Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La aspersión aérea de cultivos de coca con glufosinato fue este martes 30 de septiembre el tema de discusión en el Congreso de la República. Durante un debate de control político ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, defendieron la decisión del Gobierno de incorporar las fumigaciones en su estrategia contra los cultivos de uso ilícito. Incluso, aunque un juzgado de Puerto Asís (Putumayo) suspendió el plan piloto mediante una medida preventiva del pasado 11 de septiembre y que el ministro Cancino dijo que todavía no están definidos los municipios ni las fechas en las que eventualmente se realizaría la aspersión.
En contexto: Minjusticia dice que aún no están definidos municipios para fumigación aérea en Putumayo
La defensa de la postura del Gobierno estuvo liderada por el ministro Cancino, quien aseguró que la administración de Abelardo de la Espriella no ejecutará el piloto sin cumplir las condiciones establecidas en las leyes y las órdenes judiciales. Durante su intervención insistió en que el Gobierno combinará distintas formas de erradicación y afirmó que el propósito es combatir a los grupos armados sin afectar a las comunidades ni al medio ambiente. “Vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, aseguró Cancino, y resaltó que “mientras existan esos cultivos, también habrá homicidios y confinamiento”.
El jefe de la cartera de Justicia sostuvo que las condiciones establecidas en el artículo quinto de la Resolución 0007 (que exige que haya condiciones técnicas, ambientales, sanitarias y de seguridad necesarias para fumigar) deben comprobarse antes de comenzar la operación: “Si eso no se comprueba con precisión, no hay piloto”, señaló. Agregó que la tutela del juez de Putumayo no elimina la resolución relacionada con el piloto de fumigación y, según el ministro, el juez dice que “les falta demostrar” más requisitos de los que tiene el plan actual. Para Cancino, este fallo “parece un poco ilógico porque para eso es el programa piloto, no para experimentar, pero sí para dar los resultados. Pero es una decisión que se acata y la recurrimos dentro del trámite legal. Si nos toca llevarla a la Corte Constitucional, la llevaremos”.
Según el ministro Cancino, el Gobierno está trabajando en la delimitación de los polígonos, la precisión de la aplicación y las condiciones técnicas de las aeronaves. Mencionó incluso el uso de drones como otra herramienta dentro de su estrategia. “De pronto el mensaje no ha sido contundente y hoy quiero que lo sea: el Gobierno no se va a quedar con la aspersión aérea. Hay temas para la aspersión manual, incluida la aspersión en el ámbito de diferenciación, que los estamos evaluando con drones”, señaló Cancino. Y concluyó: “El debate aquí es cómo hacemos para erradicar cultivos, de todas las maneras posibles, sin dañar a la población, al medio ambiente y aplicando los criterios constitucionales”.
Lea: A prisión preventiva ocho presuntos implicados en desfalco de COP 3,2 billones de regalías
Por su parte, la viceministra Carrasquilla explicó ante los congresistas que la decisión de recurrir nuevamente a la aspersión aérea responde, entre otros factores, a las dificultades que enfrenta la erradicación manual en zonas donde hay presencia de minas antipersonales. Según su exposición, en el país hay instalados 7.981 artefactos de este tipo. A ese panorama se suma la necesidad de afectar las rentas de los grupos armados que se financian con el narcotráfico. De acuerdo con la funcionaria, el aumento de los cultivos de coca a 261.366 hectáreas en 2024, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), representa para los grupos armados ganancias de USD 16.500 millones.
Este dinero, de acuerdo con Carrasquilla, corresponde al 4,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, superando incluso los aportes del petróleo y el carbón. Son esas ganancias que produce el narcotráfico para los grupos ilegales por las que, según la viceministra, el Gobierno debe “presentar un plan de seguridad y de erradicación”. Un proyecto que inició con la Resolución 006 del 18 de agosto de 2026, la norma expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes bajo el gobierno de De la Espriella que derogó la Resolución 006 de 2015, que prohibía la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el país.
Luego, el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución 0007 de 2026, con la que dio paso a un plan piloto para utilizar glufosinato de amonio, un herbicida distinto al glifosato, en aspersiones aéreas en Putumayo. El proyecto contempla un máximo de 1.000 hectáreas y fue presentado como una prueba limitada para obtener información técnica y científica sobre su resultado. La Policía anunció el 10 de septiembre que el piloto se desarrollará en Putumayo y señaló que permitirá evaluar la pertinencia de utilizar el glufosinato mediante aspersión aérea. La institución también indicó que quedarían excluidas zonas con condiciones especiales, entre ellas territorios de comunidades étnicas, áreas protegidas y sectores asociados con fuentes hídricas y otros ecosistemas sensibles.
Lea también: Fiscalía investiga posible manipulación de archivos y cuentas en Activos por Colombia
Lo que parecía claro en el papel, tras las decisiones del gobierno de De la Espriella, se frenó por una decisión de la justicia. En el marco de una acción de tutela, el juez tercero penal de Puerto Asís suspendió provisionalmente cualquier actividad de aspersión con glufosinato en Putumayo y le pidió al Gobierno Nacional información sobre los polígonos de intervención, los municipios involucrados, las características ambientales de las zonas y la presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. La medida busca evitar que el piloto avance antes de que el despacho pudiera contar con información suficiente para estudiar las tutelas presentadas contra las fumigaciones.
La controversia llegó posteriormente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa. El 22 de septiembre, la jueza Ana Pilar Vidal Uribe mantuvo la suspensión y ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, a los ministerios de Justicia y Defensa y a la Policía abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las actividades autorizadas por la Resolución 0007. De manera transitoria, el despacho amparó derechos relacionados con la vida, la salud, el debido proceso ambiental, la participación ciudadana, el acceso a información ambiental, el agua y la integridad personal.
En diálogo con El Espectador, Estefanía Ciro, economista y excoordinadora del equipo de Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado de la Comisión de la Verdad, señaló que “hacer pruebas experimentales con el glufosinato, y argumentando su legalidad porque son ‘pruebas piloto’, desconoce la sentencia de la Corte Constitucional sobre los procesos para reactivar la aspersión aérea”. Para la investigadora, las implicaciones son graves porque no se están siguiendo los procedimientos constitucionales para aplicar esta estrategia, pasando por encima del principio de precaución y de participación. Incluso, pese a que el ministro Cancino dijo este miércoles en el Congreso que no desconocen las órdenes del alto tribunal.
Le recomendamos: El Espectador le explica cómo estamos en materia de orden público
Frente a los argumentos del Ministerio de Defensa de que este plan piloto busca acabar con las rentas del narcotráfico, Ciro sostuvo que “no existe evidencia que muestre que la aspersión aérea con herbicidas disminuye los cultivos de coca o la disponibilidad de cocaína en el mercado”. Para afirmar este punto, puso como ejemplo el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue cuando “más se asperjó y cuando más cocaína llegó al mercado internacional”. Y agregó: “La propuesta de los defensores de la aspersión parece que es hacer de esta estrategia un programa constante en la historia del país, porque la experiencia ha mostrado que no resuelve el problema de manera definitiva, sino que se convierte en un gasto constante del Estado para controlar los cultivos, sin acabarlos”.
La investigadora Ciro fue enfática en que la “fumigación solo regula el mercado, pero no lo acaba”, y a esto se suman, según ella, las afectaciones para la salud humana. Este punto también lo mencionó Alexander Sánchez, integrante de la mesa técnica del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Putumayo. “A finales del 2000, en Putumayo vivimos también esta experiencia de la aspersión, donde supuestamente también era experimento en el municipio de Puerto Guzmán. Eso nos dejó muchas cosas que lamentar, como la muerte de niños, mujeres que abortaron, muchas enfermedades y contaminaciones al medio ambiente. También se generó una crisis de alimentos, porque los cultivos de uso ilícito no fueron tan afectados como los de pancoger”.
Más noticias: Suspenden de manera temporal reconocimiento del sombrero de Pizarro como patrimonio cultural
Para Sánchez, quien también es delegado de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam), el plan piloto preocupa a las comunidades, que piden priorizar una solución por medio del diálogo. “Tenemos que aclararle al señor presidente De la Espriella que los campesinos no somos narcotraficantes y que los cultivos de uso ilícito son la única alternativa económica que han tenido muchos campesinos”, sostuvo el líder. Asimismo, señaló que “la coca ha sido el Estado que nunca ha estado en los territorios, porque el departamento del Putumayo ha sido uno de los departamentos que, a pesar de tener riquezas de toda clase, ha sido uno de los más olvidados”.
Mientras el Ministerio de Defensa plantea la aspersión como una herramienta para enfrentar los cultivos de coca y las rentas de los grupos armados y el Ministerio de Justicia insiste en que puede desarrollarse bajo controles ambientales y constitucionales, la justicia mantiene frenada su ejecución. El centro de la discusión no está en cuándo comenzará la fumigación de las 1.000 hectáreas anunciadas, sino en si el Gobierno logra acreditar que el piloto cumple las condiciones ambientales, sanitarias, constitucionales y de participación exigidas para ponerlo en marcha. Las comunidades están expectantes del regreso de la aspersión y siguen pidiendo llegar a acuerdos con el Gobierno para mitigar los posibles impactos en sus territorios.
Siga leyendo: Defensoría pide ampliar medida cautelar sobre Zona de Ubicación Temporal del Putumayo
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más
-
usucapion1000(15667)•Hace 21 horasEra lo esperado, al fantoche que nos gobierna le importa poco la vida humana y la salud de las comunidades que sufren los efectos nocivos del glifosfato. Pero hay un karma y a esa justicia no puede engañàrsele, ni compràrsele ni evadirse.
-
Ulises20(10892)•01 de octubre de 2026 – 07:23Es mentira que el gobierno priorice la protección de la salud y la vida de los habitantes de esos territorios.Lo dijo el Minjusticia en el Congreso: la prioridad es destruir los cultivos de coca, la salud es otro asunto. La derecha adora el mercado y sus leyes, pero a la hora del narcotráfico olvida la demanda, motor de la producción y el tráfico para disponer de la oferta. ¿Por qué Colombia no descertifica a los países con millones de consumidores como USA?¿Y qué de los fabricantes de insumos?
-
Carlos Federico(ar680)•01 de octubre de 2026 – 07:06Esta más que comprobado que la aspersión de los cultivos ilícitos no ha sido la solución al narcotráfico y sí ha sido la causa de daños ambientales con impactos en los seres humanos. Terquedad seguir insistiendo en un mecanismo fracasado o será una imposición del gobierno norteamericano al ciudadano estadounidense que es presidente en Colombia?
-
Felipe(dw15k)•30 de septiembre de 2026 – 21:27Como era de esperarse, poco y nada le importa al gobierno envenenar la población y el medio ambiente con un químico cinco veces más fuerte que el glifosato. Les interesa obedecer órdenes de la autocracia norteamericana para dar la imagen de la lucha contra el narcotráfico mientras la cocaína subirá de precio y sus ganancias se quedarán en Estados Unidos, acá se quedan los daños a las personas y el medio ambiente. ¿Y las Cortes? Silencio elocuente.
-
usucapion1000(15667)•30 de septiembre de 2026 – 20:04Vejestorio, corrijo, es que con tantas noticias desastrozas hasta el dedo sufre nauseas.
-
usucapion1000(15667)•30 de septiembre de 2026 – 20:02Retroceso acelerado, al tigrillo de trump y los char la vida, la salud y la economìa de las comunidades aledañas le importa un bledo. Èl tiene aviòn- asì sea un bejestorio- y dinero suficiente para largarse de un paìs como èste donde no saben rasurarlo ni cortarle el pelo. El es gringo y desearìa ser italiano.