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El alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, y la vicecanciller Adriana Mejía, llegaron este viernes a la Corte Penal Internacional, en La Haya (Países Bajos) para expresar ante ese tribunal, según informó el Gobierno nacional, el plan que viene desarrollando el presidente Iván Duque para hacerle frente a los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
También, le expusieron al vicefiscal de la CPI los mecanismos que está implementando el gobierno Duque para la captura de quienes asesinan a líderes sociales, los cuales, dijeron, son estrategias que deben realizarse en los territorios y se materializan llevando “la legalidad y el Estado de Derecho a estas zonas”.
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“Avanzamos los ejes de acciones del Plan de Acción Oportuna, uno el de articular diferentes entidades del Estado, en el orden a tratar de intervenir los territorios de forma integral y no aislada. Un segundo tema tiene que ver con ir a esos territorios y por supuesto estar atento a las alertas tempranas que plantea la Defensoría del Pueblo, pero al mismo tiempo a las necesidades de los territorios, en el marco no solo de las fuerzas militares y policía, sino a la provisión de bienes públicos como salud y educación”, dijo el alto consejero.
De igual forma, Barbosa aprovechó la visita a La Haya para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz. En tal sentido, dijo que el enfoque territorial ha sido priorizado por el primer mandatario (Lea: Tolima el pasado 4 de abril, en la que presentó 75 municipios libres de sospecha de minas antipersonal), y que desde su mandato se han formulado 21 proyectos productivos y 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos últimos, según mencionó el alto consejero, cuentan con 37 billones de pesos que comprometió el Gobierno para su realización.
Sobre las objeciones parciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, Barbosa le dijo al representante de la CPI cuáles son los canales institucionales que tienen las objeciones en el Congreso de la República y que todo esto hace parte de un proceso institucional. “Ellos agradecieron la información. Esto es parte de un debate natural. La implementación de los Acuerdos está garantizada en la medida que el Gobierno Nacional lo está haciendo al invertir recursos en el territorio”. Además, en el comunicado emitido por presidencia, el mensaje sobre ese punto fue que, por el carácter de la discusión, los reparos a la estatutaria “en nada afectan la implementación de la paz y la estabilización en Colombia”.
La visita de Barbosa y la vicecanciller Mejía se da luego de que un grupo de colombianos marcharan en París para exigir justicia por los líderes sociales asesinados, y de la visita del senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, a la CPI para denunciar lo que, según dijo, sería el atropello de este Gobierno con lo pactado en La Habana. (Para complementar: Petro y Bolívar irán a la CPI a denunciar asesinatos de líderes sociales)
Además, responde a una aparente “gira” en la que diferentes delegados del Estado están aclarando estos asuntos a la comunidad internacional. En La Haya, por ejemplo, ya habían estado el canciller Carlos Holmes Trujillo hablando sobre los 'peros' presidenciales a la estatutaria de la JEP, discusión de la que el fiscal general Néstor Humberto Martínez también participó.
Barbosa dijo que esas visitas diplomáticas también las hicieron en Ginebra, Reino Unido y España. “Hemos venido replanteando el tema de Derechos Humanos en el país y luchando para que los líderes sociales no sean asesinados y avanzar en una estrategia de su protección en todos los lugares del territorio nacional”, concluyó el funcionario.