Lista primera ponencia para la ley de sometimiento del Gobierno: ¿qué cambios se proponen?

Congreso vacío previo a la instalación del congreso de la república para el periodo 2026 - 2030 — La ley de sometimiento se discutirá en las comisiones primeras y en las plenarias de la Cámara y del Senado.

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Se acaba de dar el primer paso oficial en el proceso legislativo de la ley de sometimiento que presentó, con mensaje de urgencia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella para darle piso jurídico a su estrategia de lucha contra las organizaciones criminales. La ponencia positiva del texto, radicada este viernes por la mayoría de los ponentes de las comisiones primeras del Capitolio, cambia el concepto de “rol de liderazgo” por “rol de mando” y detalla los límites para la “valoración conjunta” de rebajas y beneficios para los roles de mando.

Estas dos modificaciones al articulado, que presentaron las carteras de Interior y Justicia esta misma semana en el Congreso, son claves para especificar las condiciones a las que se someterían los mandos de las organizaciones criminales que decidan atenerse a este proceso de sometimiento, que aún tiene que ser discutido por las comisiones y las plenarias del Legislativo.

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Para Daniel Briceño (Centro Democrático), coordinador ponente del texto en Cámara, la modificación de “rol de liderazgo” por “rol de mando” es fundamental para “identificar realmente las personas dentro de la estructura de mando de las organizaciones criminales”. El congresista señaló que el concepto original podría traer problemas al momento de identificar a estos integrantes y su responsabilidad particular.

En esa misma línea, otro cambio clave al texto original es el mínimo de pena impuesta para estos “roles de mando” en relación con la “valoración conjunta” de rebajas, modalidades especiales de cumplimiento de penas, libertad condicional y redenciones. El texto que radicó el Congreso señala que la valoración de estos beneficios “se aplicará exclusivamente a quienes no hayan ejercido rol de mando en la organización”.

Sobre estos integrantes, el texto indica que “se aplicará el límite mínimo de 10 años” para imponer la pena que resulte del proceso de sometimiento. Por otro lado, el documento también modifica e incluye un filtro de control al momento que se acrediten los miembros de las organizaciones criminales que quieren someterse a la justicia bajo este nuevo marco jurídico propuesto por el Gobierno De la Espriella.

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La propuesta d esta administración lleva como enfoque que "no es una negociación política"; como sí lo era la política de paz de la administración anterior de Gustavo Petro. Con la apuesta por el sometimiento o acogimiento a la ley, el texto determina una serie de condiciones para desarrollar el proceso. Por ejemplo, una interlocución a través de abogados, la limitación de los lugares para negociar, y los compromisos que deberán adquirir los miembros de grupos ilegales para acceder a beneficios y rebajas de pena que irán desde el 30 % al 50 %, dependiendo de su rol criminal.

El documento también conceptualiza sobre quiénes se pueden acoger a este proceso. El articulado señala que puede hacer parte del proceso “tanto grupos que operen bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control que les permita realizar operaciones militares, así como organizaciones criminales conformadas y organizadas en una estructura jerárquica o en red".

La propuesta también habilita al Estado para nombrar delegados que puedan realizar contactos humanitarios, facilitar liberaciones, reintegración de la niñez, búsqueda de desaparecidos y secuestrados. En ese sentido, sin llegar a ser una negociación, el texto advierte que se podrán realizar actos de acercamientos para que los interlocutores de los grupos armados manifiesten su voluntad de iniciar el proceso de sometimiento. En todo caso, los interlocutores deberán garantizar que no han hecho parte de la organización criminal y que son abogados certificados.

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En el documento inicial, el MinJusticia recibía “de buena fe” el listado que se presentara sobre los integrantes de las organizaciones. El documento, que se discutirá en sesión conjunta de las comisiones constitucionales, modifica este proceso y señala que se deberá realizar una verificación por parte de entes judiciales y la Fuerza Pública.

Con estos cambios, el articulado de la ley de sometimiento pasó de 22 a 28 artículos. Se espera que la discusión de este texto, en sesión conjunta de las comisiones primeras de Cámara y Senado, se inicie el martes de la próxima semana.