Las revelaciones sobre los presuntos nexos entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de Calarcá Córdoba sacudieron al país y desde el Congreso ya están pidiendo respuestas. No solo a nombre del presidente Gustavo Petro, sino también de sus ministros y la Fiscalía, llegaron al Senado y la Comisión de Acusaciones dos requerimientos.
Según lo reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el general Juan Miguel Huertas, quien es actualmente jefe de Comando de Personal, y un directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar de Jesús Mejía, habrían tenido contacto con el grupo criminal. Un informe del 8 de febrero de 2024, en manos de la Fiscalía, indica que Huertas sostuvo reuniones con representantes de Calarcá, en las que propuso crear una empresa de seguridad fachada, ofreciendo permisos, armas y apoyo logístico.
Desde el Centro Democrático, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, anunciaron que presentarán una ponencia de debate de control político y una denuncia ante el órgano acusatorio del Congreso.
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“Vamos a citar al ministro del Interior, que entre otras, fue parte de la campaña de Gustavo Petro, al ministro de la Defensa, para que nos expliquen qué es lo que está pasando”, señaló Valencia. De acuerdo con ella, el principal responsable es el jefe de Estado: “El presidente Petro es responsable personalmente, porque hay que recordar que el general Zapateiro había sacado a Huertas y fue Petro quien lo trajo de vuelta”, dijo.
El debate de control político contará con la presencia de la fiscal Luz Adriana Camargo y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes podrán ofrecer aclaraciones sobre los hechos, que al parecer permanecieron archivados en la Fiscalía sin mayores avances.
“La fiscal general de la Nación debe darnos una explicación a los colombianos sobre cómo teniendo una información tan importante y tan delicada la ha tenido guardada dentro de un escritorio durante más de un año”, enfatizó la precandidata.
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Cabal, por su lado, informó que presentará una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones, especialmente por los indicios sobre “una presunta financiación irregular de su campaña presidencial, con posibles aportes y gestiones de estructuras armadas ilegales de las Farc”. De acuerdo con la senadora, buscará que se investigue si los hechos vulneraron el Código Penal y la ley de financiamiento de campañas.
“Gustavo Petro no está por encima de la Constitución ni de la ley. Si su campaña recibió apoyo de estructuras ilegales, debe responder ante la justicia”, aseguró.
En el documento radicado, denuncia la posibilidad de que se haya incurrido en los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, concierto para delinquir y traición a la patria.
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Además de eso, en el Congreso también se espera que sea citada la moción de censura contra el ministro Sánchez. La proposición fue radicada la semana pasada y concierne los bombardeos que se retomaron contra estructuras criminales y que dejan, hasta el momento, 17 menores muertos.
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