Gobernadora del Chocó habló sobre choque entre Gobierno y regiones por emergencia económica

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, aseguró que respalda la emergencia económica, pero mantiene sus preocupaciones sobre los impuestos al tabaco y el licor.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cuáles son sus expectativas para la reunión con el Ministerio de Hacienda?

La principal expectativa es que encontremos unas fórmulas de acuerdo y de acción que permitan que podamos contribuir activamente a que la nación pueda superar la emergencia que ha dado que estos decretos extraordinarios. También que se pueda salvaguardar el equilibrio fiscal de los departamentos y obviamente la descentralización fiscal que permite que nosotros podamos cumplir con nuestras obligaciones.

Hay una cosa puntual y es que la Federación Nacional de Departamentos (FND) no está en contra del decreto de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional. En particular, como gobernadora del Chocó, respaldo y acompaño las iniciativas que tengan por objetivo poder financiar elementos muy sustanciales y sensibles del gasto público nacional.

¿Pero cuál es la preocupación principal que plantearán?

Nosotros no podemos desconocer estas medidas que tienen que ver directamente con el impuesto sobre licores, el impuesto sobre tabaco y el denominado hipoconsumo. Hoy tenemos la preocupación de que puedan impactar de manera negativa la estabilidad fiscal de nuestros departamentos, porque se trata de los impuestos que generan la mayor participación de recaudo para nuestros recursos propios.

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Lo que nosotros hicimos fue alertar muchos días antes de la reunión, mediante una misiva, sobre la preocupación que teníamos. Y en la reunión que tenemos el próximo lunes, lo que nosotros queremos es poder generar primer espacio diálogo, porque además no lo hemos tenido. Es algo que involucra directamente las rentas departamentales, lo correcto es que podamos comunicarnos. Que podamos llegar a un espacio donde podamos recibir la información técnica que preparó el Ministerio de Hacienda y también puedan conocer nuestras preocupaciones técnicas, porque esto es una preocupación técnica, en torno a la posibilidad de que esto pueda disminuir nuestra renta.

¿Creen que el paso de una “rebelión” era necesario para que el Gobierno nacional tuviera en cuenta sus preocupaciones con respecto al impuesto a tabacos y licores?

Cuando ocurren este tipo de circunstancias que impactan las finanzas y los impuestos que son descentralizados y las competencias descentralizadas, pues hay unos escenarios de discusión que permiten que dialoguemos. En este caso, entendería yo, que de pronto por la condición de la emergencia, pues probablemente no hubo y no existió en ese momento el espacio de que podamos comentar nuestra opinión como departamentos.

La necesidad de la mesa técnica es verdad hoy, era verdad la semana pasada, y va a ser verdad el lunes. Lo que queremos es justamente llegar a formar de acuerdo y arreglo. El riesgo y el miedo que tenemos es que, uno, a nosotros se nos descienda el recaudo en torno a un impuesto tan importante que básicamente suple la mayoría de los gastos de orden departamental, pero también puede ser que tampoco el Gobierno nacional consiga los recursos. Sí nos preocupa que se contemplen todas las posibilidades, pues con base en ese recaudo nosotros planificamos el presupuesto que ya está aprobado para el 2026.

Usted es vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos, ¿cuál es su perspectiva de que muchos lean esto como un reto para el Gobierno?

Yo estoy en desacuerdo con que se haya utilizado la palabra rebelión y con que se haya planteado esto como una disputa política, cuando es simplemente un intercambio de posturas desde lo técnico y desde lo jurídico. Aquí la preocupación de los gobernadores de este país nada tiene que ver con la postura política de cada uno de nosotros. Todo el mundo sabe que los gobernadores pertenecemos a distintas matices: algunos hemos respaldado al Gobierno nacional, otros han planteado una postura contraria, otros han permanecido en la neutralidad, todos con la intención de trabajar de la mano con el gobierno nacional.

Lo cierto es que esto no es político, es directamente un argumento técnico desde el punto de vista fiscal y esto es un argumento jurídico. Honestamente, no creo que debamos poner al país, en medio de la cantidad de dificultades que hay, en medio de la cantidad de polarización que hay, a que también se disputen y se peleen las entidades que nos encargamos conjuntamente de gobernar y de satisfacer la necesidad de los ciudadanos. Yo sí tengo una postura de consenso siempre, una postura de trabajo en equipo. Lo que nos corresponde es salvaguardar nuestra obligación de cumplir los deberes del cargo y de cumplir con las necesidades de los ciudadanos.

¿Cuáles son esas vías jurídicas que analizan para hacer frente a la medida de impuestos a tabacos y licores?

Es muy interesante que la opinión pública se interesara solamente en la ultima ratio que discutimos ayer, que es la excepción de inconstitucionalidad, y eso no se decidió. Se decidió solicitar a la FND y el equipo jurídico para saber en el caso concreto cómo esto sería aplicable o no y que nos orientara mientras. La primera decisión que se tomó fue acudir ante la Corte Constitucional, primero, porque hoy ya se encuentra en análisis de legalidad, como ocurre con los decretos que se presentan en los estados de excepción.

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El primer planteamiento que se discutió fue la posibilidad de que la Corte Constitucional pudiera tener el concepto de la FND en torno al impacto específicamente sobre los impuestos de hipoconsumo. La segunda era la posibilidad de tutelas que pudieran generar de cada uno de los departamentos, con la asesoría de la procedibilidad por parte del equipo técnico jurídico de la Federación. La tercera y ultima ratio era la que terminó generando toda esta discusión que era la posibilidad o no de aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

¿Y qué se tomó en cuenta en esa discusión?

Algunos gobernadores hablaron por supuesto de que, si no está bien fundamentado, obviamente el prevaricato es una opción. Algunos otros plantearon la situación particular que genera retenedores del IVA, que somos nosotros los gobernadores. Para el caso de los que tienen industria licorera y que son retenedores del IVA, ellos tienen una posición mucho más delicada en torno a la evaluación de los casos. Para eso necesitamos asesoría jurídica y se definió que el equipo jurídico lo pudiera gestionar de la mejor manera y asesorar a los departamentos en torno a lo que se viene. Entre otras cosas, porque no hay un marco de procedibilidad. Necesitamos asesoría en todo este tema porque esto es sui generis.

Yo realmente no sabría con qué intención justamente se forma una discusión en una de las alternativas, sino en el hecho de que estamos buscando, en el marco de la legalidad, pues defender el equilibrio fiscal de los territorios, por supuesto, sin atacar la medida de emergencia.

¿Irán con el equipo jurídico de la FND a esa reunión?

Así es, la Federación participará en esa reunión.

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¿Quiénes asistirán del equipo de los gobernadores?

Se ha convocado a todos los miembros de la Federación, no solamente la junta directiva. Yo soy la vicepresidenta, la razón por la que tuve que presidir [la reunión del jueves] es porque el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, que es el presidente, estaba enfermo y yo tengo que sustituir como vicepresidenta. La junta, los demás miembros de nuestra FND, incluidos la presidenta que le corresponde este año y la vicepresidenta, que son las gobernadoras del Meta [Rafaela Cortés] y la gobernadora del Tolima [Magali Matiz].

Y el resto de los compañeros de Nariño [Luis Alfonso Escobar Jaramillo], el gobernador de Caldas [Henry Gutiérrez Ángel], el gobernador de Boyacá [Carlos Amaya], todos han dicho que están dispuestos a contribuir a que tengamos una discusión técnica en aras del equilibrio, por supuesto, y de la resolución de estas circunstancias.

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