Cuando el ahora presidente Gustavo Petro eligió a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, en marzo de 2022, le dijo que tendrían una relación “uno a uno” y la toma de decisiones sería muy horizontal. Cuatro años después, la vicepresidenta tiene sede en Bogotá, también despacha desde Cali, sin el título de ministra de la Igualdad que tuvo por menos de dos años, y busca sacar pecho por los proyectos que asumió y que, para muchos, no llenaron los vacíos que prometió con su llegada al poder.
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La distancia que separa a Petro y Márquez estuvo casi todo el periodo presidencial en cocción, pero terminó de concretarse año y medio antes de que el “Gobierno del cambio” dejara el poder. Su última aparición en público fue el pasado 20 de julio, pero el 7 de agosto —otra de las fechas en las que también suelen aparecer en la dupla presidencial— lo recibirán por aparte. Después de ese día, la segunda al mando en el actual Ejecutivo dejará los reflectores por un tiempo y saldrá de la Casa Vicepresidencial con un proyecto político “golpeado”, sin mayor incidencia en la izquierda que hace cuatro años la realzó como una de sus figuras más representativas.
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Márquez llegó al “Gobierno del cambio” como la representación de “los nadies”. Aterrizó con un Premio Goldman bajo el brazo y tras ser víctima de atentados por su trabajo con las comunidades negras y en defensa del medioambiente. En el 2018, se había lanzado a la Cámara de Representantes, pero no logró una curul. Las cosas cambiaron radicalmente en 2022, cuando ya había formado su propio movimiento, Soy Porque Somos, que hoy no tiene personería jurídica. Con esa insignia y con el aval del Polo Democrático, uno de los partidos de más vieja data en la izquierda colombiana a donde llegó impulsada por Alexander López, se posicionó como la “estrella” de las consultas interpartidistas.
Sin mayor trayectoria en el campo político, Márquez tuvo un ascenso meteórico. Aseguró 785.215 votos en la consulta de la coalición el Pacto Histórico, imponiéndose frente a cualquier otro tipo de candidato a la Vicepresidencia que pudiera haber previsto Petro. Superó en votación al exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo; al hoy alcalde de Barranquilla, Álex Char; y al senador conservador David Barguil; y logró consolidarse como una apuesta seria para ocupar el cargo de “segunda al mando” en la fórmula de Gustavo Petro. Incluso, por encima de fichas de la política tradicional, como la exdirectora ejecutiva de Asocapitales Luz María Zapata.
El mismo día que Petro la eligió como su fórmula, le hizo una promesa: la haría la cabeza del Ministerio de Igualdad. Esa cartera, que nació como una bandera del primer gobierno de izquierda pura para atender a las poblaciones más vulnerables, fue el epicentro de la disputa entre ambos. Y su misma existencia fue accidentada: pasó por cuatro cabezas en menos de cuatro años de creación y sucumbió bajo una sentencia de la Corte Constitucional que halló “vicios insubsanables” en su trámite. Hoy, sus trabajadores están en vilo por un proceso de liquidación que entrará a liderar una persona designada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien nunca vio con buenos ojos esa entidad, así como los partidos de oposición.
Ese ministerio, que Márquez se encargó de crear desde cero, no fue mencionado siquiera en su último discurso. Y fue desde Cali que la vicepresidenta decidió dar su intervención final como la segunda al mando, en fechas casi paralelas a la que, hace un año, afirmó que pasó “de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”: “No estoy aquí para quedarme callada, no voy a fingir que no duele. Tengo ganas de gritar”, expresó en ese momento.
En esta ocasión, las palabras no llegaron a ese punto. Aunque fuentes cercanas a Márquez aseguran que se le planteó la posibilidad de que, esta vez, usara esa misma plataforma para defenderse de los ataques que ha recibido y para ser más frontal frente a la decepción que sintió con su papel en el Ejecutivo, ella misma dijo que no tomaría ese camino y se enfocó en mostrar los resultados de su gestión en la Vicepresidencia.
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“Gracias a quienes me acompañaron en este camino, a mi familia, a mi equipo, por hacer posible lo imposible, y a ustedes por ser soporte y ancla. Hoy, cuando la vida y la paz global se ponen en riesgo, es fundamental poner el conocimiento al servicio de la vida. Me niego a dejarnos paralizar por el miedo. Como mujer, que he parido la vida, prefiero enfocar mi esfuerzo en seguir sembrando esperanza para hacer que la dignidad sea costumbre”, fue como concluyó su discurso.
Lo cierto es que la misma figura de la vicepresidenta fue sujeta a varios cambios por medio de decretos. Al inicio del gobierno, se le asignaron las funciones que luego se trasladarían, directamente, a la cabeza del Ministerio de Igualdad.
En el decreto 1188 de 2024, quedaron fijados los encargos específicos para Márquez: la coordinación de la implementación integral de la Ley 70 de 1993 (la Ley de Comunidades Negras); la implementación de los compromisos del capítulo étnico del Acuerdo de Paz; la coordinación de las funciones del Fonbuenaventura; la coordinación de las tareas del Gobierno con movimientos afro e indígenas a nivel internacional; la coordinación de soluciones de agua potable y saneamiento para el litoral pacífico y el norte del Cauca; la coordinación interinstitucional del Fondo Mujer - Libre y Productiva; y la coordinación política para el Desarrollo Integral del Pacífico.
Además, se le ordenó asumir la coordinación de cinco instancias: la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para la protección de Comunidades Afro y Awá y Eperara Siapidaara, la Comisión de Acuerdo del Paro de Buenaventura; la Comisión Intersectorial de Reparación Histórica; la Comisión de Integración y Desarrollo del litoral Pacífico y la Mesa de Diálogo en el Norte del Cauca.
A esas se sumaría otra que asumió como propia: una estrategia de integración con los pueblos africanos, por la que también recibiría varias críticas. Sería, para algunos, de sus incursiones más exitosas: “Por primera vez, desde la Vicepresidencia fortalecimos la política exterior de nuestro país formulando la Estrategia de Reconexión Colombia-África 2022-2026. Esta estrategia nos permitió fortalecer las relaciones políticas, diplomáticas, económicas y culturales con el continente africano”, aseguró en su último discurso.
Desde 2022 a 2025, las exportaciones no mineroenergéticas entre ese continente y Colombia crecieron exponencialmente: el año pasado estuvieron en USD 296,5 millones, superiores en un 112 % frente al año anterior. En el último registro, la balanza comercial con esa región tuvo un superávit de USD 401 millones y, según datos de la misma Vicepresidencia, son cerca de 160 empresas de origen colombianos las que exportan a África.
Hay quienes ponen de plano que la mirada de la política exterior sobre ese continente fue clave para obtener esas cifras. En cuatro años de gobierno, Márquez tuvo cuatro visitas oficiales a ese continente, todas superiores a seis días, y pasó por Sudáfrica, Kenia, Etiopía, Ghana, Mozambique, Madagascar, Nigeria, Togo y Senegal, y en dos de esos países se logró abrir embajadas en estos cuatro años, ambas en los primeros seis meses de 2024.
Ninguno de los dos embajadores que residen en esas misiones diplomáticas —Yeison Arcadio Meneses Copete (Etiopía) y Claudia Mosquera Rosero (Senegal)— son de carrera, pero son concurrentes en más de ocho países africanos cada uno, con el agregado de que Meneses funge como el líder de la Misión Permanente ante la Unión Africana.
Esto último sería clave por un evento de alto nivel que ocurrió en el marco de la presidencia pro tempore de Colombia en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y que se dio, justamente, por las gestiones de la misma vicepresidenta: el foro de alto nivel con la Unión Africana que ocurrió en el mes de marzo en Bogotá. Allí se adaptó la Declaración de Bogotá, con la que ambas instancias fijaron su voluntad para seguir cooperando en materia de lucha contra el crimen organizado, migración, cambio climático, fortalecimiento de instrumentos financieros, transición energética, cooperación en educación superior y seguridad alimentaria y nutricional.
Con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, eso sufrirá cambios de fondo. El presidente electo anunció que cerraría las misiones en Senegal, Etiopía, Ghana y Sudáfrica, por lo que solo quedarán abiertas, en África, las de Kenia, Egipto y Marruecos. A ellas se sumará una que abriría en Nigeria.
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La tarea de la “reconexión con África”, la única que no se le asignó como tal en la normativa presidencial, fue la que más tuvo visibilidad y de las pocas que dio resultados visibles. Precisamente, hace menos de dos meses, Márquez tuvo que enviar una directiva vicepresidencial a los despachos de varios ministros y directores de entidades de carácter nacional para que le pusieran el acelerador a la puesta en marcha de sus funciones. De por sí, la Vicepresidencia no es una entidad ejecutora y depende enteramente de otros para hacerlo.
De acuerdo con el informe de empalme que presentó la dependencia, las misiones y encargos conferidos a la vicepresidenta “desbordaban la estructura presupuestal recibida”. Por ello fue que puso en marcha un proyecto de inversión “para el cumplimiento de misiones directas” que recibió, en cuatro años, COP 67.322 millones. A su vez, para el funcionamiento de las oficinas de toda la Casa Vicepresidencial se asignaron COP 28.263 millones en ese lapso.
En total, fueron cuatro los proyectos que recibieron fondos de ese proyecto de inversión. A cargo de la Vicepresidencia como tal, fueron tres: hubo uno para el fortalecimiento de la institucionalidad para la promoción y garantía de la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción (COP 2.400 millones); uno para el mejoramiento del acceso de las personas con discapacidad a la oferta institucional (COP 1.200 millones); y uno para el apoyo a iniciativas con enfoque de género a nivel nacional (COP 8.500 millones).
Otro, que estaba enfocado en el fortalecimiento en la articulación para la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyen al goce efectivo de los derechos de los sujetos de especial protección, tuvo un presupuesto asignado de COP 97.649 millones en cuatro años. Peor este proyecto, como sería el caso de otros en la Vicepresidencia, contó con aportes de un patrimonio autónomo: el Fondo Mujer Libre y Productiva, que tiene un patrimonio autónomo —-en cuatro años tuvo una asignación presupuestal de COP 233.972 millones—, pero que no estuvo bajo la dirección de Márquez como tal, sino del Ministerio de Hacienda.
Un caso similar es el del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura). Fue creado en 2017, en la administración de Juan Manuel Santos, y en 2019 quedó en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) —su ejecutora— y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico, que toma las decisiones de fondo. De acuerdo con personas cercanas a ese proceso con las que habló El Espectador, a la vicepresidenta se le encargó la tarea de articular la coordinación de esa entidad, pero es más un liderazgo “de facto”, pues no tiene la potestad para tomar decisiones sobre la contratación ni de contratar, y sus delegados son “para temas operativos”.
Y la gestión de ese fondo suele ser un “dolor de cabeza” para las entidades encargadas. Uno de los proyectos que menciona Márquez en una directiva vicepresidencial de 2025 es el del estadio Marino Klinger, por el que se insta a la Ungrd a “acelerar las labores para estructurar la licitación para su construcción”. El pasado 23 de julio, con un documento firmado por Javier Pava, director general de la Unidad de Gestión del Riesgo, se declaró desierta tras conocerse presuntas irregularidades en el proceso y “por no haberse presentado propuestas que cumplieran con los requisitos establecidos en los términos y condiciones de la contratación”.
En todo caso, en su empalme, la Vicepresidencia habla de haber gestionado “inversiones por COP 765.071 millones, ejecutadas o en proceso de ejecución”. Sin embargo, el mismo informe de empalme señala que solo existe un proyecto terminado: el de la Política Hídrica del Distrito Especial, que representó una inversión de COP 1.281 millones. Otros están en proceso de ejecución: el Plan de Movilidad Sostenible y Segura (COP 3.562 millones), el diseño de 21 placas polideportivas (COP 1.983 millones), la adecuación del Gimnasio de Boxeo Humberto Blackman Campaz (COP 354 millones), los estudios y diseños del Centro de Memoria Histórica (COP 2.838 millones) y la Escuela de Participación Política y de Derechos Humanos para las Mujeres de Buenaventura (COP 252 millones).
Aquí puede leer el informe completo del empalme:
Márquez ha dicho en el pasado que “quisiera haber avanzado más” frente a su trabajo por el Pacífico. Para finales de 2025, hablaba de una articulación con el Ministerio de Agricultura para la ampliación y saneamiento de los territorios de las comunidades negras y una gestión de más de COP 2,4 billones para proyectos de educación, infraestructura y desarrollo territorial para las comunidades de esa región.
Pero del otro lado está la agudización de la violencia en el litoral, sobre todo de la región de la que ella es originaria: el Cauca. Según cifras de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), entre enero de 2022 y marzo de 2026 fueron 444 los ataques de grupos armados ilegales en ese departamento. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el primer trimestre de este año, esa zona fue la más azotada por el confinamiento causado por el conflicto armado interno, con 9.300 personas afectadas, especialmente en los municipios de Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí. La misma entidad informó que es en el Cauca donde más líderes sociales han asesinado en los últimos siete meses: 19.
La misma familia de Márquez fue víctima de esta violencia. En junio de 2024, mientras su papá y su sobrino de seis años se movilizaban en una carretera entre Suárez (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), su vehículo fue atacado a tiros. Ambos, así como los dos escoltas que los acompañaban, resultaron ilesos, pero ocurrió en un contexto de ataques entre las fuerzas armadas y las disidencias de las Farc que operan en ese departamento.
“Ayer, mis tías estaban en medio del conflicto armado, debajo de una cama, llamándome y diciéndome, ‘¿Francia, qué hacemos? Nos van a matar aquí’. Eso me duele, presidente, y lo digo de cara al país. (...) Mi propia familia me decía: ‘Los casquillos de los disparos nos están cayendo’. Y algo que me duele, presidente, es que mi gente me diga que estaba mejor antes que yo llegara a ser parte de este Gobierno”, aseveró la vicepresidenta en el primer consejo de ministros televisado de este gobierno, de los que no ha vuelto a hacer parte desde que dejó su cargo como ministra de Igualdad. Un reclamo similar se le hizo cuando estuvo en ese cargo y no logró los resultados esperados.
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Su accidentada salida de esa cartera —tildada de “fortín burocrático”— estuvo mediada por las constantes críticas de baja ejecución que recibió durante su tiempo en la cabeza. Oficialmente, recibió ese encargo en 2023, pero fue solo hasta el año siguiente cuando tuvo el presupuesto para poner en marcha la estructuración de la entidad: fueron COP 1,8 billones los que se le asignaron —entonces un monto mayor al del Ministerio de Ciencias—, pero solo se ejecutó el 3 %, unos COP 55.000 millones, enfocados sobre todo en gastos de funcionamiento.
Para el año siguiente, se enfrentó a una reducción significativa en la cantidad de dinero disponible y en medio de todo eso fue que comenzaron las discusiones internas. En su corta existencia, el Minigualdad estuvo siempre marcado por las rencillas y denuncias de racismo y acoso sexual y laboral, reveladas por El Espectador, contra altos directivos y tres viceministros salieron en medio de esas denuncias; todos sostuvieron que eran inocentes. En ese tiempo, Márquez chocó con el presidente por varias razones: por su negativa para nombrar a Juan Carlos Florián como la cabeza del Viceministerio de las Diversidades y también por la baja ejecución.
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Las alertas también llegaron por vía del Congreso y órganos de control. Fueron varios los debates de control político en los que se cuestionó a la vicepresidenta por la falta de avance en los proyectos y a eso se sumaron las denuncias por la duplicidad de funciones con oficinas de la Casa de Nariño y el Departamento de Prosperidad Social, el nulo avance de proyectos en viceministerios, las iniciativas que quedaron en vilo ante la falta de operadores —como fue el caso de Jóvenes en Paz— y la falta de respuestas sobre el funcionamiento del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), que operaba con una dirección separada al Minigualdad.
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“El alcance de su misionalidad se ve impactada de manera negativa al tener una ineficiente gestión de los recursos asignados al presentar una baja ejecución afectando el goce efectivo de los derechos de las poblaciones históricamente excluidas”, se lee en un informe de auditoría fiscal que publicó la Contraloría sobre la vigencia de 2025. El ente de control, en línea con lo que también advirtió en documentos pasados, detalla que “este resultado se presenta debido a fallas en la planeación, programación y ejecución del gasto, deficiencias en las actividades de supervisión, procesos contractuales no iniciados y debilidades en el seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestal”.
En febrero de 2025, el rompimiento entre la Casa de Nariño y la Casa Vicepresidencial fue terminal. En ese punto y tras varias reuniones agitadas en las que la misma Márquez le pidió que la “dejara ejecutar”, el presidente le dejó claro que le pediría la renuncia. La vicepresidenta renunció y ese movimiento se hizo junto a otro que la segunda al mando vería como una “traición” de una de sus figuras más cercanas. En su reemplazo llegó Carlos Rosero, con quien venía de una larga historia de activismo ambiental y en torno a las comunidades negras.
La comunicación se cortó tanto con Petro como con Rosero y con ninguno se subsanó. El quiebre entre la primera fórmula de izquierda en llegar al poder pasó por varios momentos, pero en ningún punto se recompuso y la comunicación es cordial, aunque casi nunca directa. Lo mismo ocurre con la izquierda que la recibió en su momento como una de sus figuras más representativas, pero que nunca vio con buenos ojos su cercanía con figuras como el exgobernador Carlos Caicedo (condenado por corrupción), el exalcalde Daniel Quintero y el exembajador Roy Barreras, a quien Soy Porque Somos apoyó en la primera vuelta.
Hace cuatro años, Márquez recibió una Casa Vicepresidencial en manos de Marta Lucía Ramírez, quien fue en 2018 la primera mujer en llegar al cargo. El panorama es diferente con la vicepresidenta saliente: nunca se pudo entablar el diálogo con José Manuel Restrepo, su sucesor, y como con Petro y De la Espriella, tampoco habrá foto de ambos.
Márquez quedará en la historia como la primera mujer negra en llegar a la Vicepresidencia, y dejará los reflectores por un tiempo, pero no se apartará por completo de la vida política. Seguirá al frente de su movimiento Soy Porque Somos y se prepará para otra sacudida política con las elecciones regionales. “Vuelvo al activismo”, ha dicho y no volverá a lanzarse, por lo pronto, a ningún cargo.
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Por María José Barrios Figueroa
