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La semana pasada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el decreto que nombró a Diego Molano como ministro de Defensa, argumentando que con su llegada a ese despacho el presidente Iván Duque incumplía la Ley de Cuotas 581 de 2000. Esta normativa, desde hace más de 20 años, exige que las mujeres estén en el 30% de los altos cargos y puestos con nivel decisorio del poder público.
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Con la intención de aumentar la participación política de las mujeres y antes de la decisión del Tribunal, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) radicó un proyecto que busca incrementar la cuota del 30 al 50%. Es decir, los presidentes no deberían tener un gabinete con al menos 30% de ministras, sino con el 50%.
La paridad también se traslada a las delegaciones colombianas del Gobierno y el Congreso que viajan con misiones diplomáticas, reuniones, foros internacionales, comités de expertos y eventos de esa naturaleza.
Además de disponer esto, el proyecto, a diferencia de la vigente Ley, reconoce sanciones a quien eventualmente la infrinja. “El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de 30 días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo, en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente”, se lee en el documento.
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En la justificación de la iniciativa, se reconoce lo insuficiente de la Ley para promover la participación política de las mujeres. “Si bien la implementación de la ley 581 de 20001 fue un paso fundamental para la vinculación efectiva y participativa de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, es importante entender que 22 años después de la implementación de la ley el rubro de la vinculación de un 30% dispuesto en el artículo cuatro de dicha ley es insuficiente para responder a las necesidades de participación y a la disminución de las brechas de género”.
Para Lozano, este proyecto es una acción afirmativa para eliminar las barreras históricas que han impedido la participación política efectiva de las mujeres. “Es cierto que el accionar legislativo ha avanzado para generar condiciones de igualdad, sin embargo, la realidad demuestra una contraposición material de hechos de violencia, desigualdad de género, desigualdad económica y social persistente. En este sentido, existe la necesidad de generar un respaldo legal sólido para que las mujeres puedan vincularse mediante la adecuación del artículo cuarto y treceavo de la ley de cuotas no sólo en un 30%, sino en un 50% como mínimo”.
Aunque desde Función Pública, dependencia del Gobierno, se ha destacado que las mujeres son el 45.9% de funcionarias en cargos decisorios y alto nivel, lo que se encontró a la hora de elaborar el proyecto es que “de las 264 entidades nacionales evaluadas para la recolección de datos, tan sólo 201 fueron registradas y dentro de las entidades territoriales únicamente fueron registradas 1229 de 6040. El panorama para la vinculación de las mujeres en cargos de niveles decisorios aún es algo incierto por el hecho de que no se cuenta con hechos cuantificables ni con un respaldo legal que permita vincular parámetros para la adopción de medidas que fomenten la igualdad en las entidades”.
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“La presentación de este proyecto tiene como fin generar una ley de cuotas que permita el reconocimiento a la participación en los asuntos públicos, a los derechos políticos y a su vez sea una herramienta que permita avanzar en la igualdad real”, concluyó la justificación de la iniciativa.