Desde hace meses se habla en la Casa de Nariño de los caminos que se podrían tomar para asumir la caída del Ministerio de la Igualdad, una entidad en un proceso tácito de liquidación que está golpeada por escándalos de diplomas profesionales irregulares, denuncias de presunto acoso laboral, posible racismo y una ejecución que anda a paso lento, con proyectos aún pendientes de culminar y que tienen recursos en juego por $156.481 millones ($156.481’500.000).
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Aunque la cartera tiene hasta el próximo 20 de junio para recibir del Congreso el visto bueno que le daría la supervivencia jurídica, en varias entidades ya se ha hablado de la posibilidad de que se absorban sus funciones, pues el panorama que se analiza desde el Ejecutivo es que no contaría con el apoyo multipartidista que recibió en su primer paso por el Legislativo. Así es que, precisamente en el último año del llamado “Gobierno del cambio”, el manejo de la cartera volvió a manos del presidente Gustavo Petro; lo que incluyó la salida definitiva de la vicepresidenta Francia Márquez de esas oficinas y el aterrizaje de personas que son del corazón y fieles al jefe de Estado.
La primera de ellas es quien ahora comanda la cartera, Juan Carlos Florián, cuyo primer nombramiento, aunque como cabeza del Viceministerio de Juventudes, ya había generado roces entre Petro y Márquez. En su tiempo en la entidad, la vicepresidenta se negó a posesionarle y por esa razón eso solo se concretó con quien es su antecesor directo y duró tan solo cinco meses en el Minigualdad: Carlos Rosero.
“La señora vicepresidenta me dice que se va y renuncia si yo pongo a Juan Carlos Florián y a la señora Amaranta Hank en el ministerio. Eso no es igualdad”, aseguró el jefe de Estado en un consejo de ministros, comentario que muchos vieron como la evidencia de una relación rota entre la primera fórmula presidencial de izquierda en llegar al poder. Y en ese momento también agregó: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”.
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Florián es ahora quien debe ponerle el acelerador a la ejecución —que para julio de este año no superaba el 1,9 %— de un presupuesto que asciende a los $1,2 billones (1’297.435’000.000), con una cifra de funcionamiento ($798.523 millones) que es mayor a la de inversión ($498.912 millones). Ahí es que entra otro de los problemas que ha tenido el ministerio, que con los cambios constantes en su cabeza y dependencias han derivado en un freno al desarrollo de proyectos internos.
Y entre esas movidas hay dos caras visibles: Tamara Ospina Posse y Juliana Guerrero. La primera va para su segunda posesión en la cartera, después de una accidentada salida en medio de denuncias que dio a conocer en su momento El Espectador y que incluyeron señalamientos de presunto “acoso laboral agravado por hechos de hostigamiento, discriminación, abuso de poder, violencia de género, racismo y persecución política”; ella ha respondido que son “injurias” y “calumnias” en su contra.
Con esas denuncias encima fue que le presentó a Rosero su renuncia en junio de este mismo año, pero esta fue aceptada por el mandatario —el único con la potestad de firmar las salidas de los viceministros— más de un mes después. Con la llegada de Florián a la cabeza, en los pasillos de las oficinas del Minigualdad comenzó a hablarse de la posibilidad del retorno de Ospina, pero eso solo tuvo una primera confirmación con la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de Presidencia este martes.
“El trabajo de Tamara Ospina se caracterizó por la ausencia de lineamientos claros; demoras en definiciones estratégicas; decisiones tardías sin fundamentación técnica que obstaculizaron procesos claves y una constante actitud de maltrato y desdén con todas las actoras estratégicas en el marco de la gestión. No siempre quien habla más fuerte es quien tiene la razón. Todo esto configuró durante su gestión un ambiente laboral nocivo e insostenible para la salud mental, física y emocional de las trabajadoras”, se lee en un comunicado del Sindicato Unitario de Trabajadorxs del Estado (Sunet) del Ministerio de la Igualdad.
De acuerdo con documentos a los que accedió este diario a través de vías legales, a corte del 31 de julio este año, el Viceministerio de Mujeres no había ejecutado un solo peso de los $129.785 millones que tienen como recursos vigentes para 2025 dos proyectos. El primero es para “la reducción de las brechas de desigualdad para el acceso a medios que permitan la construcción de proyectos de vida de las juventudes en territorios marginados y excluidos” ($35.000 millones), y el segundo se enfoca en “las iniciativas de emprendimiento que promuevan la autonomía económica de las mujeres y potencien sus proyectos de vida” ($94.700 millones).
La segunda cara visible de las polémicas que han golpeado al Ministerio de Igualdad es Juliana Guerrero, cuyo nombramiento ha sido defendido por el mismo mandatario y su hoja de vida publicada en dos ocasiones para el cargo de viceministra de Juventudes. La primera vez que se subió su nombre en la página de aspirantes de Presidencia, no contaba con un título profesional, un requisito necesario para acceder a ese cargo. La segunda vez, aseguraba contar con el diploma de contadora de la Fundación de Educación Superior San José, pero denuncias dadas a conocer en las semanas siguientes revelaron que no habría presentado el Saber Pro, una condición en cualquier institución de educación superior para graduarse como profesional.
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En todo caso, esa polémica desencadenó despidos en la universidad e incluso la despublicación de su hoja de vida esta misma semana. Según conoció este diario, para su llegada se había analizado en el Minigualdad la posibilidad de citar circunstancias excepcionales con la Ley 770 de 2005, con la que se podía autorizar “la compensación de requisitos adicionales” a falta de uno de los necesarios para llegar al cargo. La situación, además, tenía la oposición de quien dirigía en ese entonces la subdirección de Talento Humano, Constanza Pardo, y que luego de eso salió del cargo.
Por el momento, Pablo Zabala se mantiene en la jefatura del Viceministerio de Juventudes, que también sortea los coletazos de la liquidación del convenio de Jóvenes en Paz. Como lo contó El Espectador, ese programa estuvo en medio de una pelea entre el Ministerio y la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP), encargada de aportar la infraestructura, el personal, los alimentos, los materiales y el soporte administrativo necesarios para la implementación en todo el territorio colombiano. La UTTYP cesó sus labores después de denuncias por parte de la cartera de incumplimientos al contrato y con ello Jóvenes en Paz quedó en una “fase de transición”.
De acuerdo con el viceministro Zabala, la operación se reanudó con “nueva arquitectura” y “de forma directa”. En pocas palabras, será la misma cartera la que se encargue de volver a poner a funcionar todo el programa que cuenta con 28.886 jóvenes vinculados en 73 municipios. En este momento, según el funcionario, se encuentran en fase de “vinculación de personal”.
Ese proceso, como el resto de los que ocurren en el Ministerio de Igualdad, debe pasar por la previa aprobación del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, que en el último año ha cambiado cuatro veces de director. Laura Olinfa Amú Venté (noviembre 2024 a febrero 2025), María Milena Banguero (febrero 2025 a abril 2025), Ricardo Suárez Belmonte (abril 2025 a junio 2025) y John Jairo Blandón Mena (junio 2025) estuvieron todos en la cabeza de esa dependencia.
Entre los contratos más grandes que ha firmado el Ministerio de Igualdad en los últimos cuatro meses está el de la prestación de servicios de operador logístico para la “planeación, organización, producción y ejecución de los eventos actividades” de la cartera. Fue por un total de $2.000 millones con la Unión Temporal por la Igualdad 2025, conformada por Consultoría Estratégica Integral S. A. S. (CEINTE S. A. S.) —que ha participado en contrataciones estatales y distritales desde 2016— y Logística y Consultoría S. A. S. BIC, formada en 2022 y sin registros en las bases de datos públicas de contratación con el Estado.
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A ese se suma el convenio de cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por $3.800 millones para “apoyar la territorialización de las estrategias redes del cuidado y sociedades del cuidado del Programa Nacional de Cuidado”, una de las estrategias por las que ha sacado pecho el ministerio. Y también el del Fondo Mujer Libre y Productiva, conectado a ese mismo programa, por un valor de $5.178 millones.
Y es que, según los documentos a los que accedió este medio sobre los proyectos del Minigualdad, son más de $680.000 millones ($680.215’500.000) los que están asignados a iniciativas en fase de viabilidad para este año.
En plena época electoral y con esos recursos listos para ejecutar, el ministerio parece haber entrado en fase de liquidación, sobre todo con la relación poco amistosa entre el Capitolio y la Casa de Nariño para una nueva iniciativa que reafirme el mantenimiento de esa cartera. En todo caso, podría derivar en análisis de entidades como la Procuraduría y Contraloría por el dinero que quedaría en vilo y por el que se analiza que sea el Departamento de Prosperidad Social, hoy en cabeza de Mauricio Rodríguez, el que asuma parte de sus labores.
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Por María José Barrios Figueroa
