El Espectador le explica lo que está pasando con los medicamentos en Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Filas interminables de personas que buscan reclamar un medicamento, docenas de quejas al frente de farmacias y otras compañías de salud. El presidente Gustavo Petro pidiendo que se ‘allanen’ las bodegas en donde se almacenan estos productos. Acusaciones de monopolios y sus consecuencias, de precios inflados y elevados artificialmente. De acaparamiento. Y, en la otra orilla, los que argumentan problemas financieros, deudas muy viejas y pagos a 200 días, lo que pone en afugias económicas a cualquier empresa y que ha sido un componente de la crisis actual. Pero todo esto, para sumar, es un debate álgido en medio de una discusión en el Congreso por la reforma a la salud, una de las apuestas de campaña de la actual administración. De todo esto se trata este boletín de noticias y por eso lo vamos a escribir con ayuda de todos los contenidos que han publicado los colegas de la sección Vivir, el equipo periodístico que sigue atento la información sobre la salud en Colombia.

Pero antes de aterrizar en la coyuntura, les recomendamos los siguientes tres extensos y documentados contenidos que hemos hecho este año y que están relacionados con la conversación actual: El Espectador le explica cuáles son las proyecciones para 2025 (donde nos recordaron que el sistema de salud traía un déficit cercano a los $11 billones al cierre de 2024), El Espectador le explica en qué va el debate de la UPC y el sistema de salud (pues el aumento del 5,3 % fue la cifra de la discordia, una más, entre el Ejecutivo y los gremios médicos que tienen evidentes diferencias en cuanto al cómo encontrar la sostenibilidad financiera del sistema); y, para sumar a toda esta urgente conversación, El Espectador le explica la reforma a la salud y lo que se viene en el Senado, tras la aprobación del proyecto en Cámara de Representantes, en medio de la deteriorada relación entre el Senado y el Ejecutivo, toda vez que Petro llamó a una consulta popular, y los ánimos están más que caldeados. Ahora sí, con este contexto, vayamos a la coyuntura.

“Durante los últimos meses, organizaciones de clínicas y hospitales de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá han alertado sobre la delicada situación financiera en la que están. Algunas han tenido que cerrar servicios y se han visto en dificultades para mantener a su talento humano”, escribía Juan Diego Quiceno. En otro de sus reportajes, este relacionado a temas de salud mental, nos informaba: “Con solo 4,3 psicólogos y 3,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, el acceso a la atención sigue siendo limitado”. Y en uno más nos recordó que para acceder a un trasplante en el país hay que esperar entre dos y tres años, que no es una meta que logra cruzar todo el mundo, pero que entre quienes lo logran, el siguiente reto es conseguir los medicamentos y las autorizaciones de las EPS. Sobre todo esto, dejamos a continuación los completos contenidos que nos explican estos temas a fondo:

Salud

Los desafíos de la salud tocan la puerta de los consultorios médicos

Salud

El último año se han cerrado 530 camas para atender salud mental en Colombia

Salud

Lograron un trasplante de órgano, pero ahora el lío son los medicamentos

Salud

Sociedades científicas exigen rectificación a Petro: “No nos vendemos ante ningún postor”

La conversación nacional se iba direccionado en la reforma a la salud después de que, justo el 18 de marzo, mientras tenían lugar las marchas convocadas por el Gobierno, la Comisión Séptima del Senado hundía la reforma laboral. Precisamente el primer mandatario, Gustavo Petro, se había ido lanza en ristre contra los profesionales de la salud: “Los expertos, los hombres y mujeres de la ciencia, se venden al mejor postor”, escribió el presidente en su cuenta de redes sociales de X. Eso sucedió dos días antes de que comenzaran las mesas técnicas ordenadas por la Corte Constitucional y que tienen como finalidad elevar el debate del ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, UPC.

“Decía el filósofo que la verdad la imponía el poder. Cada día que pasa con la salud en Colombia lo confirma. Bajo qué precepto o ley fundamental científica está escrito que la salud es mejor si es un negocio. Traficar con la muerte es de vampiros, no de hombres de la ciencia”, redactó Petro. Entonces la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) le respondió en una carta donde “lamentan que el mandatario se refiera a quienes trabajan día a día salvando vidas como “mercaderes o traficantes de la muerte”, afirmando que estas palabras no solo son injustas, sino que además desconocen la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano y las difíciles condiciones en las que operan los profesionales del sector. “Nosotros, el sector salud, no nos vendemos ante ningún postor””, nos contaron los colegas de la sección Salud. La ACSC le pedía a Petro que rectificara sus declaraciones.

Y a la par, otra carta se hacía pública con un llamado de atención al Ejecutivo. Entre los firmantes están Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz y Eduardo Alvarado, entre otros. Era un grupo de exministros y exviceministros de Salud, quien hacían un llamado a la cartera que hoy lidera Guillermo Alfonso Jaramillo y al Ejecutivo en general, advirtiendo que las decisiones relacionadas con la UPC se deben basar en estudios rigurosos, para que se reflejen “de manera precisa” las necesidades de la población y los costos reales de la atención en salud. “Ignorar esos fundamentos pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, limita el acceso oportuno a los servicios de salud y afecta la calidad de la atención, con consecuencias directas y graves para la vida y el bienestar de los pacientes”, se leía en la carta.

El nuevo dolor de cabeza de los hospitales y clínicas: la facturación electrónica

Los firmantes aseguraban que entre los efectos negativos de toda esta situación ya se evidenciaban los retrasos en la atención de salud, el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de servicios y la falta de atención especializada. El documento también planteaba que en el cálculo de la UPC de 2025 se incurrió en falsa motivación y hubo informes sesgados. Y entonces, con toda esta previa, el país llegó al día uno de la instalación de las mesas de trabajo relacionadas con la UPC. Con las ya diferencias acostumbradas entre las partes (Gobierno - representantes de sociedades médicas y gremios). Ese mismo día el propio ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reconocía lo que muchos analistas venían alertando: “Hoy el sistema está colapsado”. Y volvió a defender “los cálculos de la UPC” señalando que los datos de las EPS son “distorsionados” e “inconsistentes”. También cuestionó la orden de concertar la UPC -por parte de la Corte- y su declaratoria de insuficiencia, argumentando la falta de información confiable”.

Más y más gremios pedían estar en las mesas de discusión, y justo cuando eso sucedía, explotó una bomba de tiempo que ya era evidente hace meses para muchas personas que exigían el derecho al acceso a los medicamentos; el presidente Petro lanzó nuevas acusaciones y la crisis en el sistema de salud se iba haciendo cada vez más evidente. Pacientes y sus familiares, por docenas, contaban sus propias historias detrás la consecución de medicamentos y la travesía en la que se ha convertido conseguir uno de estos tratamientos:

Salud

Petro pidió allanar “bodegas de medicamentos”, pero la realidad es más compleja que eso

Salud

En medio de dificultades en el acceso a medicamentos, Supersalud denuncia amenazas

Salud

Problemas en acceso a medicamentos: Minsalud defiende que Gobierno sí ha pagado

Salud

Petro publicó una gráfica sobre PQRs en salud, pero su interpretación genera dudas

Pero ¿quién tiene la razón en todo esto y qué es lo que pasa? ¿Es un tema de financiación? ¿Es un tema político que está dejando en medio la salud de los colombianos? Cada esquina de este cuadrilátero tiene sus propios argumentos. Por el lado del Gobierno, desde los tiempos de campaña, estaba claro el camino a seguir: una reforma estructural al sistema de salud. ¿Y eso en qué va? Tras dos años largos de discusión vamos en una propuesta de reforma que no pasó en el Congreso, y una segunda que busca ser aprobada por el Senado porque ya pasó en la Cámara de Representantes. Críticas por docenas de muchos de los mismos protagonistas de este sector y, en línea con los hechos, un proyecto que no convence a los que saben de ello y que se convirtieron en los mayores críticos del Ejecutivo. Todos los detalles de lo que contiene esa reforma a la salud están en este enlace, pues hay modificaciones profundas en actores como las EPS, el cómo se manejarían las finanzas de todo el modelo, el papel del llamado banco de la salud, Adres; las forma en la que se harían los pagos por los servicios de salud, el protagonismo de la Unidad de Pago por Capitación, la forma en la que se debería definir su ajuste, entre otros.

En la otra esquina hay muchos gremios que, como lo hacen este tipo de actores en todos los demás sectores de la economía, defienden los intereses de sus agremiados, pues en todo esto hay inversiones millonarias. Así ha funcionado durante años. Allí exponen, por ejemplo, incumplimientos en los pagos que debería hacer el Gobierno, razón por la cual se ha venido creando una falta de ingresos económicos en todos los eslabones de la cadena, afectando, por ejemplo, a las EPS (hoy hay nueve intervenidas por la Superintendencia de Salud), en la misma línea a clínicas y hospitales, a proveedores de estas, y hasta en el dinero necesario para contratar y pagar salarios.

Hablan, en unos casos, de pagos pendientes por servicios que prestaron hace 200 días, otros dicen que hace 600 días ‘no se asoma la cara de Bolívar’, como decían los abuelos cuando no había plata haciendo referencia a los billetes con el rostro del prócer. Y cada esquina saca sus propios números, saca sus propias cuentas, muestra sus propias pruebas. Una realidad que no es nueva ni es de este gobierno, que tiene más de una década de cola -atravesamos una pandemia-, por eso no resulta fácil ni entenderlo ni solucionarlo. Lo que sí es nuevo es la larga fila de personas tratando de conseguir un medicamento, rogando por atención, y ver a un presidente hablando de acaparamiento de ellos.

¿Qué más decían las declaraciones de presidente Gustavo Petro? Precisamente eso: “El acaparamiento va contra la ley. Es criminal porque asesina. Si acaparan, iremos por los medicamentos. Llegó el momento de democratizar los gestores de la salud. EPS que quiera transformarse en gestora farmacéutica y abandone sus funciones de intermediaria financiera, como la actual ley permite, será bien recibida por el gobierno”, escribió.

¿Qué entender de este mensaje? Nos lo explicaron los reporteros que siguen a diario esta información: “Ese mensaje generó mucha confusión por dos razones principales. Primero, no existe ninguna ley vigente que permita la transformación de las EPS en “gestoras farmacéuticas”. Lo que sí hay es un proyecto de reforma a la salud que, en caso de ser aprobado, permitiría la transición de las EPS a lo que el Gobierno denomina Gestoras de Salud y Vida. No obstante, una Gestora de Vida no equivale a un gestor farmacéutico. Mientras la primera tendría la función compartida de coordinar y garantizar la atención integral de los pacientes dentro del sistema de salud, incluyendo la gestión del riesgo en salud y la articulación con prestadores de servicios, el segundo se enfocaría, como lo hacen hoy, en la adquisición, distribución y dispensación de medicamentos. Solo en 2024, estos segundos dispensaron 227 millones de medicamentos, representados en 105 millones de fórmulas, a 36 millones de usuarios, según cifras de Fenalco, organización que agremia a estas entidades”.

¿Y cuál es la segunda razón? “El segundo punto de confusión en el mensaje de Petro surgió con la frase “Si acaparan, iremos por los medicamentos”. La inquietud creció aún más cuando, en una declaración pública en Norte de Santander, el mandatario agregó: "Yo le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que se vayan contra el gobierno, (...) se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles". Desde el ámbito jurídico, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, enfatizo que “las investigaciones deben ser actos ordenados, donde cada entidad actúe dentro de sus competencias y donde ciertas diligencias requieran autorización de los fiscales”. En otras palabras, un allanamiento no puede ejecutarse de manera arbitraria ni por orden del Ejecutivo. En la misma línea, la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, precisó: “Los allanamientos a centros privados y cerrados deben ser autorizados por un juez. Las autorizaciones para espacios públicos donde puede haber y se detecte que estos medicamentos se están escondiendo, son de las autoridades de salud”.

Relevo en Savia Salud, una EPS clave de Antioquia: Supersalud nombra nuevo interventor

Ahora, entrando al detalle, de acuerdo con la entidad encargada de vigilar el sector, “en el país operan alrededor de 137 gestores” de salud, pero “solo unos pocos de ellos tienen un alcance nacional, entre ellos, los más famosos: Audifarma y Cruz Verde, que son, también, los más grandes del país”. Pero ¿qué pasa con los medicamentos? “Personas que van con su fórmula y no les entregan los medicamentos o se los entregan parcialmente. Cuando queda pendiente algún medicamento, no se está cumpliendo que se lo lleven al domicilio dentro de las 48 horas siguientes, como estipula la ley. Incluso, encontramos pacientes que tienen medicamentos pendientes de 4, 5 o 6 meses”, dijo Ana Belén Arteaga, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño.

Lo que sucede es que, en Colombia, hay dos canales de distribución de medicamentos: el institucional y el comercial. El primero es el que tiene que ver con las EPS y los dispensarios a donde tradicionalmente vamos a reclamar los medicamentos que nos formulan. El segundo, las farmacias privadas a donde vamos a comprar y pagar de nuestro bolsillo. Gaitán, de Afidro, dice: “Nadie está acaparando ni hay un problema de escasez. Pero el canal institucional está colapsado porque no hay flujo de recursos, y cuando eso pasa, la cadena se detiene. Y como los laboratorios tienen el modelo de hacer acuerdos privados por el canal comercial, lo que no se está distribuyendo por el institucional, se está haciendo por el comercial. Los medicamentos que no están teniendo flujo, por un lado, están llegando al otro”. Así las cosas, no hay disponibilidad en los dispensarios, pero sí en los comerciales. El problema es el costo: ¿Por qué tenemos que pagar si los debería cubrir el sistema de salud, al que además ya le estamos aportando mes a mes lo que somos trabajadores formales y también lo hacemos por nuestras familias?

El asunto es que las EPS le tienen que pagar a esos gestores de salud (los que nos entregan los medicamentos cuando vamos con fórmula en mano después de la consulta médica), no solo las deudas viejas (que se llama cartera vencida) sino las que adquieren en el día a día (deuda corriente). Pero las EPS dependen de giros que están en poder del Gobierno. Y a esta ecuación se le suma una variable determinante: “Las EPS intervenidas (hoy son nueve) han manifestado que no pagarán las deudas previas a la intervención y solo cubrirán los servicios que se facturen a partir de ese momento”, nos dijo hace unos días Giovanny Rubiano García, superintendente de Salud. Así las cosas, sin plata no hay paraíso, dice otro viejo adagio.

La consulta popular no incluirá la reforma a la salud: esto se sabe

La realidad, para no dar tantas vueltas, es que se están pagando las deudas corrientes, pero no la cartera vencida. Y, ¿por qué? Se lo explicó Belén Arteaga, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, a los reporteros de El Espectador: algunas EPS continúan haciendo pagos parciales en el día a día, pero la acumulación de deudas sigue generando presión sobre toda la cadena. ¿Y por qué las EPS no están pagando su cartera vencida? “Entendemos que esto se debe a una directriz que emitió la Contraloría el año pasado en virtud de la cual las EPS no pueden usar la UPC para pagar deudas de vigencias anteriores. Eso ha conducido a que las EPS no paguen cartera de años anteriores”. Una vez más, este problema es de gran ‘calado’.

Se sabe, además, que funcionarios de la Supersalud, Nueva EPS y Disfarma han sido víctimas de amenazas en el Valle del Cauca, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de los problemas en “la entrega de medicamentos tras la terminación del contrato entre Nueva EPS y Audifarma, lo que ha generado bloqueos y largas filas de pacientes”. Y como ya está claro que el asunto es de dinero, “mientras el Ministerio de Salud señala que ha girado más de $1,6 billones en cinco meses, los gestores farmacéuticos alertan sobre una deuda de $4 billones y pagos pendientes de más de 600 días”. Cada uno tiene su propia versión. Para sumar, “el presidente Gustavo Petro compartió un gráfico asegurando que las quejas en las EPS intervenidas han disminuido gracias a su reforma parcial al sistema de salud. Sin embargo, expertos como Zulma Cucunubá y Johnattan García Ruiz advierten que la comparación utilizada es engañosa, ya que no tiene en cuenta la estacionalidad”.

Entonces circularon imágenes difundidas por Gustavo Petro tras la acción de la Superintendencia de Salud en una bodega de Audifarma en el centro de Bogotá, donde supuestamente había “acaparamiento de medicamentos” para no entregarlos a los pacientes. La imagen era de la Supersalud y hablaban, literalmente, de “acaparamiento de insulina”, pero en realidad era “un medicamento usado para tratar el hipotiroidismo”:

Salud

Fenalco le responde a Petro: bodegas no acaparan medicamentos, almacenan para distribución

Salud

Detalles de la auditoria que realizó la Supersalud en la bodega de Audifarma

Salud

Defensoría del Pueblo pide medidas urgentes por situación del sistema de salud

Salud

Convocan mesa de trabajo para abordar problemas en el acceso a medicamentos

¿Qué mensaje envió la Defensoría del Pueblo? Vamos con datos entregados por la entidad y contados por los colegas de la redacción de Salud: las quejas frente al acceso a servicios de salud, medicamentos y otros componentes, que desde 2010 son las principales quejas que recibe la entidad, han incrementado en 75,7 % durante 2023 y 2024. Las principales quejas que tiene documentada la entidad son la falta de acceso a medicina especializada, que presentó 9.349 quejas en 2024, frente a 4.262 en 2022; acceso a otros servicios médicos esenciales, que pasó de 4.607 quejas a 7.714 en los mismos años; y el retraso en la entrega de medicamentos, que en los primeros meses de 2022 tuvo 2.123 quejas y pasó a tener 5.284 en los primeros meses de 2025”. Esta frase de Iris Marín, defensora del Pueblo, en el comunicado de prensa, es más que concluyente: “La crisis del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos”. Y agregó, en la búsqueda de un camino urgente: “No podemos permitir que los problemas de accesibilidad ahora se conviertan en problemas de disponibilidad. Con o sin reforma, se deben tomar medidas inmediatas para garantizar el derecho fundamental a la salud”.

Y, ¿qué se sabe de lo que pasó en la bodega de Audifarma? “La Supersalud reveló la lista de medicamentos encontrados en el centro de distribución, algunos de los cuales estaban reportados como “pendientes” en puntos de dispensación”. ¿Qué tarea tenía la entidad regulatoria? “Los funcionarios buscaban determinar si los medicamentos que aparecían como pendientes en el punto de dispensación estaban disponibles en el centro de distribución, o si existía alguna inconsistencia en su almacenamiento y distribución. Según dice la Supersalud, se encontraron existencias de medicamentos en el centro de distribución, que se encontraban como “pendientes” en el punto de dispensación. Entre ellos, se identificaron fármacos de uso común para el tratamiento de diversas condiciones de salud, como la atorvastatina 20 mg, utilizada para el control del colesterol, con 980 unidades pendientes para 34 registros. Con “registros”, la Superintendencia de Salud hace alusión a la cantidad de solicitudes o pedidos individuales de un medicamento en el punto de dispensación. Es decir, cada vez que un paciente requiere un medicamento y este no está disponible en el momento, se genera un registro de “pendiente””.

Los detalles sobre cada uno de los medicamentos aparecen en este enlace, pero Fenalco, en voz de su presidente, Jaime Alberto Cabal, sentó su posición al respecto y aseguró que “lo que se ha mostrado como una prueba de acaparamiento es la operación normal de una bodega donde se almacenan medicamentos para su distribución”. Y recalcaron que la existencia de insumos en un centro de distribución no significa que haya una intención de retenerlos indebidamente, sino que forman parte del flujo logístico necesario para atender la demanda del sistema de salud.

Ahora, ¿en qué vamos? El problema está más vivo que nunca. Como pasa en muchos otros casos, aquí ya se convocó una mesa de trabajo para tratar de encontrar caminos que lo solucionen. Como en otros enfrentamientos anteriores del Ejecutivo con distintas empresas en el país, el Minsalud insistió en levantar el velo corporativo en el sistema de salud con el objetivo de saber quiénes son los dueños de las empresas que hoy hacen parte del sector. Pero para que eso suceda, en la práctica, necesita primero que la Contraloría adelante una investigación en curso en contra de alguna gestora de salud o EPS. Y si no es el caso, tiene que haber un proceso judicial en el que un juez considere pertinente levantar el velo corporativo de estas empresas.

Y este miércoles, 26 de marzo, mientras se seguían registrando interminables filas de pacientes y sus familiares en busca de un medicamento, el ministerio de Salud denunció penalmente a Audifarma por presunto acaparamiento de medicamentos. “En el documento, firmado por Rodolfo Enrique Salas Figueroa, director jurídico del Ministerio, se argumenta que Audifarma habría restringido la entrega de medicamentos esenciales a los afiliados de Nueva EPS”. Una solución a la vista no aparece, para ser claros y sinceros. El país necesita que el Gobierno y los actores de la salud lleguen a acuerdos concretos, porque la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil de todos, y ese eslabón se llama pacientes. Los mismos que hoy están sufriendo como consecuencia de que nuestros líderes, sean públicos o privados, no se logran poder de acuerdo y llevar este barco hacia el buen puerto que todos esperamos y les confiamos.

Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles.

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