El Espectador le explica qué sucede con el negocio de los pasaportes en Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué está pasando con la expedición de pasaportes en Colombia? ¿Por qué esa licitación le costó el cargo a la entonces canciller, Laura Sarabia? ¿Qué tuvo que ver con todo esto el recién nombrado jefe de gabinete, Alfredo Saade? ¿Por qué el presidente Gustavo Petro no quiere que la firma Thomas Greg & Sons siga con ese negocio de la expedición de la identificación internacional de todos los colombianos y colombianas? ¿Cómo entra en todo esto la Imprenta Nacional y el gobierno de Portugal? Y, claro, lo que nos importa a miles: ¿Vamos a tener problemas a la hora de sacar la primera vez o de renovar nuestra libreta de pasaporte? Para construir este boletín y contestar todas esas preguntas le pedí ayuda a la redacción Política, así que les recomiendo entrar a cada uno de los enlaces que dejaremos a continuación para entender mejor cada capítulo de este libro que no se ha terminado de escribir.

Antes de ir a la coyuntura, es preciso recordar tres boletines con los que contamos, paso a paso, qué ha venido sucediendo con esta licitación de pasaportes en medio de la administración de Gustavo Petro. El primero, del 13 de diciembre de 2023, cuando contamos los detalles de por qué el primer mandatario criticaba a la empresa que completaba 16 años con ese contrato y que resultaba siendo siempre la ganadora del proceso licitatorio; la situación del entonces canciller Álvaro Leyva, cuestionado por el Congreso tras haber suspendido la licitación -valorada en $600.000 millones- y declararla desierta, abriendo la puerta a un proceso legal en contra del Estado por parte de Thomas Greg & Sons quien demandó por $ 117.000 millones en ese instante; y la confrontación directa de Leyva con la abogada Martha Lucía Zamora, quien terminó saliendo de la cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica porque recomendaba conciliar ese pleito. Entretanto, la Contraloría General y la Procuraduría advertían el riesgo que podía presentar el freno de dicha licitación por la posibilidad de interrumpir la expedición de un documento público.

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Luego, el 7 de febrero de 2024, cuando la Procuraduría separó del cargo a Leyva. Muchos argumentos quedaron sobre la mesa: Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, dijo el Ministerio Público. Y el segundo cargo tenía que ver con que Leyva no podía declarar la urgencia manifiesta, pues al final sí había una empresa que cumplía con los requerimientos del mismo Estado. Y el tercer boletín que publicamos fue del 28 de agosto de 2024, cuando estaba al frente de la Cancillería Luis Gilberto Murillo, y se sabía que por petición del Gobierno, la impresión de los pasaportes pasaría a manos de la Imprenta Nacional y estaba por definirse el actor internacional que trabajaría de la mano con la entidad local, pero según la Procuraduría, Thomas Greg & Son seguiría asesorando el proceso.

En ese momento, Murillo decía: “No está en riesgo la expedición de los pasaportes, se expiden normalmente, y en ningún momento ha estado en riesgo. Hemos sido muy cuidadosos en eso”. Advertía que la meta del Gobierno era que el nuevo esquema pudiera entrar en vigencia a partir de julio o agosto de 2025, justo en los días en los que estamos: “Ese proceso está avanzando muy bien”, recalcó. Decía que vendría una etapa de transición bajo un modelo híbrido, que incluiría a dos socios, uno gubernamental y uno privado, que apoyaría a la Imprenta Nacional en las nuevas etapas del proceso de expedición. “El gobierno extranjero respaldará siete etapas de ese proceso y para las dos últimas, que tienen que ver con la impresión, se necesitará al socio privado”, contaba la redacción Política en ese instante.

A pesar de las advertencias de todos los organismos de control, el Ejecutivo siempre dejó claro que no había riesgos para los ciudadanos de a pie, es decir, todos nosotros, si queríamos hacer el trámite para conseguir ese documento. Y desde ese instante sí que ha pasado agua debajo del puente en este tema de los pasaportes, la puja de Petro y Thomas Greg & Sons, el reto de conseguir citas para solicitarlo o renovarlo y las diferencias internas en el alto Gobierno que evidencian que no todos esos funcionarios están remando para el mismo lado.

También es preciso dejar aquí algunos datos de contexto, como lo hemos contado en varias publicaciones anteriores, por ejemplo: Thomas Greg & Sons ha defendido la transparencia de todos sus contratos. Esta empresa, “según datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), (ha tenido) al menos 68 contratos con el Estado, 13 con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y nueve con la Registraduría Nacional, entidad con la que en ese instante acababa de lograr (bajo la unión temporal Distribución Procesos Electorales 2023) un contrato por más de $1 billón”. Sin embargo, desde 2019 Gustavo Petro la ha venido cuestionando y, vía Twitter, ha expresado que esa empresa era “la dueña del software de cómputo de datos de la Registraduría, un software permeable al fraude. Thomas Greg & Sons pone los presidentes de Colombia”. La compañía, de nuevo, defiende su transparencia en todos los contratos y hasta el momento no existe un solo proceso legal que diga la contrario.

Ahora sí, con esto claro, sigamos la línea del tiempo justo antes de llegar a lo que está pasando en estos mediados de julio de 2025. En septiembre de 2024, la Cancillería adicionó $21.000 millones a contrato con Thomas Greg & Sons para el tema de los pasaportes y explicó que se prorrogaría hasta septiembre del 2025. Se supo, días después, que la producción de pasaportes la tendría un extranjero por diez años y fue justo el 3 de septiembre que Luis Gilberto Murillo confirmó que ese “aliado internacional para expedición de pasaportes” sería Portugal. Para ese momento publicamos los siguientes contenidos:

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Por esos días vimos numerables críticas de colombianos haciendo filas al frente de las sedes en donde se expiden las libretas de pasaporte. Había críticas porque no se lograban conseguir citas para hacer el trámite. Pero como en muchos escenarios del país, aparecían tramitadores que por $60.000 le sacan la cita para el día siguiente. La corrupción. La eterna corrupción del país. Ese eterno karma que no se ha podido superar. Y cuando la Cancillería se veía obligada a extender jornada para expedición de pasaportes, el país se enteraba de que la Procuraduría sancionaba al excanciller Leyva con 10 años sin aval para poder ejercer cargos públicos. Él, uno de los funcionarios más cercanos en ese momento de Petro, se pronunciaba al respecto: “Lo de hoy no es jurídico, es absolutamente político”, decía. Luego vinieron todos esos señalamientos típicos en el país tras decisiones de este calibre: que es una persecución, que se va a apelar, que hubo extralimitación de funciones, abuso de poder, etc.

Se leía en el editorial de El Espectador, al respecto, lo siguiente: “Ante los ojos del país quedó en evidencia que la interrupción del proceso de contratación para elaborar los pasaportes fue producto de un acto de negligencia; el cumplimiento de un capricho, ese sí político, que no tuvo reparos en pasar por encima de las normas de contratación… Aquí está el detalle más importante: las reglas exigidas para asignar el contrato las elaboró la entidad a cargo de Leyva. No solo eso, sino que cuando los competidores hicieron comentarios, el mismo Comité Evaluador de la Cancillería les dio trámite y dejó en firme el proceso”.

El 2024 cerraba con oficinas de expedición de pasaportes con horarios extendidos, la Alcaldía de Bogotá, por medio de los Supercade, ayudaría a tramitar el 15 % de las solicitudes que recibía la Cancillería. Y comenzaba el 2025 con que el Gobierno aseguraba $160 mil millones para contrato de elaboración de pasaportes y, luego, que Thomas Greg desistiría de demandar a la Cancillería. Cuatro días después, en un nuevo remezón, Luis Gilberto Murillo salía de su cargo. Llegaba Laura Sarabia. La papa caliente de esta licitación de pasaportes que comenzó en las manos de Leyva, estuvo en las de Murillo, ahora pasaba a las de Sarabia. Ya eran tres cancilleres con el mismo asunto.

En marzo de 2025 aparecía otro capítulo en este libro, ya en manos de Sarabia, cuando la Cancillería aceptó un retraso de dos meses en acuerdo con Portugal para el contrato de la elaboración y expedición de pasaportes. “Según una respuesta a un derecho de petición enviado por el representante del Centro Democrático Andrés Forero, aun no se han destinado recursos del Presupuesto General ni realizado pagos al gobierno portugués”, contaron los colegas de Política. El 25 de marzo, tras varias revelaciones de El Espectador, Laura Catalina Peralta Giraldo nos contaba que documentos oficiales probaban que elaboración de pasaportes seguirá en manos de privados y que la Cancillería y la Imprenta Nacional admitieron que no hay fecha para el inicio del nuevo esquema de pasaportes que el presidente Petro pedía:

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Y así fuimos llegando a la mitad de este 2025, cuando el Gobierno alistaba un plan para todo este asunto de la elaboración de pasaportes que incluía una urgencia manifiesta, aunque se suponía que el plan ya estaba listo desde antes con cronograma establecido. Incluso, varios ministros, como la Canciller y el del Interior, “sostuvieron cónclave en Casa de Nariño” para definir el futuro, precisamente, de los pasaportes. De nuevo, Laura C. Peralta Giraldo, quien ha seguido todo este proceso, nos contaban que Laura Sarabia y Armando Benedetti reconocían que “el presidente Petro no quiere que la firma Thomas Greg continúe con la expedición de estos documentos una vez termine su contrato”, pero “el tiempo corre en contra de la directriz, pues quedan un poco más de dos meses para que el gobierno de Portugal y la Imprenta estén listas para asumir el proceso”, pero como no se puede detener un servicio público, “estudian una urgencia manifiesta y posibles contratos mixtos a pesar del regaño presidencial”, nos contó.

Por eso el 20 de junio, “pese a las órdenes que venía dando el presidente Gustavo Petro de retirar a los privados del esquema”, la redacción de Política nos contó que efectivamente “la Cancillería alista un nuevo contrato para la firma Thomas Greg & Sons y elevará una consulta ante la Agencia Jurídica del Estado”. Así nos lo explicaron: “El contrato actual por alrededor de $400.000 millones, que el año pasado también se le entregó a Thomas mediante urgencia manifiesta, va hasta el próximo 31 de agosto y no se tiene aún certeza de qué operador continuaría a partir del 1 de septiembre”.

Y por esos días ya iban saliendo a flote las diferencias entre los cercanos al presidente: “La idea del gobierno Petro, que incluso firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Portugal a inicios de este 2025, era que la Casa de la Moneda de este país junto con la Imprenta Nacional se encargarán de la elaboración de los pasaportes desde septiembre, pero se vio poco movimiento para cumplir con la directriz e incluso evitar los regaños de Petro, que ha sido claro en señalar que se siente “engañado” por algunos funcionarios”.

Fue entonces cuando, con espejo retrovisor, se enfrentaron el excanciller Luis Gilberto Murillo y la entonces canciller, Laura Sarabia. Murillo aseguró que antes de salir del Ministerio de Relaciones Exteriores ya había dejado estructurado el proceso para que la Imprenta Nacional, con el apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal, asumiera el procesamiento de ese documento.

“Con Portugal estructuramos un acuerdo técnico y financiero, con inversión directa de €35 millones, equivalentes a 40 millones de dólares, además del traspaso de significativos activos representados en infraestructura de producción de pasaportes y otros papeles de seguridad, transferencia tecnológica y producción nacional. Desde octubre de 2024 el plan está listo. Esto era conocido tanto en Cancillería como en Presidencia, porque fue trabajado y socializado en estos escenarios”, “Portugal confirmó en enero pasado que todos sus trámites y aprobaciones internas estaban listas. En febrero concluyeron revisiones internas y en marzo enviaron delegación a Bogotá para firmar. El cronograma era claro, preciso y viable, para iniciar la producción de pasaportes en septiembre de 2025”, escribió Murillo.

Y un par de datos más entregó Murillo: “A pesar de tener listo el diseño jurídico, técnico y financiero cerrado, el nuevo y actual equipo de la Cancillería no tomó la decisión. Hoy, Colombia arriesga perder la inversión y la transferencia tecnológica y de activos acordada, y, sobre todo, la oportunidad de transformar definitivamente el sistema de producción de pasaportes. Si el cronograma pactado se hubiera seguido como estaba previsto, este mes de septiembre próximo se estarían fabricando libretas de pasaportes de alta calidad, bajo un modelo mixto, público-privado, moderno y transparente, con prevalencia de lo público”.

Sarabia le contestó: “Si todo estaba listo, como afirma el candidato (porque Murillo ya es candidato presidencial), lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes”. El 24 de junio se conoció la noticia y, de paso, estalló una bomba interna en el Gobierno, otra vez, dejando al país en ascuas sobre este asunto del pasaporte:

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Tal cual como se venía contando, el 24 de junio los colegas de la redacción Política lo resumieron así: “El Gobierno Nacional determinó que la empresa Thomas Greg & Sons seguirá vinculada con la elaboración de los pasaportes y se le dará otra urgencia manifiesta por 11 meses. Además, se prepara simultáneamente un contrato por $3.2 billones con el gobierno de Portugal”.

Fueron saliendo a flote detalles del por qué, al parecer, la cancillería de Sarabia no siguió al pie de la letra el cronograma de Murillo: de acuerdo con los reporteros de El Espectador y lo que sus fuentes internas contaron, no se estaba garantizando la seguridad del pasaporte ante la OACI –que es el organismo internacional que verifica los requisitos de los documentos para que puedan usarse– y que no habría tampoco certeza sobre la inmediatez de la entrega, porque la libreta se haría en Portugal y no, como ocurre hoy, en Colombia, lo que permite la entrega del documento en un periodo de apenas 24 horas. También se advirtió que se incrementarían los costos que deberían pagar las personas para la expedición. Por eso, la Cancillería determinó que la única vía para evitar una crisis en la expedición de estos documentos era firmar una tercera urgencia manifiesta. Y El Espectador confirmó también que hubo una llamada entre la Cancillería y Thomas Greg para que la firma privada le indicara a la cartera cuánto cobraría por seguir elaborando los pasaportes por un periodo más. Se hablaba de 11 meses y unos $400.000 como valor del contrato.

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El viceministro del Interior, Jaime Berdugo, se reunió con personas de la Imprenta Nacional. Anunciaron posibles “alternativas para modernizar la planta de producción” como “una apuesta por la transformación tecnológica, la eficiencia y la calidad en el servicio”. En concreto, “se acordó destinar el 30 % de los Títulos de Tesorería (TES) como fuente de financiación y delegar en la gerente de la Imprenta Nacional [Viviana León], conforme al artículo 8.8 de la Ley 109 de 1994, la responsabilidad de definir la tecnología más adecuada para el cumplimiento misional de la entidad”. El objetivo, al final, está en la elaboración de los pasaportes.

Todo parecía claro, como que no había reversa en la urgencia manifiesta para poder cumplir con la extensión del contrato con Thomas Greg, cuando entró a todo este embrollo un nombre recién aterrizado en el Gobierno: Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? El 2 de julio la nueva mano derecha del presidente de Colombia dijo que, en la Cancillería, en cabeza de Laura Sarabia, ha intentado “perpetuar la contratación” con ese proveedor “sin abrir la competencia” y no ha preparado una salida real para asumir la producción de libretas desde el próximo 1 de septiembre. Así es, una disputa directa en lo más alto del Ejecutivo. “La Cancillería ha recurrido a dos declaratorias de urgencia manifiesta, pero no han tomado las acciones necesarias para pensar en lo que iba a suceder el 31 de agosto de este año. Lo que les correspondía hacer era preparar a la Imprenta Nacional”.

De manera directa dejó claro que estaba siguiendo órdenes de Petro: “En las próximas horas estaremos firmando con Portugal”, hablando de un contrato por $3.2 billones y que iría hasta el 2035. Entonces dejaba en freno la declaratoria por tercera vez una urgencia manifiesta que servía para extenderle el contrato a Thomas Greg por un monto que podría estar entre los $400.000 y $450.000 millones. Y Saade agregó: “Me comprometo a que el país no se va a quedar sin pasaportes. Es más, si el país se queda sin libretas sería culpa de la unión temporal y no del Gobierno Nacional. Le podemos garantizar al país que la Imprenta Nacional está lista. Lo que sucede es que han querido opacarla”. Ese mismo 2 de julio, el Gobierno publicó el borrador para que la Imprenta pudiera asumir la impresión de los pasaportes. Quedó en evidencia la pelea entre Sarabia y Saade, mientras Petro, otra vez, anunciaba cambios en su gabinete:

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El país era testigo de cómo, por cuenta del mismo contrato de los pasaportes, salía la tercera persona de la Cancillería. Primero fue Leyva, quien además está inhabilitado por la Procuraduría; Murillo, quien al parecer había avanzado en todo el cronograma, pero terminó saliendo en otro remezón ministerial a comienzos de año, y ahora Sarabia, quien evidentemente dejaba su cargo porque Petro apoyó a Saade en esta disputa. La saliente canciller dijo que los tiempos no daban para el inicio del nuevo modelo el 1 de septiembre y fue más allá, sentenciando un escenario que no resulta nada positivo para ninguna personas que necesite sacar o renovar este documento de identidad: “Si se sigue la ruta de Saade los colombianos van a quedarse sin pasaportes”: Sarabia.

“Sin tener ninguna atribución para ello, Saade reunió a mi equipo para darles una orden improvisada y contraria a la mía. Ellos, sorprendidos, me llamaron a informarme y a pedirme instrucciones. Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para hacer rendir el stock de pasaportes que queda”, dijo Sarabia en una entrevista para la revista Cambio. “Por quedarme en un cargo no estoy dispuesta a engañar a Gustavo Petro y al país sosteniendo la mentira de que la Imprenta va a estar lista dentro de dos meses para asumir la responsabilidad de imprimir, personalizar y transportar alrededor de 8.000 pasaportes diarios”, agregó.

Petro lanzó dardo a la Procuraduría por disputa con Thomas por elecciones y pasaportes

Mientras tanto y ante el temor a que la expedición de estos documentos colapsara, la gente de volcó a pedir citas para buscar su documento. Cientos de personas haciendo filas en las sedes donde se expide la libreta fueron apareciendo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Acto seguido, se sabía que la Procuraduría iniciaba vigilancia en la Cancillería ante este nuevo lío con Saade y Sarabia como protagonistas. Justo se reveló que fue la Cancillería de Sarabia quien había hecho la solicitud al ministerio público que lidera Gregorio Eljach. Saade respondía en una entrevista con W radio que “este debate no lo abrí yo, lo abrió el presidente de la República”, que estaba “como articulador, no entré a usurpar funciones de absolutamente nadie”. Y que “hay un retraso de seis meses y medio porque se puede decir que no se hizo lo que se debía hacer el año pasado. Yo lo único que pido es: déjenme trabajar. No voy a personalizar el retraso”.

Y entonces, ¿en qué vamos? En que el Gobierno Petro aceleró procesos por acuerdo con Portugal y así esquivar la crisis de pasaportes mientras Sarabia le hace entrega a Rosa Villavicencio, la persona que Petro encargó en esa posición, de todas las tareas de la Cancillería, como la relación con Estados Unidos. El 9 de julio “la Procuraduría abrió una investigación formal en contra de los tres cercanos al presidente Gustavo Petro por considerar que habrían incurrido en irregularidades para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes de los colombianos”. Se referían a Sarabia, Saade y Murillo. Mientras eso sucedía, poco a poco se iba cumpliendo la exigencia del primer mandatario desde cuando Leyva estaba en la Cancillería y era que Thomas Greg no siguiera con este contrato de los pasaportes, pero el país se enteró de que la firma Thomas Greg, sí, la misma, se quedaba con el contrato para las elecciones de 2026 en la Registraduría.

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Estamos en que “Portugal aprobó el memorando de entendimiento suscrito con Colombia para la producción de pasaportes”, que “el texto que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros del Estado europeo incluyó también un apartado sobre el rol que tendrá Francia en medio de ello”, se supone que la “Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) de Portugal podrá avanzar en un acuerdo comercial con el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano y la Imprenta Nacional, en consorcio con la Imprimerie Nationale (IN Groupe) de Francia” para tal fin. Así las cosas, “dicho proyecto busca dotar “las competencias, los recursos técnicos y tecnológicos, así como los conocimientos técnicos necesarios para que esta entidad pública colombiana (la Imprenta Nacional) se haga cargo de la producción y personalización de estos documentos oficiales a partir de 2035”.

En que, de acuerdo con el borrador del convenio, “el valor unitario por pasaporte sería de 17 euros (aproximadamente $79.796 al cambio actual). Y el pago a la Imprenta Nacional-Casa da Moeda (INCM) también tendrá que incluir los gastos de transporte desde el aeropuerto hasta las instalaciones de la Imprenta Nacional”, contaron los colegas de Política.

Por el lado de la Imprenta Nacional de Colombia, la tarea es lograr la modernización exigida y la capacidad de respuesta ante tamaño reto, pues como lo reveló la edición impresa de El Espectador, “La Procuraduría tiene las primeras advertencias de que hace semanas el gobierno Petro tenía detalles de que el contrato de pasaportes en Colombia está a punto de terminar, sin que haya un plan de contingencia para evitar un posible caos” y que “el jefe de gabinete, Alfredo Saade, asegura que todo estará listo para que el servicio continúe, pero las evidencias parecen mostrar otra cosa”. Todos esos detalles aparecen en este texto.

La firma entre Portugal y Colombia está pendiente. Supuestamente estaba agendada para este 15 de julio, pero ese día la atención del país se concentró en la alocución presidencial y el consejo de ministros donde Petro volvió a criticar a su gabinete, defendió su reforma a la salud y llamó a las calles. Se espera que esta semana el país tenga noticias al respecto, mientras tanto ciudadanos de a pie, como yo, seguimos haciendo fila para sacar el pasaporte, en mi caso, de mi hija, porque aunque el alto Gobierno ha asegurado que no habrá interrupciones, vale la pena recordar aquel viejo adagio que me enseñaron mis papás cuando yo era niño: más vale pájaro en mano que 100 volando.

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