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El presidente Abelardo de la Espriella entregó un documento de 137 páginas a los entes de control con el nombre del “Libro de la Verdad”, en el que se detallan tres casos que prenden las alertas sobre el manejo de recursos en el Ministerio de Igualdad, la Cancillería y el Dapre. El informe, que nace del llamado “empalme anticorrupción”, habla de contratos hechos “sin registrar una sola obligación ni un solo pago” y movimientos millonarios ad portas de su proceso de liquidación y de la Ley de Garantías.
La Cancillería, que fue manejada por Rosa Villavicencio en el último año del gobierno Petro, tiene señalamientos de haber suscrito, entre agosto de 2025 y enero de 2026, cerca de 785 contratos en el servicio exterior por aproximadamente COP 83.742 millones, “firmados antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, mientras se rebajaban los perfiles exigidos”. De acuerdo con el documento, se trató de una “captura institucional” que “subordinó la idoneidad técnica al favoritismo político, afectando empleos estratégicos e imponiendo perfiles sin la capacidad necesaria para dirigir la administración pública”.
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Pero también se refiere al manejo de sedes consulares. Como lo contó en su momento El Espectador, la mayoría de estas misiones diplomáticas no cuenta con personal suficiente para operar. El informe cita entre esas la adquisición de la sede en Monterrey, cuya oficina “no tenía servicios de atención al público” y las inversiones en la de Estambul, que enfrentó “desproporciones relacionadas con el número de ciudadanos colombianos que serían beneficiados por esa representación consular y el costo asumido por el Estado”.
Los señalamientos caen, en el caso del Minigualdad, sobre el manejo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), una entidad que funciona con una dirección separada de la cartera y que, por tratarse de un patrimonio autónomo que se administra a través de una fiducia, no responde a las leyes de contratación pública. El gobierno anterior se enfrentó a varias críticas desde diversos sectores del mundo político por el uso de esos recursos y las cuotas políticas que permearon su uso.
El primer caso que describe habla de COP 1,77 billones comprometidos —lo que representa el 87,8 % de COP 2,01 billones apropiados— en el Fonigualdad “durante tres vigencias seguidas, sin que en ningún momento de ese periodo se registrara una sola obligación ni un solo pago en el sistema SIIF”. De acuerdo con la administración de De la Espriella, “es un patrón sostenido de compromiso contable sin ejecución real”.
“Con corte de abril de 2026, con la entidad ya en liquidación, varios rubros seguían en 0% de ejecución: FonIgualdad ($245.889 millones), el Fondo No Es Hora de Callar ($2.051 millones) y Otras Transferencias de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DNPPN)”, indica el documento.
El otro caso que se reconstruye en el “Libro de la Verdad” habla de un pago de COP 140.910 millones desde el Fonigualdad a la temporal LABORANDO S. A. S., “sin soportes de que ese personal cumpliera la finalidad del fondo”. La denuncia fue hecha inicialmente por la excandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) y se sostiene en una advertencia de la Contraloría que “emitió una advertencia ordinaria y calificó el monto en riesgo como Estado Crítico”.
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“Destinar COP 140.910 millones en contratos de personal temporal, sin soportes de que ese personal contribuyó al objeto del fondo, y bajo señalamientos de uso clientelista en plena campaña electoral, no es una simple falla administrativa: es la evidencia de que el gobierno saliente permitió —o toleró— que el presupuesto destinado a la política de igualdad del país terminara, presuntamente, financiando estructuras políticas ajenas a su propósito”, se lee en el documento.
El último caso se refiere a contratos por COP 68.000 millones en los días previos al inicio de la liquidación del Minigualdad. De acuerdo con el examen que realizó el “empalme anticorrupción”, “entre los contratistas vinculados figuraban la Corporación Prosperitas y TSG The IT Experts, esta última vinculada también a otras entidades del Gobierno nacional”.
“El caso fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación para que evaluara la procedencia de las actuaciones disciplinarias que estimara pertinentes frente a los procesos contractuales identificados”, indica el informe.
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Como lo contó El Espectador, el Ministerio del Interior asumió “dos viceministerios y cuatro direcciones” del Minigualdad “sin ajuste presupuestal ni de planta”. Según el nuevo gobierno, esto hace parte de una serie de “decisiones de gestión que comprometen recursos y capacidad institucional sin la debida planeación”.
El gobierno también prendió alertas por la emisión de normativa desde Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y señalan la resolución 0478 del 6 de julio de 2026, que permitió la contratación en días hábiles. De acuerdo con el equipo que revisó ese documento, “estas circunstancias justificaban que el acto fuera sometido al control de la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que el 9 de julio de 2026 se presentó demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo en cuestión, buscando que la legalidad del mismo fuera examinada antes que produjera todos sus efectos”.
“La actuación obtuvo una respuesta pocos días después: El 28 de julio de 2026, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución al considerar que la habilitación extraordinaria de esos días podía tener efectos sobre el desarrollo de los procesos de contratación, particularmente porque reducía los tiempos disponibles para que los interesados formularan observaciones a los pliegos, presentaran ofertas, subsanaran documentos o controvirtieran las evaluaciones”, se lee en el informe.
El presidente De la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, aseguran que dejarán la información en manos de los entes de control para su posterior verificación. El mandatario dijo, en esa presentación, que “mirar hacia adelante no significa olvidar” y por ello dejaron en manos de estos órganos la información recabada en el “empalme anticorrupción” que estuvo marcado por choques con la anterior administración.
Este es el informe completo presentado por el gobierno De la Espriella:
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