Defensoría rechaza ataques contra la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre

En esa línea, Marín Ortiz señaló su rechazo por los ataques tanto contra la JEP como contra la togada. “Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan su buen nombre y su integridad, sino que constituyen una preocupante forma de deslegitimación de la justicia”, afirmó la defensora.

En su pronunciamiento, la defensora del pueblo mencionó las publicaciones de la senadora María Clara Posada y del senador Germán Rodríguez. “Se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las Farc”, aseguró.

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También se refirió a los comentarios del senador Rodríguez en una publicación de TikTok, en la que afirmó que la magistrada “anda de amores con Timochenko”. Según Marín Ortiz, estas afirmaciones “trasladan la discusión del terreno jurídico a ataques personales, que pretenden presentar como cierta, información que es falsa” y que están basados en estereotipos de género.

Por ello, la defensora realizó un llamado a tener en cuenta, en primer lugar, que la desinformación no puede convertirse en un instrumento del debate político. “Presentar fragmentos aislados de audiencias como pruebas de complicidad, omitiendo información y distorsionando los hechos, incluso puede llegar a revictimizar a quienes participaron en estos procesos”.

En segundo lugar, la defensora del pueblo aseguró que dichos ataques incluyen expresiones de violencia de género. “No es una crítica jurídica, sino una descalificación sexista que recurre a estereotipos”, afirmó Marín Ortiz. También advirtió que estas expresiones, al circular en redes sociales, pueden poner en riesgo la integridad y la seguridad de las mujeres que ejercen funciones públicas.

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La defensora señaló que quienes ejercen cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente a la calidad del debate público. Para la entidad, la investidura de un congresista “otorga visibilidad y alcance a sus pronunciamientos, por lo que exige una mayor responsabilidad con el rigor de la información que difunde”.

La Defensoría reconoció que los integrantes del Congreso tienen pleno derecho a cuestionar las decisiones judiciales. Sin embargo, ese derecho “debe ejercerse con responsabilidad, sin presentar acusaciones infundadas como hechos demostrados ni utilizar expresiones discriminatorias para desacreditar a quienes ejercen funciones judiciales”.

Por ello, la entidad solicitó a los congresistas involucrados que rectifiquen las afirmaciones falsas o “carentes de sustento” y que contribuyan a un debate basado en información completa y verificable. La Defensoría también advirtió que actualmente “estamos bajo un ataque en la autonomía en el ejercicio de la función judicial”.

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Según Marín Ortiz, el artículo 113 de la Constitución establece la separación de funciones y la colaboración armónica entre los órganos del Estado. “Esa colaboración no significa ausencia de controversias, pero exige respeto por la autonomía de quienes administran justicia y la autonomía de la justicia es una garantía para toda la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, indicó que la democracia se debilita cuando las diferencias políticas se convierten en ataques personales. La Defensoría también destacó los avances de la JEP, que adelanta 11 macrocasos y ha iniciado la ruta adversarial en 30 casos de personas que no reconocieron su responsabilidad. Además, ha realizado 432 imputaciones contra 367 máximos responsables de las antiguas Farc, integrantes de la fuerza pública y algunos civiles.

Según la entidad, la jurisdicción también ha resuelto la situación jurídica de más de 1.000 personas que no son máximos responsables. A septiembre de 2026, se registraban 15.753 víctimas individuales y 439 víctimas colectivas acreditadas en sus procesos. Para la Defensoría, estos son avances importantes: “La JEP ha emitido, en la ruta restaurativa y en la adversarial, cinco sentencias de condena relacionadas con crímenes sistemáticos de suma gravedad y sensibilidad para el país”.

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Además, la entidad destacó que las decisiones judiciales de la JEP han permitido establecer que más de 21.000 personas fueron víctimas de secuestro, 18.677 niñas y niños fueron reclutados por las antiguas Farc y 35.178 personas sufrieron violencia sexual y basada en género. A esto se suman 7.837 personas asesinadas y desaparecidas por integrantes de la fuerza pública para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Sin embargo, también señaló que, como cualquier entidad del Estado, “la JEP no es infalible”. En esa línea, la entidad aseguró que “sus actuaciones y decisiones pueden ser cuestionadas mediante los mecanismos procesales establecidos y están sujetas al control constitucional que corresponda, incluida, de manera excepcional y bajo los requisitos previstos, la acción de tutela”.

Por ello, la Defensoría solicitó a ambos congresistas rectificar las afirmaciones contra la magistrada Lemaitre y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la violencia de género, la estigmatización o los ataques a la autonomía judicial.

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También exhortó a quienes integran las ramas y los órganos del poder público a ejercer sus competencias y participar en el debate público con respeto por la autonomía judicial, la separación de poderes y los principios del Estado de derecho. Por último, invitó al Congreso, al Gobierno nacional, a la JEP, a las víctimas y a los distintos sectores de la sociedad a promover un debate que permita seguir “avanzando hacia las garantías de justicia para las víctimas”.

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