Horas después de que se conociera de la demanda de la Procuraduría al convenio para el nuevo esquema de la expedición de pasaportes, el gobierno de Gustavo Petro respondió al recurso legal con el que se alega que el proceso tiene fallas con el requisito de financiación mínima. La Cancillería de Rosa Villavicencio apuntó que estarán prestos para “demostrar la legalidad de los procesos llevados a cabo”.
Según el ente investigador que encabeza Gregorio Eljach, se necesitaría tumbar el convenio firmado entre el Gobierno, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la puesta en marcha de un nuevo esquema de producción de las libretas. En una de las 37 páginas del texto firmado por Marcio Melgosa Torrado, procurador delegado preventivo y de control de gestión, “se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21 % del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50 %”.
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“Durante la visita preventiva del Ministerio Público se constató la ausencia de estudios de mercado y del sector, así como la carencia de una justificación detallada de la necesidad contractual. El documento denominado ‘Justificación para la Selección del Cooperante Internacional’ carecía de firmas de responsables y no cumplía las etapas exigidas por el manual de contratación”, señaló la Procuraduría.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores informó que no ha sido notificado de un auto admisorio de la demanda y que “a la fecha, no existe ningún fallo en contra de la Cancillería colombiana que imposibilite seguir adelante con el proceso de producción de nuevos pasaportes”. Incluso, remarcó que se “adelantan, sin contratiempos, todos los actos que fueron objeto del convenio interadministrativo”.
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Frente a la investigación, la cartera de Villavicencio anunció que estarán “atentos a la defensa de los intereses de la Cancillería ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para demostrar la legalidad de los procesos llevados a cabo”. Eso sí, aclaró que “garantiza su capacidad para satisfacer la expedición de pasaportes de los colombianos”.
“La Cancillería garantiza la prestación del servicio de los pasaportes. No hay, ni habrá desabastecimiento de libretas de pasaportes y por ello damos un parte de tranquilidad a la opinión pública, independientemente de las acciones judiciales que se promuevan”, informó. Y agregó que “esta noticia de la Procuraduría representa solamente el inicio de un proceso contencioso que no puede generar pánico en la población colombiana”.
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Previamente, el presidente Gustavo Petro también había dado declaraciones al respecto. En su cuenta de X, afirmó que “el país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de su ciudadanía”.
“Los datos íntimos de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas comerciales, me aparto por completo del procurador en este tema. Ya vi el desarrollo del pasaporte y será el cuarto en calidad en el mundo”, añadió.
En medio de la incertidumbre que generó el convenio y su entrada en vigencia, la Cancillería declaró una urgencia manifiesta, con la que se continuó con la prestación del servicio a través del Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, que sigue en curso hasta abril de 2026.
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