Un decreto que se venía cocinando hace meses en la Casa de Nariño obtuvo la firma del presidente Gustavo Petro este viernes, en un evento público. “La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora”, anunció el mandatario en el evento de reconocimiento de responsabilidad internacional a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El objeto del decreto es simple, pues con él se levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero detrás todavía hay dudas. Específicamente, si se podrá acceder a estos documentos y si la liberación será inmediata. Según conoció El Espectador, eso no ocurriría en cuestión de semanas.
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En diciembre este diario dio a conocer la apuesta que se estaba formulando desde el Ejecutivo en esa vía. En el Archivo Nacional, dirigido por el historiador Francisco Javier Flórez, estuvo la tarea de comenzar a trabajar en eso. Y lo cierto es que hasta el 2023, ni la misma entidad tenía el permiso para abrir una sola carpeta relacionada con eso, por lo que se dedicaba únicamente al cuidado exterior.
Pero en ese entonces, un auto de la JEP le dio las facultades para comenzar a hacer un diagnóstico que permitiría, posteriormente, definir una ruta para su intervención, acceso y consulta. Lo último fue, precisamente, lo que quedó certificado este viernes con el decreto.
¿Esos documentos pueden ver la luz pública?
Ese centenar de documentos está atravesado por no pocas cosas. Y lo primero es clave: la reserva que existe sobre archivos de este tipo, que competen directamente decisiones de Estado y de seguridad nacional. Entre ellos hay información de interceptaciones, seguimientos, perfilamientos y órdenes de un lapso de casi un lustro.
¿Pueden ser revelados documentos de tal importancia? La ley colombiana dice que sí, pero dependiendo de la entidad a la que se le pregunte, el tiempo varía. De acuerdo con la Ley de Transparencia que se sancionó en 2014, debería ser un lapso de 15 años, pero la Dirección Nacional de Inteligencia (que heredó varias de las facultades del mismo DAS) dice que serían tres décadas.
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Ahora, teniendo en cuenta que ese departamento nació en 1960 para ejercer, entre otras cosas, “las funciones de Policía Judicial”, la cooperación “del mantenimiento del orden público” y llevar “el registro de los extranjeros en el territorio nacional” —según el decreto 1717 de 1960 firmado por el entonces presidente Alberto Lleras— el tiempo ya se cumpliría para ambos. Eso sí, no para todos los archivos, pues la entidad fue suprimida con el decreto 4057 de 2011, con el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, a algunos les tomaría al menos un año para poder ver la luz pública.
Pero eso tampoco que pudieran ser accesibles para toda la ciudadanía desde ese momento. Fuentes del Gobierno le dijeron a este diario que, aunque algunas ya hubieran superado ese tiempo, faltó “voluntad política”.
En pocas palabras, ningún jefe de Estado, hasta Petro, estuvo dispuesto a firmar el decreto que los liberara y la mayoría mantenía la tesis de que se trataba de documentos que contenían información que no podía revelarse. No es secreto que el actual mandatario tenga un interés particular en esos textos: desde que fue senador dio eco a la confesión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre un supuesto atentado en su contra planeado en las oficinas del DAS y ahora que está en el poder ha reiterado —como lo dijo esta tarde— que solo conocer la verdad garantizará la no repetición.
¿Qué falta para que sean accesibles?
Más allá de eso, hay un detalle no menor por el que todavía no podrán llegar a manos de todos los colombianos: mantener el anonimato de una gran parte de los nombres que están en las 57.544 cajas de documentos sin ordenar. Y eso deberá aplicarse a documentos de una magnitud inimaginable, pues representan, como lo contó El Espectador en su momento, una fila de papeles que podrían cubrir toda Bogotá de oriente a occidente, desde Monserrate hasta las pistas del Aeropuerto El Dorado.
¿Cómo ocurrirá eso? No es claro. Es el decreto, que deberá ser publicado en las próximas horas en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de Angie Rodríguez, la que defina las líneas.
El Archivo no es el único que cuenta con toda esa información. Además del hecho de que está guardada no solo en papeles, sino también en 47.829 medios tecnológicos como computadores, disquetes, discos, casetes y VHS, entre otros, está distribuida en manos de la Policía, la Fiscalía, Migración y la Unidad Nacional de Protección, como le contó Flórez a este diario.
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“Por ejemplo, si queremos revisar lo que tienen los computadores, debemos tener en cuenta que son equipos que han estado desenergizados desde hace 10 años. En el momento que los conectemos, puede que prendan o se quemen. Si encienden y nos piden contraseñas, el Archivo General no las tiene. Y si aparecen las contraseñas y todo funciona perfectamente, la fecha se va a actualizar y entonces de ser una posible prueba judicial, pasa a ser algo modificado”, explicó Gloribel Rodríguez, subdirectora encargada de entidades liquidadas.
Sumado a eso, otro problema clave: la plata. En 2024, el Archivo gastó COP 2.542 millones en el diagnóstico de esos documentos, pero dependen del presupuesto asignado al sector cultura, que para 2026 tendría un aumento del 3,6 %.
Es un anuncio no menor, sobre todo en un agitado año electoral. Y lo que se viene promete seguir develando información: el presidente Petro ha dicho que antes de dejar la Casa de Nariño dejará andando “una política de desclasificación de archivos”.
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