Gobierno comienza acercamientos con Congreso para avanzar en debates de ley de sometimiento

En la reunión estuvieron presentes los senadores Enrique Gómez (Salvación Nacional) y Hernán Cadavid (Centro Democrático), y el representante James Mosquera (Citrep). Y ocurre después de que se conociera la primera ponencia, que contiene firmas tanto de Senado como de Cámara, para la discusión del articulado que tiene mensaje de urgencia.

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”Avanzaremos en la tarea a partir del próximo miércoles y allí vamos a establecer las pautas para, primero, eliminar la ley de ‘paz total’; segundo, establecer las condiciones para que personas o los grupos se puedan someter a la justicia sin concederles mayores beneficios que los de adherirse a la ley. Esto elimina el modelo que veníamos trayendo en Colombia de beneficios excesivos”, aseguró Cadavid.

La ponencia fue presentada el pasado viernes y con ella el articulado pasó de 28 artículos a 22. Además, hay otros puntos clave: se cambia el concepto de “rol de liderazgo” por “rol de mando” y se detallan los límites para la “valoración conjunta” de rebajas y beneficios para los roles de mando en las estructuras criminales, los cuales “se aplicarán exclusivamente a quienes no hayan ejercido rol de mando en la organización”.

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Sobre estos cabecillas, el texto radicado por los ponentes indica que “se aplicará el límite mínimo de 10 años” para imponer la pena que resulte del proceso de sometimiento. Y se modifica e incluye un filtro de control al momento que se acrediten los miembros de las organizaciones criminales que quieren someterse a la justicia bajo este nuevo marco jurídico.

El mensaje desde el Gobierno como desde el oficialismo ha sido uno: no se trata de una negociación política. Por eso, también determina una serie de condiciones para el proceso de “acogimiento”, como lo son la interlocución a través de abogados, la limitación de los lugares para negociar, y los compromisos que deberán adquirir los miembros de grupos ilegales para acceder a beneficios y rebajas de pena que irán desde el 30 % al 50 %, dependiendo de su rol criminal.

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"Este proyecto busca crear un marco normativo que permita el desmonte, desarme y acogimiento", detallaron los ministros Cancino y Rodrigo Lara (Interior). Y a eso agregaron: "No es una negociación política, por eso el interlocutor tiene que ser abogado. El mensaje tiene que ser claro, esta negociación tiene que ser jurídica dentro de las herramientas que hay. Se acogen a lo que el gobierno presenta, pero no van a tener los grupos armados o terroristas ninguna negociación política. La víctima va a ser el centro de ese proceso".

Ahora, crece la expectativa por el documento final del estatuto antiterrorista que está pendiente de ser radicado en el Congreso. El contenido de ese articulado, que fue anticipado por El Espectador y revelado en su integridad por Caracol Radio, contiene 116 páginas que, tras pasar por la revisión del Consejo de Política Criminal, volvieron a la Casa de Nariño para un nuevo examen y tendrán que volver a ser aprobados por el jefe de Estado y por su secretario jurídico, Andrés Barreto.

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