La transición entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la nueva administración de Abelardo de la Espriella está cargada de tensiones y choques constantes. Las alertas de presunta corrupción en múltiples sectores lanzadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el llamado a una “desobediencia civil” del senador Iván Cepeda, quien perdió en la segunda vuelta, se llevaron el protagonismo en un proceso que quedó suspendido este martes. En medio de ese árido ambiente sobre el empalme y sin un encuentro directo entre los mandatarios saliente y entrante, quedó un tema rezagado: la llamada paz total.
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Mientras que los líderes de la actual arquitectura de una política pública que hasta en el mismo gobierno saliente han reconocido como “estancada” alistan sus informes, para la administración entrante todos estos temas deben barajarse desde del sector de seguridad y defensa. “A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia. A partir del 7 de agosto firmaré los decretos para que la fiscal (Luz Adriana Camargo) reactive las órdenes de captura y las fuerzas armadas las hagan cumplir”, advirtió De la Espriella. Pero habrá un primer pulso de fondo.
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Para este 7 de julio, como sector de Presidencia, -antes de la suspensión del empalme- estarían las oficinas del Comisionado de Paz, la Unidad de Implementación, la de Sustitución de Cultivos, la Agencia de Reincorporación y otras más que desarrollaron la “paz total” desglosando la gestión que tuvieron durante el último cuatrienio. Y, del otro lado, Andrés Barreto defendiendo los intereses del jefe de Estado electo para determinar cómo deben operar estas instancias desde el próximo 7 de agosto cuando sólo esté vigente, sin mesas de negociación política, la apuesta por el sometimiento de criminales. Dos posturas distintas que medirían fuerzas desde la mañana de este martes, pero que quedó en vilo tras la orden de De la Espriella de suspender la transición con Petro por el desconocimiento de los resultados en urnas.
En este panorama, y con la preparación de los informes que se entregarían este 7 de julio, El Espectador conoció que desde la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAP) –en cabeza de Gloria Cuartas–, y desde el Ministerio de Justicia, del que sale Jorge Iván Cuervo por petición directa de Petro, trabajaron en un documento para consolidar y robustecer la instancia que articula al Ejecutivo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Aunque esta instancia fue creada en el 2023, a través del artículo 205 de la Ley 2294 que establece el Plan Nacional de Desarrollo, actualmente opera como un acuerdo de voluntad entre el Gobierno y la JEP. Sin embargo, sus funciones no están explícitas en ninguna norma. En palabras de Juan David Villalba, director del departamento de justicia transicional del ministerio de Justicia, este borrador de decreto busca formalizar casi exactamente el acuerdo creado hace tres años por las partes involucradas –que se hizo con el propósito de acelerar los procesos de la justicia restaurativa y de la reparación a las víctimas– y surge principalmente, como una iniciativa de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.
Este es el borrador de decreto:
A pesar de que, según la UIAP, el borrador para la reglamentación de esta instancia de articulación se viene trabajando desde antes de que se conociera quién sería el nuevo presidente, sí llega en un momento en el que la dirección del Estado gira hacia una visión de país completamente distinta a la del gobierno actual y, con ella, cambia el modo en el que se afrontan las articulaciones con diferentes sectores. Además, es una forma de la saliente administración de darle un guiño a la JEP ante las intenciones del Ejecutivo entrante de pasarle cuenta de cobro por “la falta decisiones de fondo”.
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En ese punto se conecta lo que sería una suerte de advertencia que les llegó desde los organismos de control. Según Villalba, del ministerio de Justicia, y Nadia Triviño, de la UIAP, la Procuraduría les indicó que expedir ese decreto, que aún está en fase de consulta, se leería como una “imposición” para la administración que llega. “La estaríamos atando”, coincidieron en su diálogo con este diario.
“Sin un canal regulado de articulación, el Estado colombiano se enfrentaría a un riesgo de dispersión institucional y a la imposibilidad de ejecutar de forma inmediata las órdenes judiciales de contenido restaurativo”, se lee textualmente en la memoria justificativa del documento. Y por eso, así haya alertas como la del Ministerio Público, varias de las partes involucradas en esta instancia se citaron para el próximo 16 de julio; el motivo es consolidar una invitación formal al equipo de empalme de De la Espriella para que vea lo que, desde su óptica, son los avances en esta materia.
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Eso coincide con la postura del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien aseguró que seguirán “impulsando dicha articulación con el Gobierno y procuraremos que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo incluya las normas necesarias para que se hagan efectivas dichas obligaciones del Estado”. En todo caso, se está a la espera de si el presidente Gustavo Petro le pondrá la firma al papel antes del 7 de agosto y si el gobierno De la Espriella articulará algún diálogo directo con la JEP. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, le dijo recientemente a El Espectador que “estamos esperando resultados” de esa entidad que, en todo caso, tiene blindaje constitucional.
Esta es la memoria justificativa:
Es precisamente la política de paz del gobierno saliente uno de los temas en los que la administración entrante ha hecho un mayor énfasis y al que se le viene poniendo la lupa en su llamado “empalme anticorrupción”. El ahora saliente ministro de Justicia aseguró que la falta de manejo jurídico de la denominada paz total afectó las negociaciones. Si bien Cuervo se refirió a la decisión del Consejo de Estado que dejó sin piso jurídico la negociación con unas disidencias que se gestaron con desertores del acuerdo de 2016, a las que se les dio estatus político pese a ser legalmente inviable, su dardo permea todas las mesas.
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En los informes que se entregarán desde este martes figuran, al menos en el papel, siete de estos espacios activos, aunque ahora mismos no estén sesionando a nivel de negociadores. Ahí se incluyen las mesas que hay con bandas urbanas en Medellín, Quibdó y Buenaventura, las cuales, según De la Espriella, también llegarán a su fin. De hecho, ya anunció que, con el apoyo de esas y otras ciudades, creará “bloques de seguridad urbana” para, precisamente, atacar a estos sectores criminales.
Otro punto en el que se verán estas diferencias será el de la primera cita de los equipos de empalme del sector Justicia, prevista para la mañana de este martes. El delegado de De la Espriella, Iván Cancino, quien también suena como ministro del ramo, liderará esta discusión; de hecho, también ha sido un duro crítico de la JEP.
En medio del complejo proceso que llevan a cabo las administraciones entrante y saliente, y con la intención de De la Espriella de llevar todos los asuntos de la denominada “paz total” al campo de la seguridad, hay expectativa sobre cómo se tramitarán todos estos asuntos. Además, sigue en vilo si el diálogo entre la JEP y el entrante Ejecutivo se dará en un tono institucional o si tomará se irá por el camino de la confrontación que ya se recorrió en sectores como los de salud, finanzas públicas y energía.
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Por Luna Mejía Farías
