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Desde el pasado 3 de abril se venció la resolución que mantenía la extensión de la intervención de la Nueva EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Hasta ahora, no hay un comunicado oficial que explique si habrá una prórroga o si se levantará la medida.
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Esta situación ha generado incertidumbre dentro de la entidad, como le confirmaron fuentes internas a El Espectador. De hecho, dicen, Luis Óscar Gálvez Mateus, actual interventor, se despidió de la empresa el pasado lunes 6 de abril y señaló que permanecería en la entidad hasta el miércoles 8.
Hasta el momento, ni Nueva EPS ni la Superintendencia de Salud se han pronunciado para aclarar la situación de la entidad, que es la única aseguradora con presencia en todo el territorio nacional y cuenta con más de 11,5 millones de afiliados.
Nueva EPS, como lo contamos en este artículo, afronta desde octubre de 2025 una de las crisis más importantes de su historia. Así lo muestran una serie de datos internos a los que tuvo acceso El Espectador y que son producto de informes de gestión que revelan un deterioro profundo en la prestación de los servicios de salud, las finanzas y la red de atención de la entidad.
Los datos muestran, por ejemplo, que las dificultades para acceder a medicamentos han afectado al 17,5 % de los afiliados de la EPS: entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160 %. La situación ha impactado especialmente a grupos de pacientes críticos.
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De hecho, las cifras señalan que el 91 % de los pacientes trasplantados presentó medicamentos pendientes (es decir, no recibieron los fármacos al momento de solicitarlos o estos no se entregaron), y el 90 % de quienes perdieron un trasplante (46 de 51) tuvo un acceso inadecuado a medicamentos y debió regresar al proceso de diálisis.
Otro de los datos que llamó la atención es el de los pacientes que necesitan ser trasladados a un hospital con mayor capacidad de atención o con especialistas. Según la información a la que accedió este diario, ahora deben esperar más horas.
En promedio, pasaron de un tiempo de espera de 33,7 horas en junio de 2024 a 52,9 horas en julio de 2025. Esto aumenta el riesgo de que su condición se agrave o de que se retrasen diagnósticos y tratamientos.
Las finanzas tampoco van bien, pues la entidad ha incrementado los anticipos a las IPS, que pasaron de COP 4.681 millones en 2023 a COP 7.439 millones en 2025 (con corte a agosto). Esta tendencia coincide con lo señalado por la Contraloría en uno de sus informes sobre la EPS, que reporta un aumento del 155 % en los anticipos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
En esta situación tampoco se puede perder de vista la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro hace poco más de un mes, cuando planteó la posibilidad de que millones de colombianos sean trasladados en los próximos meses de su EPS a otra.
Uno de los temores de la propuesta, como explicamos en esta nota, es que de los traslados obligatorios masivos de cerca de seis millones de usuarios entre EPS, alrededor de 2.600.000 serían trasladados a la Nueva EPS, entidad que está intervenida desde el 3 de abril de 2024.
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Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), señalaba en ese entonces que la EPS no podría recibir esa cantidad de usuarios.
“Hoy vemos una red inestable, un aumento en las tutelas y en las quejas, y un sufrimiento de los pacientes. A eso se suman los problemas financieros, empezando por la cartera con los hospitales, y la opacidad, porque no hay estados financieros. Uno se pregunta si esa entidad es capaz de sostener un nivel de aseguramiento de ese tamaño”, añadía.
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