La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue citada para el próximo 11 de septiembre, con el fin de debatir y votar la ponencia con la cual se pide sancionar la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro de 2022 por, de acuerdo con el documento, violación de topes electorales.
El proyecto de resolución sancionatoria fue elaborado por los magistrados sustanciadores Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes advirtieron que hay al menos 121 hechos y actuaciones administrativas que, desde su óptica, confirman que sí se habrían presentado irregularidades que superan –sumando primera y segunda vuelta presidencial de 2022– los $5.000 millones.
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“Propone concluir el proceso administrativo sancionatorio (…) por superación de topes y financiación prohibida”, precisó el magistrado Prada, quien confirmó que la sala plena del CNE fue citada para el jueves 11 de septiembre con el fin de debatir y votar la ponencia.
En todo caso, las partes involucradas han negado en todo momento los cargos y defendido sus actuaciones durante la campaña y todo el proceso.
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De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien hizo parte en su momento de la campaña del presidente Petro –aunque no hizo parte de los cuadros encargados de financiación–, aseguró que no se violaron los topes.
“Hay que dejar claro que los topes nunca fueron excedidos y Ricardo Roa (gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol); aunque yo no estuve en la parte de recolección de dinero, estoy seguro de que él nunca pasó ni excedió los topes”, enfatizó Benedetti.
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Y agregó: “Hay una tutela que dice que no se puede investigar al presidente Petro por tener un fuero, hay que ver si ese fuero se extiende a lo que es la campaña”.
Lo que dice la ponencia es que se deberían imponer sanciones económicas contra los protagonistas de la campaña. El primer nombre que salta a la vista es el de Roa por ser el principal responsable de las posibles irregularidades en el proceso, por lo que sería él quien pagaría la multa más alta, esto sin contar que una posible aprobación de la sanción podría impactar en su futuro en la principal empresa de Colombia.
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El proyecto de resolución también plantea la sanción a otros directivos de la campaña y a partidos como Colombia Humana y la Unión Patriótica, que conforman la coalición del Pacto Histórico que llevó a Petro y a Francia Márquez al poder en 2022.
El proyecto de resolución, conocido en su totalidad por El Espectador, señala puntualmente que Roa, junto a Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora), deben pagar cerca de $596 millones por la posible violación de topes en ingresos y gastos de la campaña ganadora en 2022.
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Sobre Colombia Humana y la Unión Patriótica, el documento dice que ambas colectividades deben responder de manera individual con una multa de $583 millones por “tolerar” la mencionada violación de topes electorales. Según la ponencia, dicha multa debe ser descontada del monto de financiación estatal en el siguiente desembolso que autorice el CNE a los partidos.
El documento dedica un apartado especial al presidente Gustavo Petro. Los magistrados del CNE investigadores se mantienen en que ya se le formularon cargos al mandatario, pero que este proceso se frenó por orden de la Corte Constitucional, pero que hasta el momento no han sido notificados y que en su momento emitirán el acto administrativo que corresponda.
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