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Ante la posible liquidación de EPS en el país, un asunto que mencionó el presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) emitió un comunicado. “Manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias que esta decisión podría tener en la salud de los colombianos”, expresó.
Como hemos contado en El Espectador, no está claro qué entidades serían sujeto de la medida, pues el presidente Petro habló de EPS “en quiebra”, pero no dio más detalles. Tampoco hay certeza sobre cuáles serían las receptoras.
“Si solo consideramos a las EPS que hoy están intervenidas para administrar, eso sin tener en cuenta a la Nueva EPS, sobre la cual el gobierno ha dado señales de querer mantener bajo su control, se verían afectados 11,8 millones de afiliados”, estimó la ANDI. “Sin embargo, si el criterio para elegir las EPS a liquidar es diferente, la magnitud del problema podría ser mayor”.
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Frente a ese escenario de incertidumbre, la asociación afirmó que la liquidación y la salida de actores del sistema implicaría el traslado masivo de afiliados, y se podría poner en riesgo la continuidad de tratamientos de los usuarios, además de su derecho de libre elección.
Un traslado de tal magnitud, dijo, podría romper la trazabilidad y producir demoras en las citas, entrega de medicamentos, remisiones y procedimientos, sobre todo para quienes dependen de redes clínicas estructuradas. Entre esas personas, la ANDI resaltó a pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, diálisis, VIH, crónicos respiratorios, de salud mental, en embarazo de alto riesgo o en recuperación post-hospitalaria.
Otro impacto al que se refirió es el que podrían tener las EPS receptoras de afiliados, al enfrentarse a la pérdida de su capacidad operativa para atender a pacientes con tratamientos en curso, así como la negociación de nuevos contratos con la red prestadora y lo proveedores de tecnologías en salud.
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La asociación también afirmó que la decisión de liquidar EPS tendría serias afectaciones económicas debido al desconocimiento de las deudas acumuladas entre los actores del sistema, “poniendo en riesgo la continuidad de toda la cadena de valor, incluso el reconocimiento de salarios y honorarios al talento humano en salud, así como su continuidad laboral”.
Con eso en mente, la ANDI hizo un llamado a evitar un mayor deterioro del sistema de salud con la implementación de medidas que considera “improvisadas”. Para la asociación, la liquidación de las EPS sería un mecanismo “de facto” para evadir decisiones judiciales y trasladar pacientes a la Nueva EPS.
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Cabe recordar que, hace unas semanas, el Ministerio de Salud reveló su intención de trasladar al menos a 2.4 millones de pacientes a esa Nueva EPS, con el fin de reorganizar el mapa del aseguramiento en Colombia. Sin embargo, dicha apuesta está en pausa por una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que otorgó medidas cautelares “para evitar un daño inminente en las condiciones de vida digna, salud e integridad de las personas que se verían obligadas a trasladarse a esa EPS”, apuntó la ANDI.
La asociación, además, recordó que de acuerdo con la Corte Constitucional, la crisis financiera del sector salud tiene su origen en la insuficiencia de la UPC y en un rezago que ha venido aumentando desde 2021. Aunque el alto tribunal ordenó concertar el valor de la UPC y el monto del rezago, así como la expedición de una normativa que estableciera un periodo de transición para el cumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, el Gobierno, dijo la ANDI, no ha cumplido las órdenes.
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