La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sancionó a la campaña de presidente Gustavo Petro de 2022, con lo cual se confirmó que sí se dio una violación de topes de financiación por más de COP 6.000 millones, tiene al país político inmerso en una dura controversia. Desde el oficialismo revivieron el relato de un supuesto intento de “golpe de Estado”, mientras que la oposición señala la definición de este caso confirma que, a su juicio, sí hubo posibles irregularidades en esa elección.
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El presidente lleva 24 horas a través de sus redes dando sus opiniones sobre esa decisión administrativa, la cual dijo que desconocía. En uno de sus mensajes de este viernes en la tarde aseguró que “si la campaña acaba legalmente el día antes de día de elecciones, ¿por qué consideran sobretopes los gastos del día de elecciones después de cerrada la votación, que ya no es época de campaña?”.
Además, el mandatario reiteró que la conformación del CNE y su origen político habría incidido en la decisión, por lo que dijo se deben explotar otros caminos. Incluso, volvió a hablar de nuevo de una eventual asamblea constituyente.
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A esa línea se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien retomó la discusión sobre el conjuez Majer Abushihab, cuyo nombre ha sido denunciado por toda la bancada petrista como abogado del ahora alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se enfrentó a Petro en la primera vuelta de 2022.
“Un pirata tomando decisiones”, fueron las palabras del ministro sobre el mencionado jurista.
De otro lado, la oposición ratificó que esta decisión debe avanzar hacia otros tribunales.
La senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseguró que la campaña del 2022 estuvo permeada por irregularidades que no deberían pasar inadvertidas, desde su óptica, por instancias judiciales.
“El país asiste, con indignación, a la confirmación de lo que muchos denunciamos desde hace más de dos años. La campaña de Gustavo Petro violó los topes de financiación. (...) ¿Dónde quedaron los discursos de ‘transparencia’, de ‘cambio’, de ‘ética pública’?“, precisó la legisladora.
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Al debate se sumaron otras voces como las del precandidato Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) y la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).
El primero pidió preservar el valor de las decisiones institucionales y avanzar hacia transformaciones estructurales. “La decisión del CNE hay que acatarla y respetarla”, afirmó.
Mientras que Pedraza aseguró que la sanción del CNE muestra la “incoherencia” del Gobierno: “Traicionan todo lo que prometieron, no sean tan incoherentes y por lo menos recojan alguna bandera del suelo en el que las han pisoteado”.
Las claves de la sanción de la Campaña Petro
La sala plena del CNE, con dos conjueces, culminó la investigación relacionada con los aportes recibidos en la campaña del ahora jefe de Estado durante las dos vueltas presidenciales de 2022. El análisis, que se dividió por las etapas de la contienda, tuvo como eje la contribución de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), señalada por el organismo como una posible fuente de recursos utilizados en actividades operativas del proceso electoral con posibles irregularidades.
De acuerdo con la resolución 05175 de octubre de 2024, la federación habría transferido COP 500 millones con la finalidad de brindar “apoyo económico del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República”, un dinero que, según el documento, terminó en tareas de capacitación, reclutamiento y supervisión de testigos electorales.
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El desarrollo del proceso administrativo incluyó la revisión de las explicaciones entregadas por distintos actores involucrados. Entre ellos, se recogió lo dicho desde la gerencia y la auditoría de la campaña; tanto Ricardo Roa, gerente del equipo presidencial, como la auditora María Lucy Soto, señalaron que los dineros no ingresaron a la estructura central de campaña y que su utilización estuvo orientada a respaldar al movimiento político que lideró la coalición.
En sus palabras, el aporte fue efectuado al movimiento Colombia Humana con el propósito de “salvaguardar los votos del Movimiento Político Colombia Humana” y proteger “la integridad del proceso electoral”.
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Por otro lado, la tesorera Lucy Aydee Mogollón aclaró que su rol consistió únicamente en la verificación de soportes contables y que no tuvo a su cargo la administración ni ejecución de recursos, responsabilidad que, insistió, correspondía exclusivamente a la gerencia.
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La Unión Patriótica, una de las colectividades que se mencionan en el fallo junto a Colombia Humana y el Partido Comunista, reiteró que la donación no ingresó a la campaña presidencial y recordó que la coalición siguió los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo político que dio origen a la alianza.
Con base en estos elementos, el CNE indicó que el análisis se centró en la responsabilidad individual de los actores involucrados y en la posible transgresión al régimen de financiación electoral. Tras concluir la evaluación, el organismo impuso sanciones que, con matices, pueden llegar a los COP 6.000 millones.
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