniciamos un trabajo riguroso con más de 1.200 profesionales voluntarios que asumieron uno de los mayores desafíos de este Gobierno: realizar un inventario y un análisis forense de las condiciones en las que recibimos el Estado”, dijo Restrepo respecto a ese equipo anticorrupción al que se hace referencia en el libro.
En ese tercer capítulo se explica que el objetivo era “identificar oportunamente estas situaciones, analizar la información disponible y, cuando los hallazgos así lo justificaron, activar los mecanismos institucionales de control mediante solicitudes de intervención preventiva, denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones fiscales o actuaciones judiciales”.
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Además, se lee que en algunas de esas ocasiones esas investigaciones “produjeron resultados inmediatos, como la suspensión de procesos contractuales o actos administrativos, la apertura de investigaciones previa solicitud nuestra y la adopción de medidas preventivas”. Y también, “poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que requerían una evaluación más profunda para determinar la eventual existencia de responsabilidades”.
Estos son algunos casos
- ESSMAR E.S.P.
Este caso está relacionado con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta. Según el libro del nuevo gobierno las irregularidades están en el proceso de contratación para construir una planta desalinizadora en Santa Marta, por cerca de COP 786.000 millones.
En el proyecto, cuyos documentos iniciales fueron publicados el 18 y 19 de junio de 2026, se asegura que “se encontraron posibles cambios frente al proyecto inicialmente aprobado, inquietudes sobre la deficiencia de los estudios previos y de mercado, asuntos técnicos que quedaban bajo definición del futuro contratista y el aparente desconocimiento del CONPES que servía de derrotero para el proyecto”.
En este libro dice que, tras revisar la documentación, el 25 de julio el Equipo Élite solicitó a la Procuraduría medidas preventivas sobre el proceso. Cuatro días después, el 29 de julio, el Ministerio Público pidió suspender provisionalmente la contratación para evaluar sus condiciones técnicas, jurídicas y financieras.
- DAPRE
El segundo caso tiene que ver con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), específicamente con la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026. “Mediante esta decisión se declararon hábiles los días 11, 12, 18, 19, 20, 25 y 26 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 (sábados, domingos y festivos) para adelantar actuaciones precontractuales, contractuales, administrativas y presupuestales, sin reconocimiento de horas extras, en un momento en el que el Gobierno se encontraba próximo a finalizar su período”, se lee en el texto.
En ese sentido, el nuevo gobierno expresa que el 9 de julio de 2026 se presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo en cuestión. El 28 de julio de 2026, “el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía tener efectos sobre el desarrollo de los procesos de contratación”.
- Reforma Agraria
En el libro se expresa que se le estaba haciendo seguimiento a la implementación de la reforma agraria del gobierno Petro con “especial atención”. De esta manera, aseguran que había algunas complicaciones con el mecanismo utilizado para la adquisición de predios destinados al Fondo de Tierras y a la forma como se estaban realizando los desembolsos y las titulaciones de los predios.
El equipo de “empalme anticorrupción” advirtió que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó COP 1 billón para adquirir predios, pese a que una parte importante de los pagos se realizó antes de culminar la transferencia y registro de los inmuebles.
De 537 predios analizados, solo tres habían sido debidamente titularizados, según los análisis del equipo designado por De la Espriella. Posteriormente, se presentó denuncia penal, acción fiscal y queja disciplinaria, y se resaltó la necesidad de reforzar el seguimiento a la adquisición de tierras con recursos públicos.
- Caminos comunitarios para la paz
Respecto a la iniciativa de “Caminos comunitarios de la Paz Total” promovida por la administración Petro, “e identificaron recursos destinados a la intervención de infraestructura por más de COP 612.000 millones, que se comprometieron con las Juntas de Acción Comunal (JAC) y que derivaron en una ejecución muy baja”, se lee en el texto presentado por De la Espriella y Restrepo.
Además, según ellos, en algunos de los municipios se había girado la totalidad de los recursos “pese a que las obras no registraban avance físico. Por ejemplo, en Antioquia, seis convenios por más de COP 2.289 millones presentaban ejecución presupuestal del cien por ciento, mientras las intervenciones permanecían suspendidas y con avance físico del cero por ciento”. El equipo de De la Espriella interpuso una denuncia penal ante las autoridades.
- Unidad Nacional de Protección (UNP)
La contratación de servicios de protección de las zonas 1 y 2 del país “que agrupan territorialmente a diferentes departamentos de Colombia para gestionar trámites, asignaciones operativas, esquemas de protección y desplazamientos”, adelantada por la UNP por más de COP 78.000 millones con el objetivo de “garantizar la prestación del servicio de escoltas para las personas beneficiarias de los esquemas de protección”, fue revisada por el equipo. Y planteó interrogantes sobre la delimitación del objeto contractual y la exclusión de otras zonas estratégicas.
Ante ello, se presentó una queja disciplinaria y se solicitó suspender al director de la UNP. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira suspendió provisionalmente el proceso tras admitir una acción de tutela.
Vea el libro completo aquí:
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