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Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, respondió a los informes que la Adres ha publicado en las últimas semanas, los cuales sugieren posibles malos manejos de las EPS en aspectos como autorizaciones de servicios de salud a pacientes fallecidos y fallas en la entrega de medicamentos.
En concreto, Acemi se refiere a dos documentos: “Contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido” y “Contraste de información de registros de medicamentos reportados en la base de prestación de servicios con otras bases de datos de medicamentos disponibles”, elaborados por la Dirección General de Innovación de la Adres.
Ambos informes fueron presentados inicialmente en las mesas de discusión para ajustar la UPC ordenadas por la Corte Constitucional (cuyas conclusiones aún no ha publicado el Minsalud), pero semanas después fueron liberados al público.
Sobre el primero (“Contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido”) ya en El Espectador habíamos contado algunas interpretaciones que apuntaba a conclusiones diferentes a la de la Adres. La Adres señalaba más de 12 millones de actividades en salud registradas como prestadas a personas ya fallecidas, por un valor total de COP 2,3 billones, y que tres EPS concentraban la mayor parte de esos reportes: Sura, Compensar y Savia Salud.
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Sin embargo, El Espectador conoció que las EPS habían respondido previamente a algunos de esos hallazgos, argumentando que la mayoría de los registros correspondían a servicios efectivamente prestados a personas vivas. En el caso de Sura, por ejemplo, se comprobó que el 95,9 % de los servicios señalados como irregulares se habían realizado antes del fallecimiento del paciente. Compensar reportó un patrón similar: alrededor del 98 % de los casos cuestionados correspondían a atenciones válidas, en su mayoría hospitalarias.
En ese sentido, se explicaba que las diferencias se debían, principalmente, a cambios en la metodología de reporte de las fechas de prestación, pues hasta 2022 se registraban las fechas de autorización o cierre del evento hospitalario, y solo desde 2023 se empezó a utilizar la fecha consignada en la factura de la IPS. Al aplicar el nuevo criterio sobre los datos históricos, los registros aparecieron como “posteriores” a la muerte del paciente, aunque no lo fueran. El artículo también subrayó que la Adres contrastó los datos antiguos con reglas nuevas y que los sistemas de actualización de fallecimientos en Colombia dependen de cinco fuentes oficiales que no operan en tiempo real, generando desfases en la sincronización de la información entre EPS, el Ministerio de Salud y la Registraduría.
En su respuesta, Acemi señala que el informe de la Adres parece desconocer las dinámicas administrativas, operativas y de gestión del sistema de salud, relacionadas con la facturación, los desfases en la actualización del estado vital en bases de datos oficiales y las limitaciones de interoperabilidad entre sistemas. El gremio insiste en que, aunque se han hecho mejoras, “aún persisten rezagos en la identificación y reporte de personas muertas en el país”, debido a la dispersión de fuentes como la Registraduría, RUAF, IPS y servicios exequiales. Esto provoca que en algunos casos el fallecimiento se registre semanas o meses después.
El gremio resalta que muchos de estos registros posteriores al fallecimiento se deben a la operación de un sistema complejo: facturación mensual vencida, órdenes médicas emitidas antes del deceso pero registradas después, hospitalizaciones prolongadas y procesos contables que formalizan el egreso días después, especialmente en servicios de alta complejidad o cuidados paliativos. Acemi enfatizó que estos desfases no implican la prestación de servicios posteriores a la muerte, sino ajustes administrativos y auditorías que buscan garantizar la pertinencia y calidad de la atención. Además, el gremio señaló errores de Adres en cruces de información no válidos, como la duplicidad de tipos de identificación (CC y CE) y la inclusión de usuarios vivos entre los reportados como fallecidos.
Puede ver: El Minsalud da el primer paso para crear un Plan Inmediato de Acción en Salud
El gremio indicó finalmente en este punto que las EPS agremiadas han presentado información que desvirtúa el supuesto cobro de UPC por fallecidos y que, en los casos que aún no se ha justificado toda la información, han solicitado a las IPS los documentos explicativos para remitirlos a la Procuraduría, “que es la única entidad que ha realizado oficialmente un requerimiento”, según el gremio.
Aquí puede ver los dos artículos que ha publicado El Espectador sobre el tema:
Nuevas cifras que ponen en duda la versión de que las EPS pagaron servicios de salud a fallecidos
Otra manera de leer los supuestos servicios de salud prestados a 471 mil muertos
¿Y los medicamentos?
Acemi también responde al segundo documento, nombrado “Contraste de información de registros de medicamentos reportados en la base de prestación de servicios con otras bases de datos de medicamentos disponibles”.
Según la Adres, “se identifica en la base de Prestación de Servicios (Suficiencia) un crecimiento sostenido en el valor registrado en medicamentos”, con un aumento del 30,9% en las cantidades y del 35,6% en el valor total. Acemi señala, sin embargo, que este incremento se debe principalmente a la ampliación del Plan Básico de Salud (PBS), que incluyó nuevos procedimientos, medicamentos y tecnologías de salud a través de las resoluciones 2292 de 2021 y 2808 de 2022. La primera resolvió la inclusión de 912 grupos de medicamentos en el PBS, aumentando la cobertura de la UPC del 60,8% al 87,35%, mientras que la segunda incorporó fórmulas magistrales y derivados de cannabis, explicando, según las EPS, gran parte del crecimiento reportado por el “banco de la salud” en su informe.
El gremio también cuestiona la metodología utilizada por la Adres para contabilizar los medicamentos. Acemi señala que “la inadecuada medición de las cantidades consumidas y dispensadas conlleva graves errores en los hallazgos del informe”, debido a la variedad de unidades de facturación (presentación comercial, unidades de dispensación, concentraciones mínimas) y a la falta de homologación.
Puede ver: 16 centros de salud “fantasma” que le cobraron al sistema COP 12.000 millones
Sobre los precios, las EPS advierten que el uso de la Circular 13 de 2022 para evaluar toda la vigencia 2022 es un error metodológico, porque la actualización de precios se aplicó meses después de la promulgación del PBS. Además, tanto IPS como otros actores pueden incluir márgenes logísticos y de utilidad, contemplados en las circulares y regulaciones vigentes, lo que explica, según el gremio, las diferencias con los precios máximos de venta reportados.
Respecto a la presunta dispensación de medicamentos sin autorización de comercialización que denuncia la Adres, Acemi explica que algunas IPS y gestores farmacéuticos deben proveer medicamentos vitales no disponibles o importarlos por decisiones judiciales o de salud pública. También aclara que algunos registros estaban en trámite, suspendidos o en actualización, lo que permite su dispensación legalmente bajo condiciones excepcionales. Finalmente, el gremio reiteró su solicitud al Ministerio de Salud de disponer de información anonimizada para estudios y contrastes, con el fin de mejorar el análisis de datos vitales para decisiones como el incremento de la Unidad de Pago por Capitación, garantizando el acceso y la prestación de servicios de salud para los colombianos.
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