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A los paisajes capitalinos que abrazan con los Cerros, en Bogotá, como en muchas de las urbes del mundo, el cielo está también enredado entre el cableado de los postes. Esa es la discusión que volvió a traer el concejal Juan David Quintero al insertar a la polémica reforma tributaria de Galán, que busca precisamente actualizar el alumbrado de la capital por medio de más impuestos, una proposición (ya fue aprobada) que añade otra obligación: enterrar el cableado existente, prohibir nuevas redes aéreas y retirar el que está en desuso. De la idea se viene hablando desde el POT de 2022 y con el proyecto de Ley 024 de la Cámara, pero el primero no lo reglamentó y el segundo sigue en trámite. Este nuevo pulso intenta dar el salto a la obligatoriedad.
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La proposición
Si bien la transición de cableado aéreo a soterrado ya es un camino adoptado, al menos desde 2021 con el artículo 222A del POT (Decreto Distrital 555 de 2021), la tarea requiere más que voluntad.
Los datos recopilados por la proposición de Quintero indican que, de los 8.446.885 metros de red asociada al sistema de alumbrado público, 6.112.440 corresponden a red aérea: es decir el 72,36% del total, según cifras de la UAESP. No obstante, el dato solo incluye el alumbrado y no el cableado de telecomunicaciones, por lo que dato está incompleto.
De hecho, ese es uno de los puntos que subraya el documento de la proposición: “Hay un vacío de información determinante. La Secretaría del Hábitat manifestó que no cuenta con información detallada y verificable sobre los kilómetros de redes aéreas existentes en Bogotá ni sobre cuántos están en desuso, y que los inventarios georreferenciados de las empresas no son accesibles para el Distrito, pues las de telecomunicaciones han opuesto reparos de competencia para entregarlos al Catastro de Redes y Usuarios de Servicios Públicos”.
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Adicional a los impactos en el paisaje de la ciudad, los cables en el aire pueden traer mayores riesgos en seguridad. Por ejemplo, en lo corrido de 2025 se registraron 99 órdenes de trabajo por fallas clasificadas como riesgo eléctrico, otra porción de órdenes fueron por la interferencia del cableado con el arbolado urbano, lo cual obliga a activar inspecciones coordinadas con la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá.
La idea de esta proposición es que Bogotá avance progresivamente en el soterramiento de las redes aéreas de servicios públicos y de telecomunicaciones instaladas en el espacio público, siempre y cuando lo permitan las condiciones técnicas, urbanísticas y medio ambientales. En concreto la propuesta añade un artículo al proyecto de reforma en que:
- Se prohíbe instalar nuevos cables aéreos.
- Obliga a las empresas responsables de cables ya instalados y en desuso a presentar un plan de retiro, con plazos definidos. Si no lo cumplen, el Distrito puede hacer el retiro y cobrarles el costo.
De acuerdo con Quintero, “el objetivo de soterrar redes ya está establecido en el POT (Decreto 555 de 2021), pero nunca se ha reglamentado ni aplicado en la práctica, y hoy no existen sanciones ni herramientas para exigirlo. A nivel nacional existe una norma (Resolución CRC 7120 de 2023) que permite el retiro de cables en desuso, pero la propia Secretaría del Hábitat reconoció que es insuficiente porque no obliga a nadie, y recomendó justamente crear esa obligación”.
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Proyecto de Ley busca obligatoriedad a nivel nacional
Desde el congreso, el Proyecto de Ley 054 de 2025 de la Cámara) también propuso, en octubre de 2025 (pero con alcance nacional) hacer obligatorio el soterramiento en las nuevas urbanizaciones del país, asignando el costo de la infraestructura subterránea a los constructores, urbanizadores u operadores. Dicho proyecto, en la actualidad, ya cuenta con informe de ponencia positiva radicada para su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara.
Lo radicó un grupo de congresistas integrado por 19 Representantes a la Cámara y 6 Senadores de diferentes partidos. En el documento del proyecto resaltan estudios que indican que el cableado subterráneo puede aumentar la valorización predial en un 5 %, elevar la presencia de árboles urbanos en un 35 % y prolongar la vida útil del pavimento al reducir su exposición directa al calor y rayos UV. Además, impactaría también la confiabilidad del servicio, pues los datos arrojan que puede eliminar entre el 50 % y 60 % de las interrupciones del servicio causadas por vientos, tormentas o contacto con ramas.
Ambos proyectos también quieren recuperar espacio en los andenes y mejora la movilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida, no obstante, el otro reto es financiar estos cambios y asignar responsabilidades.
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¿Quién asumiría los costos?
Los costos de esta modernización son altos. Entre 2016 y 2019, la empresa Enel (antes Codensa) destinó inversiones por más de 60 millones de euros para las obras de subterranización adicionales. Las cuentas del POT que presentó la Alcaldía de Bogotá a principios de 2019, buscaba que en doce años el 60 % de las redes eléctricas de la ciudad estuviesen bajo tierra, pero el valor estimado era de COP 4 billones, inversión que luego sería cobrada a los usuarios si contaba con autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
En contraste, tanto la proposición del concejal Quintero como el proyecto de ley del congreso, proponen que el costo del soterramiento debe ser asumido en su totalidad por los prestadores u operadores propietarios del cableado. El cabildante señaló que el Distrito podrá retirar los cables en desuso y luego cobrar dicho retiro a los responsables, no obstante, aclaró que no se trata de un impuesto, sino simplemente la recuperación del gasto público.
¿Qué sigue?
Con la aprobación de la Proposición Aditiva del concejal Quintero, para que la ciudad pueda decir que hay una obligatoriedad de enterrar el cableado, falta que el Proyecto de Acuerdo 724, es decir la reforma de Galán, continúe con su discusión y votación en la Plenaria del Concejo; una vez aprobado y sancionado el acuerdo, la Alcaldía tendrá seis meses para expedir una reglamentación, fecha a partir de la cual las empresas operadoras contarán con un año para presentar sus planes de retiro de cables obsoletos e iniciar su ejecución dentro de un plazo máximo de diez años.
No obstante, algunas entidades encargadas como la UAESP o Hábitat o ETB, se abstuvieron de pronunciarse ante la posible obligatoriedad que traería consigo esta proposición.
Por otro lado, el Proyecto de Ley No. 054 de 2025 deberá superar los cuatro debates reglamentarios antes de que la norma sea aprobada y sancionada para tener un impacto a nivel nacional.
Entre tanto la discusión está sobre la mesa y el cambio ya está planteado en dos frentes, del Concejo al Congreso, una propuesta que podría nutrir la ansiada modernización del alumbrado que llevó al Distrito a embarcarse en la polémica reforma tributaria que, a pesar de todas las críticas, podría terminar incluyendo el paso definitivo para enterrar el cableado aéreo de la ciudad.
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Por Juan Camilo Parra
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