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El anuncio del Gobierno de iniciar un plan piloto de aspersión aérea para combatir los cultivos de uso ilícito de coca en Putumayo trajo a la memoria de las comunidades las consecuencias que se vivieron durante la época del glifosato. Una de esas historias es la de Yaneth Valderrama, una mujer campesina de Caquetá, que en 1998 sufrió un aborto espontáneo y falleció seis meses después por los efectos secundarios del uso del herbicida en una fumigación cercana a donde ella solía lavar su ropa. Este fue el primer caso que admitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2018 lo aceptó como el primer registro de muerte por glifosato, siendo el Estado colombiano el responsable.
“En mi casa también vivimos las consecuencias de las fumigaciones aéreas y, así como nos pasó a nosotros, existen muchos otros casos que no fueron llevados ante la ley”, sostuvo Yuri Quintero, secretaria general de la Red de Derechos Humanos del Departamento de Putumayo. La preocupación de la defensora es compartida por muchos otros campesinos de la región, quienes se reunieron el pasado 2 de octubre para manifestar ante delegados del Gobierno su rechazo a la fumigación aérea, que volvería con otro herbicida: glufosinato de amonio. En un documento de 26 páginas, la comunidad pidió priorizar una sustitución voluntaria, gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito, con un acompañamiento integral del Gobierno.
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La propuesta también fue una respuesta al debate de control político en el Congreso del pasado 30 de septiembre, en el que los ministerios de Justicia y Defensa, en cabeza de Iván Cancino y Jorge Eduardo Mora, respectivamente, defendieron el plan piloto de aspersión. Sin embargo, el proyecto está actualmente en pausa por orden de un juzgado de Puerto Asís que, el 11 de septiembre de 2026, ordenó una medida cautelar tras una tutela presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. En la acción judicial, la comunidad de Putumayo señaló que el plan de aspersión vulnera sus derechos fundamentales a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, entre otros.
“La mayor preocupación que tenemos es sobre los efectos del glufosinato de amonio, el cual daña la hoja de coca, pero no destruye la mata desde la raíz. Lo que decimos las comunidades es que no se puede hacer un control de los impactos del herbicida ni en el aire, ni en el agua, ni mucho menos en otros cultivos”, sostuvo Quintero. El glufosinato de amonio se encuentra clasificado en el marco regulatorio europeo como una sustancia tóxica para la reproducción, por generar posibles daños en la fertilidad y el desarrollo fetal, de acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa). Además, está prohibido en los 27 países de la Unión Europea y en Marruecos debido a sus elevados niveles de toxicidad.
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Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que el Gobierno está trabajando en la delimitación de los polígonos, la precisión de la aplicación y las condiciones técnicas de las aeronaves. Incluso mencionó el uso de drones como otra herramienta dentro de su estrategia: “El Gobierno no se va a quedar solo con la aspersión aérea”. El jefe de la cartera ha insistido en que el propósito es combatir a los grupos armados sin afectar a las comunidades ni al medio ambiente. “Vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, aseguró Cancino, y resaltó que “mientras existan esos cultivos, también habrá homicidios y confinamiento”.
Ante la posición del Ejecutivo, los campesinos de Putumayo respondieron con unas propuestas que, según la defensora Quintero, han estado discutiendo “desde hace 30 años, pero que desafortunadamente ningún gobierno ha adoptado: una política de Estado que materialice una acción real para combatir la existencia del uso ilícito de la coca”. Entre esas fallas institucionales, el documento señala el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que nació como parte del Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con Quintero, el Pnis llegó hasta la fase de erradicación de la primera etapa, pero “no se cumplieron la segunda y la tercera fase de inversión social para nuevos proyectos”.
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La comunidad destacó el gran logro del Pnis: de las 20.317 familias que se vincularon al programa en todo el país, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) verificó la erradicación voluntaria de 9.904 hectáreas, con un cumplimiento del 98 %. De igual manera, el programa RenHacemos, liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Dsci) del Gobierno, registra 13.451 núcleos familiares y 8.061 hectáreas erradicadas. Pese a estos avances, la comunidad denuncia que, de los 9.917 kits productivos proyectados, únicamente se han entregado 953, por lo que quedan pendientes 8.964 entregas, además de deudas en asistencia técnica y pagos de subsistencia.
“Lo que se le propone al Gobierno es que revisemos estas cifras, miremos el incumplimiento y qué posibilidades hay de invertir dinero en estos programas, porque el Pnis y RenHacemos son elementos fundamentales que recogen el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, que se firmó con el Estado colombiano, no con el Gobierno de turno”, manifestó Quintero. La defensora concluyó que el llamado principal al Gobierno es a realizar una inversión social y a que, “en mesas de diálogos retomemos la discusión de cómo es que el campesinado piensa el tránsito de cultivos desde una lógica concertada y voluntaria, pero hasta ahora lo que vemos es que se está desfinanciando todo lo que tiene que ver con la paz”.
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Mientras una medida cautelar de un juez es lo único que detiene el inicio del plan piloto de aspersión en Putumayo, las comunidades y los delegados del Gobierno pactaron una nueva reunión para el próximo 30 de octubre. Allí, en palabras de Yury Quintero, volverán a estar presentes “los jóvenes que nacieron durante la época del glifosato, que crecieron con malformaciones y que hoy son adultos escuchando, otra vez, lo que podría pasar con nuevos seres humanos en su territorio y en sus alrededores. Ellos son la muestra de por qué nos oponemos firmemente a la fumigación aérea y esperamos que el Gobierno nos escuche, que sea consciente de la historia que ya vivimos en Putumayo y que no queremos repetir”.
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Mario(fvzc9)•Hace 19 minutosAtentado contra la vida del suelo, de los humanos y de los animales. Bueno este es el estilo del Ilegal
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blanca norha(17546)•Hace 1 horaEs realmente intolerable la falta de respeto por la vida de quienes aportan al pueblo la vida desde el cultivo de alime tos y de quienes se han acogido al plan de sustitución de cultivos ilícitos Lastima que un 50% del pueblo Colombiano. No entendió, quién era ADLE y votaron contra si mismo
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Carlos(86809)•Hace 2 horas¿ Que les dice el ministro de agricultura a los "" CAMPESINOS"" del Putumayo ???
