“Llega temprano y en solo 15 minutos podrás tener tu pasaporte en mano”. En esas 13 palabras está resumida la estrategia con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere que –antes del próximo 1° de abril– se entreguen todos esos documentos, tanto los pendientes por reclamar como los que se puedan expedir hasta esa fecha. ¿La razón? Ese día entra en vigencia el nuevo modelo estatal para su elaboración, por lo que desde ahí comenzaría el retiro definitivo de Thomas Greg and Sons.
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La celeridad para entregar todo lo que aún tenga a la multinacional detrás –y que incluye la dura confrontación que tiene el jefe de Estado con esa firma– se ve también en que, a solo ese cuarto de hora, quedó reducido un trámite que podía durar entre uno y dos días, con largas filas y batallas con el sistema para lograr el agendamiento de una cita.
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Este modelo público de pasaportes llega en medio de escándalos, procesos judiciales y preocupaciones debido a la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir el proceso que por más de dos décadas lideró la compañía. Tan tenso ha sido el tránsito hacia el nuevo esquema de producción, que el propio mandatario ya notificó que no acatará ninguna decisión emanada desde los tribunales si esta es adversa a sus propósitos. Incluso, ha cuestionado a Thomas por la participación que tiene en asuntos electorales y por la cual puso a rodar un relato sobre un supuesto fraude electoral que toda la institucionalidad descartó.
El pasaporte elaborado con el esquema oficialista, cuando se trate de la libreta ordinaria de 32 páginas, tendrá hologramas de seguridad identificados son símbolos nacionales, impresión offset y, entre otros elementos, marca de agua multitonal. Lo que se busca es salir desde el próximo miércoles con 50.000 ejemplares, de ahí la necesidad de evacuar los quedan pendientes de la empresa privada.
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La elaboración ahora quedará en manos de la Imprenta Nacional, luego de que quedara en firme un convenio que se firmó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. La base es que esta última capacite y brinde tecnología para que en no más de una década todo el proceso quede en manos nacionales.
Ese convenio, que debe ejecutar Viviana León como gerente de la Imprenta, se firmó por un monto de COP 1,3 billones a 10 años. En sus especificidades quedó establecido que, en promedio, el costo de producción de cada pasaporte será de 17 euros (a costos de 2025), sin incluir otros rubros que al final paga el usuario.
Vea el convenio completo:
Para todo esto es que desde febrero pasado comenzó a llegar el equipamiento necesario y que el país no tenía ni había adquirido. Portugal, según la gerente León, “autorizó la transferencia y donación de maquinaria especializada, sistemas tecnológicos y laboratorios de control de calidad”. Y de paso respondió que, pese a todas las polémicas y a que la Procuraduría le pidiera al Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspender el convenio, hay garantías de transparencia y seguridad para las libretas y que, de acuerdo a lo que dijo, no hay visos de posible corrupción.
“Como ocurre en cualquier cambio estructural de esta magnitud, pueden existir inquietudes o posiciones críticas de distintos actores; sin embargo, el nuevo modelo cuenta con soporte normativo, contractual y operativo para su implementación”, le dijo León a El Espectador.
En esta misma línea, la canciller Rosa Villavicencio le dijo a este diario en una reciente entrevista que el proceso se encuentra en la segunda fase tras las adecuaciones hechas en la Imprenta. Reiteró que habrá un periodo de transición para que todo lo que aún maneja Thomas pase al Estado.
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Según la última de las tres urgencias manifiestas firmadas con esa multinacional, que se suscribió en septiembre pasado, esa fase va hasta el próximo 30 de abril. “El operador saliente mantiene sus obligaciones contractuales hasta el cierre de su ciclo, y durante un periodo de transición de un mes, se garantiza continuidad del servicio sin ruptura operativa”, puntualizó León.
Vea la tercera urgencia manifiesta:
Cuando El Espectador le consultó a Thomas por cómo está asumiendo esa transición y si tiene en su panorama algún recurso jurídico posterior, desde esa compañía –presidida por Felipe Bautista– indicaron que no se hará ningún comentario público al respecto. Una de las razones de estas consultas es que en los inicios del cambio de modelo, cuando se cayó por orden presidencial en 2025 una primera licitación que había ganado esa firma, interpuso una demanda por más de COP 117.000 millones; no obstante, luego la retiró cuando firmó una de las urgencias manifiestas.
Es en esa controversia que el jefe de Estado le ha lanzado varios dardos a la empresa. Ha dicho, entre otras cosas, que cuenta con toda la información sensible de los colombianos y que incluso estaría relacionada con un presunto fraude en materia electoral, ya que manejó la logística del kit electoral en las elecciones del pasado 8 de marzo, lo que –según sus palabras– representaría “un peligro”. Esto lo han desmentido la Registraduría, la Procuraduría y otras instituciones.
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Al respecto, y con miras a este 1° de abril, la canciller aseguró que con el nuevo esquema “el Estado tendrá el control de los datos y la información a buen resguardo de los ciudadanos que saquen un pasaporte. Le decimos a la ciudadanía que no hay ningún riesgo, que en ese proceso de transición los pasaportes se realizarán de forma normal”.
Pero aún quedan las dudas que planteó la Procuraduría ante el Tribunal de Cundinamarca. En efecto, pide anular el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal, alegando que tiene fallas relacionadas con el requisito de financiación mínima. Si bien aún se espera el pronunciamiento del tribunal, el presidente Petro notificó que no lo acataría: “Pasaportes no vuelve a Thomas Greg and Sons, así vuelvan los tiempos de (Alejandro) Ordoñez”. El Espectador quiso ahondar sobre esto con el Ministerio de Exteriores y con Thomas, pero desde ambas partes se negaron a profundizar.
En todo caso, a partir del próximo miércoles y de acuerdo con lo dicho por Villavicencio, Portugal comenzará a producir de manera temporal los pasaportes. Las estimaciones oficiales indican que un usuario pagará entre COP 111.000 y un poco más de COP 300.000 dependiendo de la región donde lo solicite.
Este cambio en el esquema de los pasaportes viene de la mano del propósito del presidente por asegurar que el proceso se haga de manera estatal y no a través de privados. Esto lo ha justificado la Canciller advirtiendo que, según el Ejecutivo, la contratación privada “implicaba un volumen importante de presupuesto, y lo que el Gobierno ha querido es darle esa autonomía al Estado y esa soberanía a la ciudadanía para que sus datos estén depositados de manera segura, en el sentido de no correr riesgo de ser utilizados por terceras personas”.
Sin embargo, Thomas Greg and Sons no es la única empresa que ha manejado datos de identificación de los colombianos, pues Idemia, una firma francesa que lleva más de 20 años trabajando con la Registraduría, es la que proporciona el soporte tecnológico para su procesamiento, aunque son administrados exclusivamente por funcionarios de esa entidad pública.
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Aun así, el presidente insiste en robustecer la Imprenta Nacional. Desde el Ministerio del Interior se decretó en octubre del 2025 que “las entidades públicas del orden nacional en las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial deben contratar con la Imprenta Nacional de Colombia los servicios relacionados con la producción, personalización, distribución, impresión, edición, divulgación y comercialización, de documentos oficiales, publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica”.
Vea el decreto completo:
Toda esta radiografía tiene una polémica que suma más de tres años e igual número de ministros de Relaciones Exteriores. En 2023, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para expedir los pasaportes colombianos, pese a que el proceso ya se había acordado con Thomas. Esa decisión, que no tuvo soporte jurídico según la Procuraduría, derivó en una sanción de 10 años para ejercer cargos públicos; “no existían fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos” para tumbar ese proceso, dijo el Ministerio Público.
Tras la caída de Leyva y en medio de la incertidumbre sobre la expedición de pasaportes, el secretario general de la Cancillería de la época, José Antonio Salazar, firmó en febrero de 2024 una resolución que revocó la declaratoria de desierta de la licitación y confirmó el contrato con Thomas Greg & Sons por casi COP 600.000 millones. Esta acción fue rechazada por el presidente Petro, quien la revirtió y declaró insubsistente al funcionario, acusándolo de “traición” y asegurando que el contrato con la firma era “corrupto”.
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Esta postura fue sostenida por quien llegó a ocupar el puesto de Leyva, Luis Gilberto Murillo, que se negó a firmar el nuevo contrato con la empresa y aseguró en agosto de 2024 que la Imprenta Nacional sería la entidad encargada de expedir los nuevos pasaportes. Sin embargo, Murillo renunció en enero de 2025 en medio de controversias con el jefe de Estado que dejaron el tema de los pasaportes sin resolución clara y con prórrogas que forzaron la continuidad con Thomas a través de la figura de urgencia manifiesta.
Al salir Murillo, llegó a la cartera Laura Sarabia, quien no alcanzó a cumplir más de seis meses en el cargo cuando, el 3 de julio de 2025, tras conocerse el borrador de decreto para avanzar en la transición a la Imprenta Nacional, decidió presentar su carta de renuncia por considerar que este cambio era “inviable”. A pesar de esa renuncia, el contrato se consolidó bajo la administración de la actual canciller Villavicencio y se dejaron de lado todos los conflictos previos, lo cual no implica que estén resueltos.
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En este momento existe incertidumbre sobre la solidez del proceso que comienza, como lo advirtió la Procuraduría. Además, hay dudas en torno a que este nuevo pasaporte sí cumpla con las cualidades de seguridad global que sí tiene el documento anterior y por el que les colombianes pueden entrar a más de 90 países sin visa. Sin embargo, esto es algo que ha comenzado a cambiar debido a abusos de estadía en algunas naciones, como es el caso con Reino Unido. Las ventajas que traía el pasaporte anterior podrían quedar en vilo en medio de la transición promovida por el gobierno Petro, aunque desde la Casa de Nariño el mensaje es claro: todo el proceso en manos del Estado garantiza, según el mandatario, transparencia y soberanía de datos.
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Por Luna Mejía Farías
