El debate económico tomó otro giro con la radicación de la ley de financiamiento este lunes. Con un monto de aproximadamente $26,3 billones, de ser aprobado, incrementaría el IVA para los licores, al ingreso de los productores de gasolina y los vehículos híbridos.
La medida llega a las comisiones económicas, que el año pasado ya hundieron una “minirreforma tributaria” que pretendía recoger $12 billones, menos de la mitad de la cifra del proyecto actual. La decisión derivó en un rompimiento en la relación entre la Casa de Nariño y esas células legislativas, pero el pulso vuelve al Congreso, sumado al del presupuesto general, por $556,9 billones.
Desde el Congreso, hay voces que se oponen al proyecto. El senador Efraín Cepeda (Partido Conservador) aseguró que no permitirán "más impuestos a personas naturales, ya agobiadas, ni a empresas, asfixiadas por mayores costos" porque “el IVA, regresivo, golpea a los más vulnerables”.
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“El alza del impuesto al carbono, los impuestos denominados ‘saludables’ y el incremento del IVA a ciertos bienes y servicios, encarecerán la canasta familiar, el transporte y los costos de producción, afectando directamente el bolsillo de los colombianos. La ineficiencia del gobierno es clara: $80 billones sin ejecutar en 2024 y $69 billones en 2025”, señaló en un comunicado el partido.
La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) criticó, por su lado, que la reforma “ataca directamente a los vehículos híbridos”. En esa línea, señaló que “propone eliminar los beneficios del artículo 468-1, que hoy permite una tarifa reducida del 5 % para híbridos, sus motores, generadores y cargadores. Con su propuesta, estos quedarían gravados con el IVA general del 19 %”.
“El doble discurso de siempre: dice proteger el medio ambiente mientras castiga la transición tecnológica”, agregó.
Desde Cambio Radical, el representante Julio César Triana apuntó que el gobierno de Gustavo Petro “no ha demostrado capacidad para ejecutar de manera eficiente ni transparente los recursos que ya tiene”. Añadió que “se ha caracterizado por un pésimo manejo del gasto público, destinando recursos a proyectos cuestionables, burocracia innecesaria y programas que han terminado en escándalos y sospechas de corrupción”.
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Del lado del oficialismo, han dejado claro su respaldo a la medida. La senadora Aída Avella (Pacto Histórico) calificó el proyecto como una “iniciativa responsable con las finanzas públicas” y recordó que existen déficit financiero en el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección.
“Lo inédito es que a todos los gobiernos anteriores les han aprobado más de dos leyes de financiamiento o reformas tributarias”, dijo la congresista.
El representante Pedro Suárez (Pacto Histórico) mencionó que lo que busca el proyecto es que “la plata alcance para lo que de verdad importa: salud, educación y programas para la gente”. Enfatizó en que “no se mete con la canasta familiar, al contrario que pone a aportar a quienes más tienen y a negocios como el de los juegos en línea”.
“Así es como el Gobierno del Cambio quiere que el peso de los impuestos no lo siga cargando la gente, sino que cada quien pague lo que le toca”, dijo.
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La decisión está, en todo caso, en manos de las comisiones económicas, que ya ven con recelo tanto el monto de la reforma como el del presupuesto. Se prevé que sea una discusión agitada, especialmente por ocurrir en pleno año preelectoral.
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