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Magnely Pallares Franco fue asesinado con un solo disparo a su cabeza. Le faltaban nueve meses para convertirse en un adulto y tener una cédula. Dos de sus primos encontraron su cadáver en el sector de Filoquemado, en zona rural de Tibú (Norte de Santander) el pasado 15 de septiembre y, desde ese momento, su familia denunció el homicidio del joven que además era un líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). La voz que más se ha escuchado en rechazo de estos hechos es la de su papá, Alidio Pallares Jaimes, fundador de esa organización y quien desde que su hijo empezó a caminar, le enseñó la importancia de la lucha comunitaria en la región.
De acuerdo con su relato, su hijo fue asesinado por hombres del Eln, quienes lo señalaron de pertenecer al frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”. La historia de este joven es otra pieza del mapa de violencias en el Catatumbo, donde los menores de edad enfrentan una realidad marcada por las confrontaciones y el control del Eln y disidencias. En esta guerra por los corredores estratégicos de la región para el tránsito de economías ilícitas, la exposición de niños y jóvenes a los fusiles y a esas dinámicas del conflicto son cotidianas y su peor cara se ve en los casos de reclutamiento e, incluso, de asesinatos.
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Precisamente, el mismo día en que Magnely Pallares fue asesinado, la Defensoría del Pueblo registró otro caso en Tibú: la muerte de un adolescente de 16 años que pisó una mina antipersonal cuando cultivaba el campo en la vereda La Unión Vetas. Aunque las autoridades no han entregado más detalles de la muerte de este joven, en el caso de Magnely Pallares su padre quiso contar la historia a este diario. “Mi hijo era barbero, un oficio que aprendió durante los dos meses que estuvo desplazado en Bogotá en 2025, luego de que la violencia en nuestro territorio obligara a que muchos tuviéramos que irnos por temor a perder la vida”, relató Pallares Jaimes a El Espectador.
El día del asesinato, su padre cuenta que el joven salió hacia la vereda Beltrania a peluquear a un amigo mecánico y, a las 11:30 a.m., cuando iba en su moto por la vereda Versalles, no volvió a responder el teléfono. En ese momento, asegura, se escucharon por el sector sobrevuelos de drones y disparos. “Mi niño no respondía el teléfono, así que dos sobrinos empezaron a hacer la búsqueda y llegaron hasta la carretera donde se perdió su rastro. Ahí encontraron la moto de Magnely y empezaron a buscarlo. A 60 metros del vehículo, bajo un árbol, encontraron su cuerpo. Fue vilmente asesinado por un tiro. Lo recogieron y lo trajeron hasta un sector llamado Matemango. En ese lugar pude abrazar su cuerpo”, contó el padre.
El líder social agregó: “Lo primero que hice fue pedirle que me diera sabiduría, que desde el cielo me diera fuerza para seguir llamando a la paz”. Su relato es el de un hombre herido por la guerra que apenas empieza a tramitar el dolor de la pérdida de un hijo y, por eso mismo, también quiso recordar su historia. “Los niños heredan de los padres lo que ven que hacemos. Yo fundé la guardia campesina en Catatumbo en 2010, un año después de que naciera Magnely. Cuando tenía cinco años ingresó al movimiento y hacía acompañamientos en las actividades culturales. Siempre a mi lado. Todo el tiempo andaba conmigo en las reuniones con las comunidades”.
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De pequeño, dice este padre de familia, su hijo era extremadamente cuidadoso con los implementos característicos de la guardia. Por ejemplo, atesoraba especialmente su bolillo, un bastón de madera inspirado en el bastón de mando de las guardias indígenas, que siempre llevaba cruzado en el pecho. Y, sobre su uniforme, un chaleco rojo con bordes amarillos sobre el cuello, siempre procuró tenerlo limpio. Desde muy pequeño aprendió a manejar moto y así recorría las veredas de Tibú promoviendo un mensaje de paz. Eso sí, su principal labor en la guardia fue incentivar el deporte en los niños y por eso era el organizador ideal para promover partidos de fútbol para alejar a los jóvenes de la guerra.
Aunque Pallares quiso que su hijo estudiara una carrera profesional, el joven solo llegó hasta séptimo grado. El líder social cuenta que, aunque intentó retomar el colegio, la crisis humanitaria desatada en enero de 2025 en Catatumbo, a raíz de las confrontaciones del Eln y disidencias, interrumpió sus planes. Ese estallido de violencia dejó al menos 60 personas muertas y desplazó a 41.236, según la ONU. Dentro de esas cifras estuvieron Alidio y Magnely Pallares. El primero se refugió en Cúcuta, mientras su hijo huyó con su madre a Bogotá. Tres meses después, Pallares regresó con otros campesinos y se asentaron en el refugio humanitario de Beltrania. Allí vivió con su hijo hasta su asesinato.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró el caso del joven de 17 años como el asesinato número 110 de líderes sociales en lo que va de 2026 en Colombia. El director de la oenegé, Leonardo González, señaló a este diario que en Catatumbo se repite un patrón de violencia: “A una persona no la asesinan simplemente por tener el título de líder social. La violencia contra los liderazgos busca muchas veces golpear los procesos que esas personas representan. Esto es especialmente grave en la región porque la disputa no es únicamente por corredores, economías o posiciones militares. La confrontación entre el Eln y el frente 33 ha llevado a una disputa por el control de la población y de la vida comunitaria”.
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Para el director de Indepaz, el asesinato de Magnely Pallares va más allá de acabar con una vida. Por el contrario, es un daño directo a la guardia campesina. “Por eso insistimos en que detrás del asesinato de un líder también existe una organización que pierde capacidad de actuar; una comunidad que comienza a guardar silencio; jóvenes que dejan de participar o procesos comunitarios que se debilitan por miedo”. González resaltó que “la protección no puede limitarse a proteger individuos; tiene que proteger también los procesos organizativos y la autonomía de las comunidades”. En esa línea, el investigador puso sobre la mesa la estigmatización que pesa sobre las organizaciones comunitarias.
“Cuando un actor armado pretende ejercer control sobre un territorio, las organizaciones comunitarias autónomas pueden ser vistas como un obstáculo. Una guardia campesina significa organización, capacidad comunitaria para tomar decisiones y presencia civil en el territorio. Precisamente por eso sus integrantes pueden quedar expuestos a presiones, amenazas, señalamientos o retaliaciones por parte de los grupos”, explicó González. Asimismo, en el caso de los menores de edad, el director de Indepaz sostuvo que existen otras vulnerabilidades como el reclutamiento. “Por eso es fundamental recordar que Magnely era también un menor de edad y, por tanto, sujeto de especial protección”, agregó.
En lo que va de 2026, la Defensoría del Pueblo ha registrado un total de 113 casos de reclutamiento de menores, siendo Norte de Santander el segundo departamento con más casos, 25, solo superado por Cauca, con 35. En ese contexto de violencia que enfrentan los menores, se conoció una fotografía en la que Magnely Pallares Franco estaría retratado en una escena en la que porta un fusil, en un contexto donde no está claro qué estaba pasando. Sobre esta foto y la versión de que el menor habría sido reclutado por disidencias, fuentes cercanas del Gobierno le dijeron a este diario que no hay ninguna evidencia de que el joven de 17 años hiciera parte de un grupo armado.
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Por el contrario, la foto enciende las alarmas sobre las violencias que enfrentan los menores de edad en regiones con un conflicto tan álgido como el del Catatumbo. Un riesgo que aumenta cuando las medidas del Estado, según expertos, no resultan suficientes para prevenir el reclutamiento y el asesinato de los jóvenes. De acuerdo con el investigador del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gerson Arias, “no se ha desarrollado una estrategia de control territorial integral, o al menos en puntos críticos, por parte de la fuerza pública ni tampoco de otras instituciones del Estado”. A este punto, señaló el experto, se une el abandono estatal a las misiones humanitarias que buscan mediar el conflicto en las regiones.
“Organizaciones como la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Defensoría siguen haciendo un trabajo muy importante para proteger a los niños y jóvenes, pero muy solitario. El Estado ha dejado solas a las instituciones en esta región, y es clave garantizar una protección más integral”, sostuvo Arias. Además, mencionó que la violencia en esta región persiste por otros dos factores: “Una asimetría en términos de ventaja militar que tienen grupos como el Eln mediante la utilización de drones” y “tampoco hay una estrategia de seguridad enfocada en la frontera con Venezuela, lo que hace que la acción y el repliegue de estos grupos sea mucho más rápido y poco controlable por las autoridades”.
Otro factor que resalta Arias es la impunidad que persiste en la mayoría de los casos de asesinatos de líderes, un panorama que Alidio Pallares espera no ocurra con la historia de su hijo. “La poca eficacia de la investigación judicial y, por tanto, el no funcionamiento ágil del Estado para garantizar al menos un derecho a la justicia a las víctimas hace que, en términos muy prácticos, los grupos armados persistan en sus prácticas de reclutamiento y asesinato, porque tienen un costo mínimo ante la ley”, resaltó el investigador de la FIP. Arias enfatizó que, “mientras que la justicia no actúe y el grupo sepa que hay una alta probabilidad de que sus acciones no sean judicializadas, seguirá arremetiendo contra las comunidades”.
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Y así, mientras una fotografía sin contexto ha sido utilizada para señalar a Magnely Pallares de pertenecer a un grupo, su padre es firme en defender la memoria de su hijo y asegurar que fue asesinado por ser un defensor de derechos humanos e integrante de la guardia campesina. Para Leonardo González, de Indepaz, esta versión podría sostenerse en un problema histórico en Colombia que se basa en interpretar la organización social desde la lógica de la guerra: “Una comunidad se organiza y rápidamente aparece la pregunta sobre a qué actor armado pertenece o para quién trabaja. Esa mirada desconoce que las comunidades tienen agencia propia y capacidad para organizarse de manera autónoma”.
De acuerdo con el investigador, la estigmatización aparece cuando se borra esa autonomía y “se presenta a una guardia campesina, indígena, a una junta de acción comunal o cualquier otra organización como extensión de un grupo armado”. González fue enfático en el daño que genera ese tipo de señalamientos y en que, en regiones como el Catatumbo, puede costar la vida. “En un territorio tan disputado como este puede convertirse prácticamente en una sentencia: si alguien es señalado de colaborar con un actor, el contrario puede considerarlo enemigo. Por eso hay que ser extremadamente responsables con el lenguaje”, concluyó el director de Indepaz.
Alidio Pallares cerró su relato contando que Magnely fue velado en el refugio humanitario de Beltrania, acompañado por la Defensoría del Pueblo. Aseguró que las amenazas contra él le impidieron estar en el municipio de Tibú, donde fue enterrado el joven el pasado 19 de septiembre. “Éramos una familia unida y a mi hijo lo querían mucho. Siempre lo van a recordar por su carisma”, contó Pallares Jaimes. A pesar del dolor que produce el asesinato de este joven, su padre asegura que su historia será el impulso para seguir llamando a la paz y que, en su honor, en el refugio de Beltrania, se alzará un monumento en memoria de Magnely Pallares Franco y de los otros líderes que han perdido la vida por el conflicto armado.
Siga leyendo: El caso de Yormai Contreras y el rastro del reclutamiento que persiste en el Catatumbo
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William(16260)•Hace 1 minutoSi Colombia elimina la violencia y la inseguridad, tomará el camino del progreso
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antonio(7747)•Hace 2 minutosAsesinados, reclutados y señalados: la violencia que enfrentaron los menores por parte del secretariado de las fars. Y como premio timochenco tiene a sus disposición 6 camionetas de alta gama blindadas y 16 personas para su esquema de seguridad. Alguién sabe en que compañía trabaja timochenco ? A la firma del acuerdo de paz dijo que solo tenía unas medias, calzoncillos, unos peroles y exprimidores, pero vive como un rey. Ejemplo para los reclutadores del eln.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 1 horaLa solución está en otro proceso de Paz Total, nombrar a los hampones "Gestores de Paz", pasearlos en camionetas del estado por todas partes con total impunidad, premiarlos con total movilidad para que delincan a sus anchas y, si de casualidad alguno de ellos es dado de baja por las fuerzas legítimas del Estado, homenajearlos diciendo que "era un pobre y humilde muchacho víctima del neoliberalismo".
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Lucia(02976)•Hace 1 horaGracias por siempre visibilizar al Catatumbo🫰🏻