
Tomas guerrilleras de pueblos completos. Masacres de civiles inocentes. Desplazamientos masivos de comunidades. Amenazas y asesinatos de funcionarios públicos. Persecuciones. Torturas. Desapariciones forzadas. Estos son algunos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad por los que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc. Los comparecientes fueron llamados este 29 de octubre a reconocer responsabilidad por graves hechos ocurridos entre los años 90 y 2000 en Tolima, Huila y Quindío. La decisión se conoce en uno de los momentos más difíciles de la justicia transicional por los cuestionamientos a su trabajo.
Entre los imputados está Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien fue el coordinador del Comando Conjunto Central ante el último secretariado de las Farc. También Luis Eduardo Rayo, alias “Marlon”, excoordinador de esa estructura ilegal; y Henoc Capera Trujillo, alias “Giovanni”, exintegrante del Estado Mayor del Frente 21 de la guerrilla. La investigación, liderada por la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, documentó los crímenes que se enmarcaron en dos patrones: el control social y territorial y las hostilidades o acciones armadas contra la fuerza pública y otros adversarios. La imputación, de 746 páginas, recoge gran parte del horror vivido por miles de personas por la barbarie de las antiguas Farc. Estos son algunos hechos.
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Toma guerrillera de Puerto Saldaña (Tolima)
Puerto Saldaña es un corregimiento del municipio de Rioblanco (Tolima) que durante años estuvo en medio de la guerra entre el Comando Conjunto Central de las antiguas Farc y estructuras paramilitares. A finales de marzo del año 2000, los habitantes de esta región empezaron a recibir amenazas, panfletos y a ser interceptados en retenes ilegales de la guerrilla. Según la imputación de la JEP, esas acciones fueron parte de la antesala de la toma guerrillera que se había planeado semanas atrás en una reunión en el municipio de Planadas. “La guerrilla advirtió a la población que aquellos que no fueran paramilitares debían evacuar porque iban a iniciar combates contra ese grupo armado”, señala el documento. Muchas familias se quedaron, pese a las advertencias de la guerrilla, y vivieron el horror de frente.
En la madrugada del 1 de abril de ese mismo año, integrantes de las Farc cercaron el corregimiento con hombres armados custodiando los cerros cercanos al pueblo, lo que impedía el ingreso de la fuerza pública y la salida de la población. Dispararon ráfagas de fusil contra la estación de la Policía y lanzaron cilindros cargados con explosivos. Los propios comparecientes aceptaron ante la JEP que el número de ataques con explosivos fue “exagerado”. Un avión fantasma del Ejército bombardeó el pueblo en la noche del 2 de abril para repeler a los guerrilleros, pero las Farc declararon objetivo militar al corregimiento y los ataques se prolongaron durante más de un mes, hasta el 8 de mayo. Asesinaron a 27 civiles, quemaron unas 200 casas, destruyeron el centro de salud y la parroquia. Unas 3.700 personas se desplazaron y hoy, ante la JEP, buscan ser reparados.
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Masacre de la vereda Ucrania (Huila)
El 26 y 27 de enero de 2002, hombres del Comando Conjunto Central de las antiguas Farc ingresaron a la inspección de Potrero Grande, en jurisdicción del municipio de Colombia (Huila), y sembraron el horror. La incursión armada, según la JEP, fue ordenada por Luis Humberto Zuluaga, alias “Rigoberto el Paisa”, y la ejecución estuvo al mando de Alberto Blandón Peñaloza, “Álvaro”, y Nelviluar Fierro, alias “Escoba”. Los guerrilleros requisaron a los habitantes de la región, incendiaron casas y siguieron su caravana de muerte hacia la vereda Ucrania, donde vivía la familia Rodríguez Cardoso. En la casa estaban Yamile Rodríguez, de 30 años; María Grey Cardoso Solórzano, de 26 años; Ruddy Lorena Rodríguez Cardoso, de ocho años; y la empleada, Elizabeth Molina Robayo, de 15 años.
La orden a los guerrilleros, según le dijo a la justicia Nelviluar Fierro, alias “Escoba”, era asesinar a Yamile Rodríguez y a todas las personas que estuvieran con ella por presuntos vínculos con los paramilitares. Así lo hicieron. En esa misma incursión asesinaron también a Medardo Cortés Orjuela, de 68 años, quien era el padre de un soldado adscrito a la Novena Brigada del Ejército. Y a Mario Ariza, Albeiro Ariza y Ángel Custodio Ballesteros. Este último tenía solo 20 años y su cuerpo sin vida fue encontrado en la vía que conduce del predio La Primavera, en la vereda La Holanda. Al joven, según la JEP, los guerrilleros le amarraron las manos, lo torturaron y luego le dispararon en dos oportunidades. También asesinaron a Carlos Aurelio Ávila, el boticario de la región, quien se negó a entregarles medicamentos a las Farc.
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Asesinatos de supuestos informantes
Quindío no fue ajeno a la barbarie del de las antiguas Farc. No sufrió tomas guerrilleras ni masacres similares a las ocurridas en Tolima y Huila. Pero en ese departamento, según la JEP, la antigua guerrilla sí señaló como objetivos a personas de las que se rumoraba que eran informantes o colaboradores de los paramilitares o de la fuerza pública. Incluso, emitieron panfletos con instrucciones, entre las que estaban medidas como mantenerse a mínimo 500 metros de convoyes militares o caravanas de la fuerza pública. Solo entre abril y junio de 2004, según las confesiones de los exjefes de la guerrilla, asesinaron a seis civiles en distintas veredas de Quindío, que no especifican en la decisión de la JEP. Y a las Juntas de Acción Comunal les prohibieron implementar programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
También la guerrilla de las Farc atacó uniformados por fuera del servicio. Uno de los casos recopilados por la JEP es el de un teniente de la Policía, cuyo nombre no aparece en la decisión, retenido por guerrilleros el 19 de enero de 2004 en la vía entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío). Los guerrilleros lo esposaron y le dispararon en varias oportunidades. En Rovira (Tolima) ocurrió otro hecho en este patrón criminal: el asesinato del agente Gustavo Pulido Cabrera. El 6 de junio de 2005, integrantes del Frente 21 activaron tres explosivos contra policías que se movilizaban en una moto. En el ataque falleció el subteniente Selasie Granados López. El agente Pulido quedó herido y pidió auxilio por radio a sus compañeros, pero un guerrillero amenazó de muerte a quien llegara a ayudarlo y falleció. El caso sigue impune.

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Por estos hechos, con los que la JEP llega a 30 imputaciones en contra de 382 máximos responsables del conflicto armado, los exintegrantes del Comando Conjunto Central de las Antiguas Farc podrán reconocer responsabilidad en un plazo de 20 días por escrito, antes de hacerlo frente a las víctimas. Quienes decidan no aceptar la imputación serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, también conocida como la Fiscalía de la JEP, para que decida si los llama a juicio o no por estos graves crímenes.
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antonio(7747)•30 de octubre de 2026 – 09:39Y los del secretariado de las farcs, responsables de todas estas atrocidades fueron premiados con 8 años de curules y hoy en dia disfrutan de camionetas de alta gama blindadas y esquemas de seguridad, todo pagado con nuestros impuestos. Mientras los cuerpos de los dipuatdos del valle ocupando lotes en los cementerios sus secuestradores asesinos ocuparon curules en el congreso.
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Carmen(d6co2)•30 de octubre de 2026 – 04:48Fue a esos asesinos, violadores y secuestradores a los que Santos los premió con curules en el Congreso, a los que acaban de castigar con trabajo en el campo. En el referéndum el pueblo colombiano le dijo no a la “paz” que proponía Santos y a él le importó un bledo la opinión del pueblo que lo eligió.
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Marco(53341)•30 de octubre de 2026 – 02:00Muy generosa fue Colombia con estos degenerados FARC para tener ahora que aguantar esta espera interminable sin fallos de la JEP, lo que nos obliga a seguir viéndole la jeta a estas ratas. Aceleren el paso, señores magistrados. Y manden a estos indeseables maléficos ojalá a echar azadón y sudar de verdad en las tales granjas agrícolas puercas esas de las que nadie sabe un car@jo…
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usucapion1000(15667)•29 de octubre de 2026 – 23:46Bien por la JEP que sigue demostrando equilibrio e independencia. No podemos permitir que este desgobierno la elimine con absurdos recortes u ina encarnizada persecución.
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antonio(7747)•30 de octubre de 2026 – 09:41Equilibrio entre los secuestradores y Sigifredo Lopez ?? Ud no ve mas allá de sus narices. Que tristeza. Que pasa con las mujeres que siendo menores fueron violadas por sus adorados violadores de las farcs ?
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