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Superado el golpe inmediato de un terremoto que dejó más de 335 víctimas y enormes desafíos para el sector salud, y mientras la reconstrucción de los hospitales afectados por el desastre sigue pendiente, las aguas del sistema de salud están, otra vez, agitándose.
Las últimas reuniones de la ministra de Salud, Ana María Vesga, con distintos actores del sector, así como algunas de las decisiones adoptadas por su cartera y por el Gobierno, han dejado un sabor agridulce. Varias de las expectativas que había con el cambio de gobierno no se han concretado y, por ahora, parecen estar lejos de hacerlo.
Para algunos altos dirigentes del sector farmacéutico y prestador que hablaron con este diario bajo condición de anonimato, lo que está ocurriendo no resulta del todo sorpresivo. “Cuando se ha sido tan vocal frente al manejo de una crisis y después toca llegar a enfrentarla, es normal encontrarse con las limitaciones y con la realidad de que el interés político es diferente. La puesta en escena era muy fácil desde cierto punto, pero ahora, desde el Ejecutivo, hay una cantidad de amarres que no le van a permitir (a la ministra Vesga) hacer lo que inicialmente planteaba”, nos dijo uno de ellos.
“Se bajaron las aguas, se calmaron, pero la corriente interna está peor cada día”, nos dijo un líder de pacientes que ha participado en los distintos espacios de diálogo con el Gobierno. Dice que el cambio político también ha cambiado quién reclama y quién guarda silencio. “Creo que el enfoque político hace que un sector se quede callado y ahora el otro empiece a hablar. Antes tenía pacientes que me llamaban: ‘Ayúdame a defender el derecho a la salud’. Ahora, con el cambio de línea política, unos se alentaron, mientras otros empezaron a exigir derechos. Ya tengo pacientes de la otra línea política muy enfermos y exigiendo sus derechos”, cuenta. “Hasta los medios también han dejado de llamarnos. Pero la crisis sigue y sin respuestas en el horizonte”.
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Un cambio de tono sin presupuesto
Las seis personas con las que hablamos para este artículo coinciden en que la ministra Vesga ha marcado un cambio importante en el tono y en la forma de relacionarse con los distintos actores del sistema.
Hay, dicen, más diálogo, mayor apertura y, según varios de los consultados, una interlocución que se había perdido durante los últimos años. “Nosotros en el movimiento estamos seguros de que Ana María Vesga es la ministra que necesitamos. Ahí no hay no hay la menor duda. El diálogo ahora está siendo distinto”, dice Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 organizaciones de pacientes en el país. “Tenemos la esperanza de que podemos volver a construir confianza en el sistema”.
Con él coincide Diego Fernando Gil, director ejecutivo de Fecoer, que reúne y representa a diferentes organizaciones y miles de pacientes con enfermedades raras en Colombia. Gil destaca como una señal positiva que las organizaciones de pacientes hayan sido convocadas desde los primeros días de la nueva administración y que ahora exista una interlocución directa con la ministra y con su equipo. “En el anterior Gobierno lo perdimos mucho, sin querer decir que totalmente. Eso volvió y también volvió la capacidad técnica”.
Sin embargo, esa nueva relación con el Ministerio de Salud, y esas reuniones en el piso 23 de la sede de la cartera en el centro de Bogotá, todavía no se ha traducido en soluciones concretas para los problemas que arrastra el sistema de salud.
El principal punto de preocupación para todos con quienes hablamos es el plan de choque. En las últimas reuniones, la ministra Vesga dejó claro que los COP 10 billones que fueron prometidos en campaña por Abelardo de la Espriella para estabilizar el sistema de salud no están disponibles en este momento y, lo más probable, si nada extraordinario ocurre, es que no lo estén durante lo que resta de este año.
“No vemos los recursos asignados, ni la forma de asignarlos ni el tiempo estimado. No se han comprometido con decir: ‘A más tardar tanto ya decimos qué plata hay y tal día buscamos el mecanismo legal’. No hay nada”, dice Néstor Álvarez Lara, presidente de Pacientes de Alto Costo, organización de la sociedad civil que reúne y representa a los pacientes con enfermedades de alto costo y sus familias.
“A este sector, que vive en una eterna contingencia, el plan de choque era una de esas herramientas que uno más espera porque podría brindar recursos adicionales. Esas burbujas de liquidez ayudan por lo menos a mantener ciertas cosas funcionando”, nos dijo un alto dirigente del sector prestador.
“Más allá de la plata y de los cambios de modelo y los ajustes, era claro que iba a producirse una especie de luna de miel entre todos los actores mediada por un gobierno que iba a dar todas las condiciones para restablecer la confianza. Pero aguante no hay y se sabía también que esa luna de miel iba a ser muy breve. El sistema no estaba para esperar: necesitaba que alguien entrara a hacer cosas fuertes con unos recursos adicionales. Porque barajando, moviendo la misma plata, no les va a dar”.
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En la última reunión, realizada la semana pasada con pacientes, hospitales y clínicas y otros actores del sistema, el Ministerio de Salud presentó parte de ese plan.
Las diapositivas, que conocimos, mostraban una ruta para identificar, depurar y atender los pendientes de los pacientes, empezando por clasificarlos según su nivel de riesgo. En el nivel más crítico estaban quienes tienen riesgo vital o de pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellos pacientes con cáncer, VIH, diabetes insulinodependiente, enfermedades huérfanas y quienes requieren trasplantes.
Según Minsalud, hay 318.094 afiliados con 844.952 registros de medicamentos clasificados en la categoría de criticidad “muy alta”. Para procedimientos y servicios, la categoría suma 94.402 afiliados y 155.635 registros. La fotografía incluye alrededor de 109.062 gestantes sin control prenatal durante más de 45 días y 33.857 en el tercer trimestre con menos de cuatro controles.
En un segundo nivel aparecían quienes tienen alta probabilidad de hospitalización, entre ellos pacientes con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y salud mental, además de gestantes que requieren tratamientos esenciales durante el embarazo. Y en un tercer grupo estaban quienes presentaban riesgo de descompensación progresiva, como pacientes con hipertensión, diabetes tipo 2 estable, dislipidemia e hipotiroidismo.
Se supone que, después de identificarlos, hay que lograr que reciban efectivamente los medicamentos, procedimientos y servicios que tienen pendientes. La ruta presentada por el Ministerio contempla validar cada caso, establecer su nivel de criticidad, gestionar la entrega y verificar posteriormente que el tratamiento haya tenido continuidad. Pero sin plata, pocos creen que se pueda hacer algo. “Si no hay recursos, va a ser muy difícil materializar no solamente el plan de choque, sino que los prestadores reciban y empiecen a sanear sus deudas o que los gestores empiecen a recibir los recursos que tienen adeudados”, dice Silva. Sin plata, temen todos, el asunto se va a quedar en un nuevo diagnóstico de la crisis.
“Fue una propuesta de campaña. Yo veo muy complejo que eso se pueda cumplir con estas finanzas que estamos viendo. Los COP 10 billones no los veo por ningún lado”, dice Alejandro Escobar, líder de Sectorial, una firma de análisis especializada en el sector salud. Le preguntamos al Ministerio de Salud sobre los detalles y el financiamiento de este plan de choque, pero hasta el cierre de la edición no había respondido a nuestras dudas.
El problema es que ese no ha sido el único baldado de agua fría para el sector. Sectorial también puso la lupa sobre las cuentas de 2027 y encontró que, con una inflación sectorial cercana al 8 % y una siniestralidad del 108 % (es decir, que por cada $100 recibidos se gastan $108 en atender servicios de salud), los recursos destinados al sistema tendrían que crecer alrededor de 16,9 %. El problema es que el presupuesto del Gobierno para salud contempla un aumento de apenas 1,8 %. La brecha, según Escobar, podría terminar impactando la UPC del próximo año, pues los recursos disponibles estarían lejos de lo que, de acuerdo con los cálculos de Sectorial, necesitaría el sistema para cubrir sus gastos.
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“Nos dicen que no hay plata, pero ellos sabían de antemano que no había plata. Porque pues el gobierno saliente se llevó todo o lo comprometió todo”, dice Silva, de Pacientes Colombia. “El llamado respetuoso que hacemos al señor presidente es que la salud sea una prioridad. Fuimos los antepenúltimos en conocer a la ministra y todavía no sabemos qué pasa con el nombramiento de algunos viceministerios”.
Interventores y Corte Constitucional
A este panorama financiero se suman dos asuntos que también están generando conversaciones entre los actores del sistema: lo que ha pasado con algunas de las EPS que están bajo intervención y cuál será la posición del Gobierno frente a la Corte Constitucional.
Sobre las intervenciones, la expectativa era que el cambio de gobierno trajera modificaciones rápidas en entidades que llevan años bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, para uno de los dirigentes del sector prestador consultados, esa expectativa todavía no se refleja en decisiones sobre esas EPS. “Yo tengo mucha fe en la nueva superintendente, que conoce muy bien el funcionamiento de todo esto. Yo sé que va a maniobrar, pero la tiene muy difícil porque son estructuras gigantescas (…) y eso no está teniendo ningún cambio”, señala. Su inquietud también está relacionada con el discurso que ha escuchado de algunos de los nuevos responsables de las intervenciones en escenarios públicos. “Uno los escucha y la sensación es que aquí no pasó nada, aquí no hubo un cambio de gobierno y seguimos en la misma lógica”, dice.
Esa percepción no es exclusiva de los actores del sector. En los últimos días también han surgido cuestionamientos públicos sobre algunos de los nombramientos y sobre la continuidad de personas que ya habían ocupado cargos de responsabilidad durante la anterior administración. El senador Andrés Forero, por ejemplo, cuestionó el pasado 7 de septiembre, a través de X, que una de las nuevas interventoras hubiera estado al frente de otra EPS intervenida durante el gobierno de Gustavo Petro.
Para otro dirigente de la salud consultado, también del sector prestador, el problema está en que algunos de los mensajes que han dado los nuevos responsables de las EPS intervenidas se parecen a los del gobierno anterior. “Lo he escuchado diciendo que solo va a responder por las deudas de su administración, que hay que cuadrar los números, que él recibe una plata, pero lo que le facturan es otra… lo mismo que decían en el anterior gobierno”, señala. “Yo tengo un sinsabor muy grande con eso porque yo sí tenía fe de que ahí iba a haber un revulsivo, y no lo estoy viendo todavía”, agrega.
El pronunciamiento del presidente De la Espriella, del pasado 4 de septiembre de 2026, durante la Cumbre de Gobernadores “El milagro de las regiones”, en Mompox (Bolívar), en el que advirtió que las EPS que no funcionen tendrán que ser liquidadas, también ha generado preocupación entre algunos actores del sector. “Esos anuncios de liquidaciones a todo el sector lo ponen en una angustia adicional, porque ya conocemos lo que sucede cuando se va a las liquidaciones sin tener recursos o formas de compensarlo”, dice otro dirigente de los hospitales y clínicas que accedió a hablar con nosotros en anonimato. “Pero uno ya no ve a nadie diciendo que se esté anunciando el ‘chu chu chu’.”
El segundo gran tema de conversación es la Corte Constitucional. Durante los últimos dos años, distintos actores del sector han acudido al alto tribunal para advertir sobre la crisis financiera y de acceso que atraviesa el sistema y, en algunos casos, han planteado incluso la necesidad de que se declare un estado de cosas inconstitucional. Entre quienes respaldaron públicamente esa posibilidad estuvo Ana María Vesga, cuando presidía Acemi.
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En 2024, por ejemplo, la entonces dirigente gremial sostuvo que una declaratoria de este tipo tenía sentido ante el aumento de las quejas y tutelas, el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de servicios y el deterioro financiero de los distintos actores.
Por eso, algunos de los actores que hoy se sientan con ella esperaban que esa posición se mantuviera. Pero parece que esa no va a ser la postura. “Se pidió que, ya estando en el Gobierno y estando como ministra, se siguiera pidiendo a la Corte que declarara el estado de cosas inconstitucional en salud, a lo cual dijeron que no. Solo dijeron que se iba a seguir lo que había dicho la Corte Constitucional, la T-760 y todas las órdenes de la Corte”, señala Lara, de Pacientes de Alto Costo. “Nos dejó preocupados”.
Una declaratoria de estado de cosas inconstitucional supone que la Corte Constitucional identifica una vulneración masiva, generalizada y persistente de derechos fundamentales que no puede resolverse mediante decisiones aisladas, sino que requiere medidas estructurales de las autoridades responsables. “Ellos tienen que honrar esos compromisos”, agrega Silva. “Una cosa es mantener un diálogo respetuoso. Estamos seguros de que la ministra de Salud nunca nos va a llamar delincuentes a los médicos, a los pacientes, a las EPS y a las IPS. Pero si no honran los compromisos, se rompe la confianza”.
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Alberto(3788)•Hace 3 horasCanalla e infame hacer esa demagogia tan vil en el tema de la salud. Se sigue jugando con la Vida de Centenares de miles de colombianos. ¿Cuántos votos consiguieron con la "promesa" del plan de choque de 10 Billones?