Horas antes de que se anunciara el nuevo esquema de pasaportes que implementará el Gobierno a partir de abril, se hizo oficial la llegada de Paula Andrea Cerón como viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional al Palacio de San Carlos. Este nuevo nombramiento, que surge de un viceministerio creado hace unos meses, tiene dentro de sus funciones la supervisión de la expedición de los pasaportes, proceso que ha sido polémico durante el periodo del presidente Gustavo Petro en el poder por diferentes altibajos que, incluso, implican salidas y suspensiones de cancilleres y secretarios.
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Así como el proceso que está encargada de supervisar, Cerón llegó al puesto en medio de alertas -que llegan desde sindicatos y asociaciones- por posibles riesgos que impedirían el óptimo funcionamiento de este viceministerio, mientras que el cambio de esquema en el proceso de los pasaportes promovido por el presidente Petro cuenta con alertas y demandas hechos por diferentes entes de control por posibles riesgos financieros y falta de garantías.
La realidad es que, según lo anunciado por el mismo jefe de Estado, el nuevo esquema de expedición de pasaportes, que será liderado por la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal, empezará una fase de transición a partir del primero de abril -solo unos días antes de que se termine la tercera urgencia manifiesta con la firma Thomas Greg & Sons-, para lograr el tan sonado cambio.
La cara al frente del proceso desde la Imprenta Nacional es la de la gerente general de la institución, Viviana León, quien aseguró a El Espectador que en este momento “las instalaciones de la Imprenta se encuentran en fase final de adecuación, integración tecnológica y validación operativa” para cumplir con los estándares requeridos en la elaboración de estos documentos. En esta línea, como lo afirmó el presidente Petro, se espera que a partir del primer día del mes de abril se produzcan en Portugal al menos 50.000 ejemplares, mientras que la Imprenta logra establecer todas sus capacidades para asumir el proceso en su totalidad desde Colombia.
Sobre esta cooperación internacional, León asegura que “la dirección, control y responsabilidad del proceso estarán en cabeza de la Imprenta” mientras que desde Portugal se prestarán servicios tecnológicos y de suministros con el fin de fortalecer el proceso de expedición nacional.
“Se trata de dos relaciones jurídicas y operativas distintas, complementarias pero no subordinadas entre sí. La Imprenta Nacional de Colombia ejecuta el núcleo operativo del servicio, que estará bajo control directo del Estado colombiano. El modelo está diseñado para que el país opere desde el inicio, mientras consolida progresivamente sus capacidades productivas y tecnológicas bajo estándares internacionales”, aclaró la gerente general.
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Por último, respecto a la duración de la alianza entre Portugal y Colombia, León aseguró que, aunque se mantendrá por los próximos 10 años, esta es una relación de cooperación en la que se “incluye la entrega de equipos, capacitación especializada, implementación de infraestructura y acompañamiento técnico, con el objetivo de que Colombia alcance autonomía plena en todas las etapas del proceso”. Además, agregó que el paso a seguir, tras el anuncio del Gobierno y una vez cumplido el periodo de transición entre el 1 y el 30 de abril, será la constitución de la Imprenta “como el único operador para el suministro de pasaportes y documentos de viaje requeridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia”.
Sin embargo, las alertas hechas desde la Contraloría y la Procuraduría lanzan cuestionamientos sobre los riesgos a los que se enfrenta el país en este cambio. Por un lado, la Procuraduría radicó el 16 de octubre de 2025 una demanda ante un Tribunal Administrativo para declarar la nulidad del convenio con Casa da Moeda -firmado por COP 1,3 billones- debido a falta de financiamiento y la ausencia de capacidad técnica en la Imprenta. Por su parte, la Contraloría advirtió en dos ocasiones riesgos financieros y falta de planeación; situación que se escaló cuando el 21 enero de 2026 se envió desde el ente de control una carta a la canciller Rosa Villavicencio refutando declaraciones en las que la ministra había manifestado que “no existían riesgos” en el proceso.
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Este problema, que se remonta tres años y tres cancilleres atrás, inició en septiembre de 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para expedir los pasaportes colombianos, pese a que el proceso ya se había acordado con Thomas Greg, pues era el único proponente que cumplía con los requisitos necesarios. Esta decisión lo llevó a ser suspendido de su cargo tres meses más tarde por la Procuraduría, debido a que se consideró que “no existían fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos” para tal declaración.
Tras la suspensión de Leyva y en medio de la incertidumbre sobre la expedición del pasaporte nacional, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, firmó en febrero de 2024 una resolución que revocó la declaratoria de desierta de la licitación y confirmó el contrato con Thomas Greg & Sons por casi COP 600.000 millones, acción que fue rápidamente rechazada por el presidente Petro, quién no titubeó en revertir la decisión y declarar insubsistente a Salazar, acusándolo de traición y asegurando que el contrato con la firma era “corrupto” y que se había conformado un monopolio de una sola empresa que tenía todos los datos privados del Estado desde hacía más de 10 años.
Esta postura fue sostenida por quien llegó a ocupar el puesto de Leyva, Luis Gilberto Murillo, que se negó a firmar el nuevo contrato con la empresa y aseguró en agosto de 2024 que la Imprenta Nacional sería la entidad encargada de expedir los nuevos pasaportes en medio de una transición para capacitar, actualizar y ordenar el esquema de pasaportes nacionales. Sin embargo, Murillo renunció en enero de 2025 en medio de controversias con el jefe de Estado que dejaron el tema de los pasaportes sin resolución clara y con prórrogas que forzaron la continuidad con Thomas Greg en la urgencia manifiesta que se extiende hasta casi la mitad de 2026.
Al salir Murillo, llegó a la cartera Laura Sarabia, quien no alcanzó a cumplir más de seis meses en el cargo cuando, el 3 de julio de 2025, tras conocerse el borrador de decreto para avanzar en la transición a la Imprenta Nacional, decidió presentar su carta de renuncia por considerar que este cambio era “inviable”. Esa salida sucedió en medio de cuestionamientos por las capacidades reales de la Imprenta para asumir un proceso de tal magnitud y la saliente canciller sostuvo -tras las órdenes presidenciales de continuar con este proceso-, que la ruta impulsada desde Presidencia ponía en riesgo la continuidad del servicio y mencionó a Alfredo Saade en el centro de esa estrategia.
A pesar de la renuncia de Sarabia, a finales de julio de 2025 el Gobierno Nacional firmó un convenio oficial con la Casa da Moeda de Portugal para producir y personalizar pasaportes, documentos de viaje y etiquetas de visas. El acuerdo lo suscribieron el Ministerio de Relaciones Exteriores —vía Fondo Rotatorio— y la Imprenta Nacional. Específicamente, el 28 de julio se concretó esta alianza internacional para sostener la transición, mientras Thomas Greg & Sons seguirá prestando sus servicios hasta el 1 de abril de 2026, cuando Portugal asumiría la producción principal mientras la Imprenta logra la capacidad necesaria para encargarse de lleno de este proceso.
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Así las cosas, el nuevo modelo de pasaportes llega en medio de tensiones entre el presidente Petro y los mismos entes de control que han alertado sobre riesgos en el proceso que involucra a Portugal y a la Imprenta Nacional. Aunque los temas son otros -relacionados con la licitación que se ganó Thomas Greg para manejar la logística de las elecciones y el software del preconteo-, la Procuraduría y el oficialismo mantienen tensiones en medio de la expectativa por el desenlace de lo que ha sido uno de los proyectos más defendidos por este Gobierno.
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Por Luna Mejía Farías
