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Los excombatientes de los Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, tienen hasta el próximo 30 de noviembre para completar su salida. A través de la Resolución 216 de 2026, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prorrogó la decisión que había ordenado, el pasado 30 de septiembre, un plazo máximo de 48 horas para poner fin a la ZUT.
Ante esta situación, El Espectador conversó con el exmagistrado Armando Novoa, quien fue jefe negociador en los diálogos con grupos armados en el marco de la política de paz total del gobierno del expresidente Gustavo Petro, y con al abogado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Ómar Díaz.
Sobre esta nueva decisión de extender el plazo, el abogado Novoa señaló un punto central: la nueva resolución del Gobierno seguiría sin respetar la decisión de un juez de Puerto Asís, emitida el pasado 25 de septiembre. Dicho fallo ordenó frenar el cierre y desalojo de la zona hasta que exista un plan de tránsito y protección, con participación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Y fue una respuesta a 99 exintegrantes de la CNEB, que presentaron una acción de tutela señalando que el cierre del espacio pondría en riesgo sus derechos fundamentales, como el tránsito a la vida civil.
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De acuerdo con el abogado constitucionalista, la nueva orden del Comisionado de Paz no “hace ninguna referencia a las órdenes que impartió el Juzgado de Puerto Asís. No solo guarda silencio sobre ellas, sino que las ignora. La única decisión clara es el retiro de quienes están en la zona a partir del 30 de noviembre, para proceder a su terminación física. Ningún diálogo con las personas que se encuentran allí ni con las autoridades locales”.
En esa línea, el abogado Novoa aseguró: “El desempeño del gobierno ha sido completamente errático. Lo único que logró es que se hubieran retirado de ella 36 personas anticipadamente por la incertidumbre que generaron los anuncios gubernamentales”.
La decisión, fechada el pasado 2 de octubre y firmada por el consejero comisionado de Paz, Carlos Andrés Ríos Puerta, extendió hasta el 3 de diciembre el cronograma de la comisión humanitaria encargada de coordinar el proceso. La resolución también establece que los excombatientes podrán continuar con sus trámites jurídicos sin necesidad de permanecer en el lugar.
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Otro aparte de la decisión señala que “una vez verificadas las actuaciones desarrolladas en la ZUT de Valle del Guamuez, se constató el cumplimiento de las finalidades materiales y operativas que justificaron su creación, en particular la ubicación temporal de las personas comprendidas en el proceso, la dejación y entrega del armamento, la desmovilización colectiva, la acreditación administrativa y la articulación inicial de las rutas institucionales aplicables”.
En consecuencia, sostiene el documento, “que al encontrarse cumplido el objeto transitorio de la Zona, resulta jurídica y materialmente procedente disponer su culminación y cierre, sin que ello extinga la condición de las personas acreditadas ni interrumpa las actuaciones individuales de identificación, reintegración, situación jurídica, seguridad y protección que deban continuar, por fuera de dicho espacio”.
Sobre esto, Novoa señaló que se está desaprovechando una oportunidad para adelantar un proceso de sometimiento a la justicia ordenado y claro: “Las 99 personas, exintegrantes de Comandos de Frontera, ingresaron desarmadas y sin uniformes a la ZUT del Valle del Guamuez, cobijadas por los principios de buena fe y confianza legítima que establece nuestra Constitución”.
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En esa línea, confirmó: “Estas personas presentaron una tutela que fue concedida por el Juez del Circuito de Puerto Asís, que dictó una serie de medidas cautelares que ahora también desconoce el consejero comisionado de Paz”. Según detalló el exmagistrado Novoa, actualmente la situación lleva a una grave vulneración de derechos humanos.
“Los derechos a la vida, al mínimo vital, a la integridad, a la seguridad personal, al acceso a la justicia, entre otros, se desconocen de manera grave. Recordemos también que la Corte Constitucional señala que las personas desmovilizadas de grupos armados ilegales son sujetos de especial protección constitucional”, señaló a este diario.
Por su parte, el abogado de la CNEB señaló que “la zona era un espacio de laboratorio de paz al que llegaron los cien firmantes. Con el cambio de gobierno, se vieron, de alguna manera, traicionados o negadas sus expectativas de aportar a la paz y de reconstruir el tejido comunitario, reconocer y restaurar los derechos de las víctimas”.
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A renglón seguido, Ómar Díaz mencionó que los excombatientes también se sintieron traicionados en cuanto a sus procesos administrativos de reintegración: “Yo creo que el mensaje que se envía es confuso, porque fue por las vías de la acción de los jueces que se llegó a modificar la inicial posición de terminar todo y de no respetar lo acordado”.
En ese sentido, señaló que los excombatientes están “expectantes de la implementación de las rutas y los mecanismos que se crean en esta resolución, que, bueno, se distancian un poco de lo que inicialmente se acordó en la mesa de negociación entre estas dos partes, pero que, de alguna manera, esperamos que puedan generar garantías para el respeto de los derechos fundamentales de las personas que depusieron sus armas”.
Al tiempo que las personas que siguen en la ZUT avanzan hacia el plazo fijado por el Gobierno para completar su salida, persiste la incertidumbre sobre las garantías para su tránsito a la vida civil y el cumplimiento de las medidas ordenadas por el juez de Puerto Asís. Aunque el Gobierno sostiene que ya se cumplieron los objetivos que motivaron la creación de la zona, los representantes de los excombatientes advierten que el cierre, sin un plan concertado de tránsito y protección, podría dejar en riesgo sus derechos fundamentales.
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