Los alcances que tendría retirar mandato de Misión de Verificación sobre la reforma rural

La consigna del gobierno De la Espriella fue clara: “Sin seguridad, no hay paz”. Y fue bajo ese precepto que el Canciller Omar Bula resaltó que desde Colombia se responderá a los compromisos multilaterales adquiridos por el Estado. Sin embargo indicó que eso no exime a la nueva administración de “revisar con rigor y objetividad su verdadero alcance y reconocer, sin excusas, las fallas estructurales y los desafíos que aún persisten y que han impedido alcanzar una paz real y duradera”.

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Es por ello que pidió ante el Consejo de Seguridad que la Misión que hace un seguimiento a la implementación del Acuerdo firmado en La Habana (Cuba) y que encabeza Miroslav Jenča, centre sus labores en “la reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las FARC-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional”. Allí se solicitó suprimir el seguimiento a la RRI, que fue integrada en 2023 por solicitud del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Según dijo Bula, “tiene una naturaleza distinta”.

Esa solicitud, que ya había sido adelantada por El Espectador, dejaría sin observación el punto 1 del acuerdo que, precisamente, pretende buscar una “transformación estructural del campo”. Sin embargo, las cifras sobre su implementación no resultan alentadoras. Según un informe del Instituto Kroc, para noviembre de 2025, solo el 9 % de las disposiciones de ese punto habían completado su ejecución. En comparación, el 20 % se encontraba en estado intermedio y el 67 % en estado mínimo. Cifras de la Agencia Nacional de Tierras, por ejemplo, revelan que de la meta de tres millones de hectáreas adjudicadas al campesinado sin tierra, ese número solo ha llegado a 72.880 hectáreas, lo que representa un 2,4 % del total.

Bula indicó que el caso de la RRI “constituye una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo, cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente del Estado colombiano”. Además, dijo ante la ONU que “el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano” y van más allá del mandato de la Misión de Verificación.

Fuentes consultadas por este diario señalaron que la petición elevada por el gobierno De la Espriella solamente “vuelve al estado inicial del mandato de la Misión”. Una alta fuente que participó de la confección del Acuerdo con las Farc le dijo a El Espectador que “es oportuno que la Misión se concentre en su objetivo inicial”.

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Sin embargo, horas después de presentada la solicitud otros sectores cuestionaron lo expresado por la delegación colombiana. En efecto, el primero en cuestionar la medida fue el expresidente Petro quien dijo que con esta petición se “pide que la riqueza de la mafia, que es la tierra acaparada con violencia y con dinero, no se reparta a los campesinos”. El exjefe de Estado pidió a los 15 países miembros del Consejo de Seguridad que no se adopte esta medida.

Asimismo, la exembajadora itinerante para los asuntos de género, Arlene Tickner, agregó que lo expresado por el Ejecutivo ante la ONU implica un “respeto por lo que exige la Constitución pero en términos fijados por el Gobierno”. También el exministro de Minas, Andrés Camacho, puntualizó que las “experiencias internacionales muestran que una reforma agraria bien diseñada puede impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza rural, elevar la productividad agrícola y ampliar el mercado interno”. Este diario buscó contactar con algunos de los firmantes de paz para entender el alcance de esta medida, pero no obtuvo respuesta.

A esas voces críticas también se sumó el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. Quien ocupase un lugar en el gabinete de Juan Manuel Santos entre 2010 y 2013 señaló como “inexplicable” la petición del Gobierno. Restrepo aseguró que “los acuerdos sobre desarrollo rural no son en beneficio de las FARC sino de las gentes de la ruralidad colombiana ; hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país;y son, también probablemente lo más importantes de los acuerdos de paz de 2016”.

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El también exembajador calificó de “displicente” la postura sobre el desarrollo de la ruralidad ( que requiere una visión independiente como la del comité de supervisión de la ONU) para auditar su implementación, sino que constituye la más importante de las funciones encomendadas al comité del consejo de seguridad de las Naciones Unidas al proceso de paz de Colombia”.

La posición en el Consejo de Seguridad

Presentada la ponencia colombiana, llegó el turno para la intervención de los países miembros del Consejo de Seguridad. Allí, el pleno de las comitivas encontró un lugar común en resaltar los alcances de la implementación del acuerdo –que a término general sigue en un importante rezago– y dar continuidad con la Misión de Verificación. En todo caso, sí hubo posturas encontradas con la solicitud elevada por el gobierno De la Espriella.

Por ejemplo, la delegación de Dinamarca expresó “los instrumentos y los compromisos que ya se contrajeron en el proceso de Paz siguen siendo estratégicamente muy relevantes. La aplicación continuada de reforma rural seguirá contribuyendo a la paz y seguridad, fortaleciendo el desarrollo económico y las condiciones que mantienen las economías ilícitas".

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De su parte, Estados Unidos celebró el giro en la política de seguridad y paz implementada por el gobierno De la Espriella. Esa delegación cuestionó que el legado de Gustavo Petro no fue una “paz total”, como se prometió al momento de su llegada y en cambio, los índices de inseguridad y conflictividad se dispararon en los últimos cuatro años. Ahora bien, esa misma delegación también suscribió que “estamos pendientes a profundizar nuestra cooperación con la seguridad de Colombia”. Pero en ese espaldarazo también se pidió que se pueda “asumir la titularidad de la reforma agraria el tiempo que se mantiene las responsabilidad esenciales de verificación y la presencia en el terreno".

China, Reino Unido, Francia, Panamá y otros miembros subrayaron en la necesidad de mantener la Misión vigente para dar seguimiento a los resultados del acuerdo, pues un punto que fue altamente celebrado es que más de 11.000 firmantes de ese proceso en Cuba hace casi una década han completado su reinserción a la vida civil.

Será precisamente la delegación del Reino Unido la encargada de establecer una resolución que sea puesta a consideración ante el Consejo de Seguridad y si allí se acogerá la petición que Bula llevó este lunes a ese organismo. El plazo máximo para esa votación será el 30 de octubre, pues un día después culmina la vigencia del mandato de 2026 para esa Misión. Son 15 votos los que definirán un posible giro en esa política que, además, también tocará de lleno la ruta para el agro y la política de tierra del gobierno De la Espriella.

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