
Durante décadas, los pueblos indígenas Korebajü, Siona, Nükak, Hitnü y Jiw, que viven en la Orinoquía y la Amazonía colombiana, han demandado justicia por las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas en el marco del conflicto armado. Exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersona, ataques a oleoductos, contaminación de ríos, daños al medio ambiente y a los territorios hacen parte de las violencias sufridas por miles de personas en los departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Una región que se desangró entre 1996 y 2016 por cuenta de la guerra librada por la antigua guerrilla de las Farc.
Así lo detalló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que esta semana imputó a diez exintegrantes de esa antigua guerrilla, incluidos tres exintegrantes del último secretariado ese grupo ilegal: Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias “El Médico”, y Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”. A ellos se suma Elmer Caviedes, alias “Albeiro Córdoba”, quien perteneció al Estado Mayor del Bloque Oriental, y seis antiguos integrantes y comandantes de los bloques Sur y Oriental. La imputación, que tuvo ponencia del magistrado Juan José Cantillo Pushaina, resume parte del horror vivido por estas comunidades. Estas son cuatro historias que lo demuestran.
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Asesinato del concejal Luis Piranda
Luis Piranga era un conocido líder indígena del pueblo Koreguaje. Vivía en la comunidad de Herichá, en el municipio de Milán (Caquetá). Era concejal y una de las personas más respetadas de la región. El 12 de octubre de 1996, el líder regresaba de una reunión comunitaria e iba por el camino hacia Herichá. Habitantes de la zona escucharon disparos y, cuando llegaron al sitio del que provenían las detonaciones, encontraron el cuerpo sin vida de Luis Piranga tendido en el suelo. Tenía dos impactos de bala en la cabeza. No había rastro de los responsables del crimen. Según la imputación de la JEP, crímenes como el de este concejal fueron cometidos por la antigua guerrilla con el objetivo de infundir temor en la población y ejercer control territorial.
“El señor Piranga era una figura ampliamente reconocida en su comunidad por su defensa activa del territorio, su participación en el Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá (CRIOMC) y su postura firme en contra de la participación del pueblo Koreguaje en el conflicto armado. Su liderazgo político y su posición de autonomía frente a los grupos armados lo convirtieron en un objetivo visible en un contexto de creciente presión y control territorial”, señaló la JEP. Se trató, según la imputación, de un crimen cometido por los frentes 15 y 49 de las Farc, en el marco de una estrategia de presión continua a líderes y comunidades, para mantener el control de los corredores de tráfico de cocaína.
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Retención y tortura de Franco Ever Yaiguaje Payaguaje
El 17 de noviembre de 2005, en horas de la noche, integrantes del frente 48 de la antigua guerrilla de las Farc entraron al resguardo indígena Siona Buenavista, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo). Allí aprehendieron y secuestraron al líder indígena Franco Ever Yaiguaje Payaguaje, quien era el gobernador del resguardo Siona Buenavista y presidente de la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS). Los hombres armados se lo llevaron con rumbo desconocido y en un plagio que duró más de 20 días. Durante su secuestro fue sometido a golpes, amarres y diversos maltratos físicos y psicológicos, según señala la imputación. Agrega que lo trataban constantemente de “sapo”.
“Relató que fue golpeado con la cacha de un arma de fuego al momento de la captura, trasladado a pie durante varias horas, mantenido atado de pies y manos, golpeado con objetos de madera y sometido a actos de intimidación y simulacros de ejecución que le provocaron desmayos”, dice la imputación. Y agrega que el líder Franco Ever Yaiguaje Payaguaje fue cuestionado por los integrantes de la guerrilla de tener vínculos con actores estatales y grupos paramilitares, así como de colaborar con empresas internacionales del sector de hidrocarburos. Según la JEP, el joven fue declarado “objetivo militar” por su rol de liderazgo comunitario. Fue liberado luego de tres semanas de cautiverio por intervención de los sabedores de su comunidad.
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Crimen del etnoeducador Jorge Santos Aguilar
Jorge Santos Aguilar era integrante del pueblo Jiw y docente en el resguardo indígena Barrancón, en el municipio de San José del Guaviare (Guaviare), una zona dominada por el frente 44 de la antigua guerrilla de las Farc. Vivía junto a su familia a la orilla de un río y vivían del cultivo de cacao. Ana Briseida Santos, su hija, le contó a la JEP que para el año 2003 los hombres armados “ejercían fuertes controles sobre la población y restringían actividades cotidianas como la pesca y la movilidad de los habitantes”. El día de los hechos, que no se especifica en la imputación, su padre salió a pescar sobre las 6:00 de la tarde. Los guerrilleros, dice el auto, ya habían decidido asesinarlo.
El etnoeducador fue retenido por integrantes de la guerrilla, lo golpearon y lo trasladaron río abajo hasta un sector alejado, donde le habrían disparado en varias oportunidades. “La misma versión refiere que su cuerpo habría sido atado con piedras y arrojado al río y que, posteriormente, algunas personas de la región señalaron que sus restos habrían sido enterrados en cercanías de la Laguna Araguato, aunque hasta la fecha su ubicación exacta continúa siendo desconocida”, dice la imputación. Su familia nunca pudo rendirle los rituales funerarios propios de su cultura. Además, la comunidad tuvo un fuerte impacto por la pérdida de su etnoeducador, “debilitando los procesos educativos y de transmisión de conocimiento propios del pueblo Jiw”.
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Asesinato del líder Monikaro Nükak
El 2 de enero de 2008, Monikaro Nükak estaba en el sector de Laguna Pabón, en Caño Cumare, jurisdicción de San José del Guaviare (Guaviare), recolectando hoja de coca. Era un hombre muy conocido en la comunidad por su labor como líder indígena del pueblo Nükak. Hombres del frente 44 de las Farc lo interceptaron señalándolo falsamente de haberse apropiado de un artefacto explosivo de la guerrilla. Otro informe de derechos humanos señala que los guerrilleros lo acusaron de ser informante y guía de grupos paramilitares. “Los guerrilleros lo retuvieron, lo amarraron y, posteriormente, tras un intento de fuga, le dispararon, causándole la muerte”, señala la imputación.
Detrás del crimen también están las denuncias que hizo, como líder comunitario, por medio de emisoras locales sobre un desplazamiento masivo de su comunidad, ocurrido en noviembre de 2005, ordenado por la antigua guerrilla de las Farc para apoderarse de su territorio. El documento agrega: “La misma denuncia indica que los integrantes de la organización armada no permitieron que la comunidad Nükak se acercara al cuerpo para realizar las ceremonias funerarias correspondientes (…) dentro de la organización armada existía una representación de Monikaro asociada a una presunta colaboración con la fuerza pública, percepción que coincide con los señalamientos que posteriormente justificaron su asesinato”.
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Mario(16018)•17 de octubre de 2026 – 10:56Por fin, la inoperante JEP se está poniendo las pilas al ver que el Tigre no va de caña.
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Carolina(cv5s2)•17 de octubre de 2026 – 11:21🤣 la ignorancia es muy atrevida.
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antonio(7747)•17 de octubre de 2026 – 08:01Una región que se desangró entre 1996 y 2016 por cuenta de la guerra librada por la antigua guerrilla de las Farc….Si estos no son delitos de lesa humanidad. El pueblo en el plebiscito no dijo NO a la paz, dijimos NO a la impunidad y beneficios para estos salvajes.
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antonio(7747)•17 de octubre de 2026 – 07:59Si imputó, conocemos la verdad y ? Y timochenco sigue disfrutando de 6 camionetas de alta gama blindadas, 16 personas en su esquema de seguridad. Exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecuciones, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersona, ataques a oleoductos, contaminación de ríos, daños al medio ambiente y a los territorios hacen parte de las violencias sufridas por miles de personas en los departamentos de Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.