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En las horas previas al anuncio de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a desplegar los primeros trazos de lo que será su nueva política de paz. Aunque venía de semanas en las que desmontó por completo la “fracasada paz total” de su antecesor, Gustavo Petro, en el Congreso fue donde los ministros encargados de formalizar esos articulados comenzaron a dar pistas de lo que orientará el combate de los grupos criminales.
Eso tendrá tres líneas: la ley de sometimiento, el estatuto antiterrorista y la ley de orden público, que irán de la mano con el fortalecimiento de operativos militares, la firma continua de extradiciones y la aspersión aérea contra los cultivos de uso ilícito. El Espectador estableció que el grueso de los tres proyectos que serán presentados al Congreso llegarán este fin de semana al despacho del jefe de Estado para que le dé el visto bueno y así comenzar el debate legislativo.
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Sin embargo, como le dijo una alta fuente del Ministerio del Interior a este diario, aún hay “temas crudos”, como los relacionados con los “beneficios jurídicos” que podrían establecerse. Por todo eso es que, si bien los ministros Rodrigo Lara (Interior) e Iván Cancino (Justicia) están marcando los principios orientadores de esas iniciativas, estas solo se radicarían hasta dentro de dos semanas.
El análisis del detalle de esos textos pasa tanto por la oficina del jefe de la cartera de Justicia como la de Interior y la de Defensa —en cabeza de Jorge Mora—, y podrían incluir puntos que estuvieron en un proyecto similar de sometimiento de Petro que se quedó sin oxígeno en el Capitolio. Incluso, entran a una discusión conceptual.
La palabra “sometimiento” ha sido ampliamente usada para hablar del marco bajo el cual los criminales se “doblegan” ante la ley, pero el ministro Cancino comenzó a hablar de “acogimiento”. Aunque han sido claros en que esto no implica una negociación ni un diálogo político, el cambio de concepto sí tendría que ver en los “beneficios” que se estudian para aquellos que decidan entrar en un proceso de desmovilización y el tono de los acercamientos que sí o sí se tienen que dar.
Ya existen acuerdos sobre cómo limitar la excarcelación y las penas intramurales. En efecto, se ha estudiado la posibilidad de establecer condenas de hasta ocho años en centros penitenciarios, más allá del rango criminal que ostente quien se someta, y que ninguna sea excarcelable. Pero el debate continúa en torno a temas como una reducción de las penas y la conservación de la riqueza obtenida en la ilegalidad.
Esos puntos están siendo construidos bajo el modelo que usa Estados Unidos para este tipo de casos. Eso significa, entre otras cosas, que la relación bilateral no concierne solamente la financiación del “Plan Patriota 2.0” con USD 1.000 millones y las operaciones conjuntas con tropas estadounidenses que harían parte de lo acordado bajo el Escudo de las Américas, sino en la misma formalización de esta política de paz que tiene que dar resultados ante la Casa Blanca de Donald Trump. Es otra forma de “coquetearle” a esa administración para recuperar la certificación.
Ahora, bajo esos parámetros y la orden de cerrar por completo la puerta a la negociación política, es que también se presentará ante el Legislativo un estatuto antiterrorista. Esto es clave en un momento en cual el Ministerio del Interior advirtió que los grupos ilegales pasaron de 15.120 integrantes a 28.802 entre diciembre de 2022 y julio de 2026; un aumento del 90,5 %. Con esa iniciativa es que se le darán al Gobierno “las herramientas para luchar contra las organizaciones criminales” y, en esa vía, poder categorizar una a una todas las organizaciones que operan en el territorio colombiano y que tendrán que ser combatidas con la “mano dura” que prometió De la Espriella.
“Aquí vamos a crear el procedimiento para poder incluir a esas organizaciones [terroristas] para ser declaradas como tales. Eso le corresponde al Consejo de Seguridad Nacional. Pero ya sabemos cuáles son las organizaciones que operan como terrorismo: las disidencias, que emplean el terror, la muerte, el asesinato de colombianos, los drones y las bombas en contra de la población civil. Eso se llama terrorismo. Es la categoría de organización terrorista”, aseguró Lara.
Pero hay otro gran debate que cayó en las manos de estas oficinas por cuenta de lo que pactó la administración anterior: el proceso de desmovilización de un grupo de exintegrantes de las disidencias farianas que operan en el sur del país. La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que Petro dejó ya se acabó, pero allí quedaron cerca de 40 personas por las que el Minjusticia tiene que comenzar a maniobrar para cumplir la orden de no dialogar mientras logra, al mismo tiempo, darle un cierre a esa salida de las armas.
"Lo que sucede hoy con las personas que estaban ya con un proyecto [de desmovilización], el Estado ya lo retomó. Ya entramos en conversaciones con la Defensoría del Pueblo, con las agencias del Estado y con la Fiscalía. Ya empezó ese proceso que esperamos que en las próximas dos semanas sea una primera muestra de la política de sometimiento dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella", apuntó el ministro Cancino.
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Parte de esto ya fue socializado con el gabinete y solo falta que el despacho presidencial revise punto por punto esos articulados. Incluso, en el documento que El Espectador reveló esta semana con los puntos claves de la agenda legislativa que Lara presentará, se conoció que el consejo de ministros del pasado 19 de agosto tocó estos mismos temas.
Además, esta política de paz tendrá incidencia en lo que este gobierno muestre de fronteras para afuera, especialmente en materia de descertificación. Estos proyectos legislativos serán claves no solo para que el jefe de Estado presente sus operativos como “éxitos” y logre el desmantelamiento de las estructuras narcoterroristas, también para mostrarle a Estados Unidos que va “por la vía correcta”.
Es esa promesa la que dejó sellada la Casa Blanca de Donald Trump en su reporte de descertificación. Pero viene, de igual forma, de un plan que presentó el mismo mandatario ante el secretario de Estado, Marco Rubio, en su visita a Barranquilla. Desde el Batallón Paraíso y junto a su canciller, Omar Bula, De la Espriella reafirmó su orientación hacia combatir los grupos narcoterroristas con una intensificación de las operaciones militares.
“Si, como se espera, Colombia avanza en la erradicación enérgica de la coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de ‘fracaso comprobado’ que tiene el país, la cual se mantiene únicamente debido a la incompetencia y al caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda que estuvo en el poder durante la mayor parte del año pasado”, se lee en el reporte que el Departamento de Estado radicó este 15 de septiembre ante el Capitolio estadounidense.
Esa política de paz renovada que promete el nuevo gobierno entrará en discusiones más profundas de cara a la reunión del Consejo de Seguridad en torno a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Aunque en campaña e incluso en declaraciones posteriores al 7 de agosto el presidente ha sido crítico del Acuerdo de Paz de 2016 —lo que llevó a que el exmandatario Juan Manuel Santos hiciera un llamado a la defensa de ese texto—, el canciller Bula fue quien dejó claro que el compromiso de Colombia con esa organización seguiría intacto. Eso sí, se le harán ajustes.
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“Colombia seguirá participando activamente en las decisiones sobre paz y seguridad internacionales, en la negociación de resoluciones y en la construcción de consensos dentro del Consejo de Seguridad y con otros miembros de las Naciones Unidas, al tiempo que impulsa sus prioridades y contribuye a incorporar las perspectivas regionales en las deliberaciones de [ese órgano]”, precisó el ministro de Exteriores ante la Comisión Primera de la Cámara.
Esa primera medida del enfoque de seguridad de fronteras para afuera ocurrirá la próxima semana ante el pleno de las Naciones Unidas. La delegación estará encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo —quien tendría oportunidad de dialogar directamente con Trump— y junto a él estarán los ministros Bula, Mauricio Gómez (Comercio) y Miguel Gómez (Hacienda), así como los embajadores Mauricio Gaona (ONU) y María Consuelo Araújo (EE. UU.).
Por el momento, existe un consenso generalizado en el Congreso sobre la necesidad de una ley de sometimiento. Desde la oposición señalan que “no basta con la fuerza militar” para combatir a los grupos narcoterroristas, pero faltará que se conozcan los articulados completos para darle inicio a una negociación que podrá tener sus mayores diferencias en el estatuto antiterrorista.
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Lucila(60806)•Hace 2 horasHay algunas condividciones,para que puedan funcionar: al de justicia le tienen que hacer un tratamiento digestivo,Ud. saben que sue y el otro senor,cuânto tiempo le demandarâ tener un mînimo conocimiento del funcionamiento del paîs.Ha vivido toda la vida de embajNo corrijo,asî serâ la tal paz!!!
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Guillermo(19476)•Hace 6 horasPor que el tigrillo no envia a la cárcel la modelo al hermano de Uribe que piensa pagar 23 años de carcel en un batallon de Envigado ?
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MiguelAngel(71324)•Hace 9 horasBueno al final después de tanta alaraca lanley de sometimiento que mo le aprobaron a Petro se la aprobaran al corroncho presidente.
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juan(5824)•Hace 18 horasPolítica de paz? De guerra. Que sigue los modelos que durante seis décadas han mostrado solo un resultado: fracaso absoluto. Modelo estadounidense, como corresponde a un súbdito y lacayo.