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La reanudación de actividades en el Congreso tiene como eje principal las atención de la crisis provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y que deja un saldo preliminar de 304 fallecidos, más de 120.000 damnificados y 29.554 viviendas destruidas. Es por ello que al Capitolio Nacional ha llegado el primer grueso de proyectos de ley que busca la atención de esta emergencia, fortalecer las alertas y el monitoreo de eventos sísmicos o el fomento de alivios económicos para los más afectados.
Una primera iniciativa fue presentada este martes por la senadora María Lucía Villalba (Nuevo Liberalismo), quien propone la creación de un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). El proyecto pretende que con este sistema se fortalezca la “la detección de eventos telúricos y la transmisión automatizada de alertas masivas en tiempo real a la población”.
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En ese sentido, Villalba propone una articulación entre el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la participación activa de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Sistema de Medios Públicos y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles con el quienes se expedirá un Reglamento Técnico Unificado del SNAST y que permitirá la entrega oportuna de información para el cuidado y prevención durante eventos similares a los del pasado 10 de agosto.
Con ello, pretende que “los concesionarios, licenciatarios y operadores públicos y privados de los servicios de radiodifusión sonora, televisión abierta y televisión por suscripción estarán obligados a integrar sus sistemas a la plataforma del SNAST”.
Asimismo, otros sectores como el Centro Democrático están impulsando una iniciativa en la que tienen como objetivo la creación de un régimen transitorio “de obras por impuestos para la reconstrucción de Colombia”. Su apuesta busca “habilitar, de manera excepcional, temporal y territorialmente delimitada, el mecanismo de Obras por Impuestos para financiar proyectos directamente relacionados con la reconstrucción, rehabilitación, recuperación, reducción del riesgo y reactivación económica y social de los territorios afectados por el desastre”.
Entre otros, ese régimen buscaría “100% del impuesto predial: para inmuebles destruidos, declarados inhabitables; 75% del impuesto predial: para inmuebles con daños estructurales graves que comprometan significativamente sus condiciones de seguridad, habitabilidad, uso aprovechamiento económico y requieran intervenciones mayores para su recuperación; 50% del impuesto predial: para inmuebles con daños relevantes que restringen parcialmente su habitabilidad; o 25% del impuesto predial: para inmuebles con daños moderados directamente atribuibles al terremoto que, sin impedir su utilización, requieran reparaciones para recuperar plenamente sus condiciones anteriores”.
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