El vicepresidente José Manuel Restrepo será el rostro de la primera maniobra diplomática en términos de seguridad y paz ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si bien el foco de la política pública ahora está en la confrontación directa contra grupos criminales, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc se mantiene, para lo cual la comunidad internacional es clave y el organismo multilateral se vuelve uno de los escenarios para ajustar esa visión que ahora plantea el Gobierno con los compromisos que se deben cumplir. Y no es un paso aislado.
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La polémica estaba en torno al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras instancias que surgieron tras el pacto de La Habana, pero la radicación del presupuesto general de 2027 –con los ajustes pedidos por el presidente Abelardo de la Espriella– y las citas de septiembre y octubre que habrá en Nueva York con la ONU marcaron una primera ruta.
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En el documento que llegó al Congreso hay un rubro para la JEP de COP 821.803 millones, lo que implica un aumento del 10,4 % frente a lo que se le asignó en la última vigencia de la administración anterior. Y aunque en lo referente a las designaciones para las entidades relacionadas con temas de paz llama la atención que no aparezca la Unidad de Implementación, sí se registraron rubros para otras oficinas que adelantan tareas en esa materia.
A la Unidad de Restitución de Tierras se le incrementó el rubro en un 8,8 %, por lo que para este 2027 su asignación llegó a los COP 514.471 millones. No obstante, para otras oficinas, como la Agencia de Reincorporación y Normalización se registró una disminución del 37 % (COP 133.000 millones).
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Esto muestra que la intención de reducir entidades, comenzando con las relacionadas a los asuntos de paz, ya comenzó desde el primer presupuesto que maneja el actual Gobierno. Y aunque disipó las dudas sobre una posible “asfixia total” a estos asuntos para enfocar la estrategia solo hacía seguridad, sí deja sobre la mesa una serie de inquietudes que han planteado desde excombatientes hasta el propio Nobel de Paz Juan Manuel Santos.
Por eso, cobra relevancia que Restrepo vaya como el delegado de Colombia al pleno de la ONU en septiembre, ya que De la Espriella dijo que no saldría del país en su cuatrienio. Esa primera puntada diplomática, respaldada por el canciller Omar Bula y los embajadores María Consuelo Araújo (ante Estados Unidos) y Mauricio Gaona (ante ese organismo multilateral), será un espacio para defender la nueva visión de seguridad sin dejar de lado el cumplimento de compromisos refrendados ante esta instancia como el mismo Acuerdo de Paz. Y en octubre, que es el Consejo de Seguridad, se definirá la continuidad de la Misión de Verificación.
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Todo tiene un blindaje constitucional, por lo que su permanencia en el tiempo tiene una salvaguarda garantizada. Pero al girar hacia la confrontación directa hacia los ilegales, la duda se mantiene sobre cómo serán el “sometimiento” y el “desmantelamiento” de otras estructuras criminales.
El panorama de la paz durante el primer mes del gobierno De la Espriella deja un saldo de aproximadamente 41 extradiciones, tres mesas de diálogo canceladas, la revocación de los puestos de jefes de dichas negociaciones y de los miembros de estas organizaciones ilegales que tenían beneficios en el marco de la “paz total”. El mensaje es claro: desde el nuevo gobierno se prioriza una ofensiva contra estos grupos, algo que se había anunciado incluso desde la campaña del ahora presidente. Además ya se han llevado a cabo dos bombardeos –ejecutados por el ministro de Defensa, Jorge Mora–, durante los cuales se han dado de baja a 12 integrantes de este tipo de grupos; entre las muertes hay al menos cuatro menores de edad, según Medicina Legal.
Esto generó polémica por tratarse de menores, pero el ministro Mora dijo que “eran combatientes” y que el gobierno de De la Espriella “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, aseveró De la Espriella tras las declaraciones del ministro. “Su posible presencia (la de menores) debe preverse antes de cualquier operación militar”, aseguró la organización Save The Children.
Pero hay más. Aunque en el papel había al menos siete mesas de diálogos rurales y urbanos con grupos criminales, ya se les puso fin a tres: con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF); todas disidencias de las Farc. La expectativa es que va a pasar con las demás, pues aún no se conocen los alcances de la ley de sometimiento que prometió De la Espriella, ni los del estatuto antiterrorista que anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara.
“No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad”, afirmó el jefe de Estado en su alocución presidencial del pasado 30 de agosto, durante la que confirmó el desmonte de la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro.
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En esta línea, Armando Novoa, quien era el funcionario designado por Petro para las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, le aseguró a El Espectador que “el presidente se equivoca de manera notoria, porque si alguna mesa, sin descalificar las otras, mostró avances en materia de diálogos de paz, fue la que nosotros lideramos”. Y sostiene que la prueba son los 99 miembros de esa disidencia que dejaron las armas y fueron llevados a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo. Sin embargo, Novoa admitió que De la Espriella tiene la potestad de manejar la paz dentro del Estado como “mejor le parezca”; pero dejó claro que sí debe darle importancia a los mandatos constitucionales del Acuerdo de Paz.
“Lo importante es que nos diga cuál es el marco judicial para el sometimiento de esas 99 personas que están en la ZUT y a la espera de que haya una respuesta clara”, aseguró Novoa, quien dice que a pesar de que se han hecho las consultas pertinentes al Ministerio del Interior sobre lo que sucederá con estos individuos, no han recibido respuesta y se mantienen en incertidumbre. Por su parte, desde la cartera encabezada por Rodrigo Lara, aseguran que estos temas ya no competen a la entidad y que se trasladaron por completo a Presidencia.
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En esta misma línea se encuentran los más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz que, a pocos meses de que se cumplan los diez años de la firma alertaron por una cifra alarmante que viene desde 2016: 524 exmiembros de las Farc asesinados. Desde el antiguo secretariado de esa ya extinta guerrilla se presentó un derecho de petición preguntándole al Gobierno que sucederá con la implementación del acuerdo durante este mandato y si se garantizaran los derechos de quienes comparecieron ante la justicia hace diez años.
“Estamos llamando a desactivar todos los mecanismos de estigmatización que se tienen sobre la población firmante. Y eso pasa también en relación con las aseveraciones que hizo el presidente de la República en el inicio o en el discurso inaugural de su mandato, [...] no se puede generar un un mensaje ambiguo que genere tanto inseguridad jurídica como niveles de esta estigmatización. La Defensoría del Pueblo en sus alertas ha corroborado que la estigmatización es el preámbulo de cualquier otro crimen contra los firmantes del acuerdo como lo es principalmente el asesinato. Hacemos un llamado al Gobierno a desescalar el lenguaje estigmatizante”, aseguró Camilo Fagua, coordinador nacional de la defensa de firmantes de paz.
Lo cierto es que el cambio de gobierno vino una falta de empalme que, según fuentes dentro de las mesas de diálogo, generaron complicaciones en este proceso de cierre de las mesas y de claridad respecto a lo que puede suceder con las entidades estatales dispuestas en el ya pactado acuerdo de paz. Pero esto contrasta con los informes de organizaciones internacionales que, en resumen, muestran la evidencia de cómo “fracasó” la llamada “paz total”, al punto que los criminales en armas pasaron a más de 20.000 en el último cuatrienio.
Desde la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo aseguraron, en informes recientes que hicieron públicos, que la implementación del acuerdo de 2016 no fue contundente y que, por el contrario, la política de paz del gobierno Petro incrementó los índices de reclutamiento de menores y desaparición forzada. Sobre el primer indicador, Human Rights Watch reportó hace una semana que entre 2021 y 2025 se llegó a 1.500 niños y niñas víctimas de flagelo.
Desde la Misión de Verificación alertaron que la implementación del acuerdo “siguió registrando progresos graduales, pero desiguales” durante la administración pasada y persistieron “retos estructurales” que además se acentuaron en medio de la escalada de violencia y la expansión de los grupos criminales.
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Ahora el gobierno De la Espriella dio el giro en el manejo de la paz que advirtió desde campaña y se volcó de lleno en la estrategia de seguridad. No han pasado 30 días desde que llegó al poder y Abelardo de la Espriella ya marca la línea que deberán seguir los funcionarios de su gobierno.
En ella también adelanta nombramientos como el de D’mar Córdoba en la dirección del Centro de Memoria Histórica, quien llegó en medio de críticas por sus posturas pasadas negando la existencia del conflicto armado. Sin embargo, recién asumió el cargo el pasado 25 de agosto, aseguró que “el conflicto armado existe. [...] No hay víctimas de primera ni de segunda”.
Es cuestión de días para que se sepa el camino que el gobierno de De la Espriella seguirá para implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y para lo cual las gestiones de Restrepo en Nueva York pueden resultar determinantes. Además, se deberá definir cuál será el manejo que se le dará a los procesos de quienes se sometan a la justicia y vengan de grupos que para la actual administración son “terroristas”. Entre ellos el Clan del Golfo, el ELN y las mismas disidencias.
Estas son las resoluciones firmadas por De la Espriella para terminar mesas de la paz total
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