
Danilo Rojas Betancourth es el nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es un abogado de más de 40 años de experiencia, con especializaciones, una maestría y hasta un doctorado de la Universidad Nacional. Además, conoce la Rama Judicial como pocos: fue relator, magistrado auxiliar y consejero del Consejo de Estado, entidad que además presidió en 2016. Sin embargo, a la presidencia de esta instancia de justicia transicional llega a otra cosa: a echar números. El Congreso ya aprobó el Presupuesto para 2027 y a la JEP la dejó con un recorte que pone en riesgo su propio funcionamiento y el cumplimiento de sus sentencias. Y, como si eso ya no fuera poco, Rojas Betancourth enfrenta la peor de las tormentas: el golpe de legitimidad que durante las últimas semanas han capoteado sus cabezas más visibles.
Los protagonistas de los cuestionamientos que tienen a la JEP en esta encrucijada han sido congresistas del Centro Democrático y de Salvación Nacional, que tienen el dedo en la llaga: el manejo de las finanzas, gastos que consideran exagerados, magistrados que han actuado con “condescendencia” con exintegrantes de las Farc y la falta de resultados, a siete años de su creación. Además, son autores de dos proyectos de ley que buscan que la JEP tenga menos tiempo de vida y que el futuro de algunas de sus sentencias quede por fuera de sus manos. Por donde se mire la situación, el panorama es crítico. De todas estas urgencias, la prioritaria es la del presupuesto.
En contexto: El magistrado Danilo Rojas Betancourth es elegido nuevo presidente de la JEP
Una tormenta financiera
En una sola votación, Danilo Rojas obtuvo los 23 votos que necesitaba para salir ganador. Esa Sala Plena se llevó a cabo en la mañana de este martes, solo horas después de que el Congreso definiera el Presupuesto General para la Nación correspondiente a 2027. Aunque la JEP llegaba ya a esa discusión con los números en su contra, salió todavía peor: el legislativo aprobó una reducción total de COP $307.245 millones. Es decir, ahora solo recibirá COP 640.403 millones de los COP 947.648 que había pedido el hoy presidente de la jurisdicción, Alejandro Ramelli. ¿La razón? Una propuesta de Salvación Nacional y el Centro Democrático que pidió quitarles COP 1.000 millones más.
Según lo aprobado, COP 170.000 millones serán destinados al Consejo Superior de la Judicatura, para el funcionamiento de la Rama Judicial, y los otros COP 11.400 millones serán reasignados al Ministerio de Defensa, para el pago de indemnizaciones a familiares de policías y militares que fueron víctimas de la antigua guerrilla de las Farc. El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, quien dejará la presidencia de la JEP el próximo 4 de noviembre, ya había advertido que un recorte de esas dimensiones pondría en riesgo el cumplimiento de responsabilidades como la protección de víctimas y comparecientes, la transmisión de audiencias, el monitoreo y verificación de las primeras sentencias emitidas en 2025.
En video: La JEP eligió al magistrado Danilo Rojas como nuevo presidente

Si bien la decisión del Congreso ya no tiene vuelta atrás, para los analistas que le han seguido el pulso a la JEP y las organizaciones que representan a víctimas ante la justicia transicional, el recorte del presupuesto pone al nuevo presidente en la tarea de “echar lápiz” y definir cuáles son los gastos que tendrán que recortar. Y todo eso sin dejar de cumplir con las responsabilidades que tiene por mandato de la Constitución. Paula Vargas García, investigadora del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), una organización no gubernamental internacional, le dijo a este diario que a la JEP se suma el problema de que algunos países europeos han pasado del apoyo financiero a solo brindar apoyo político.
Sobre lo que considera que se puede reducir, hay un ejemplo ya muy claro: la transmisión de las audiencias. Según Vargas, esa logística les estaría costando COP 50 millones y hay muchas, dice la experta, que no es necesario que se transmitan. En concreto, las relacionadas con la persecución penal. “Hay que hacer un alto en el camino para reevaluar si es absolutamente necesaria su transmisión. La JEP sí debe sentarse a echar números y reducir gastos en temas como estos”, explicó la experta. En eso, agregó, el presidente debe priorizar qué es lo realmente esencial para la comunicación de sus diligencias y decisiones.
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“La JEP está haciendo el máximo de cosas y con lo más costoso. Ese ya no puede ser el ejercicio. Debe ser a la inversa: tienen que arrancar pensando qué es lo mínimo que pueden hacer y lo más barato. Y, si cumple con los requisitos, tomar ese camino”, dijo la investigadora Paula Vargas. Ana María Rodríguez Valencia, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a unas 2.000 víctimas ante la JEP, argumentó que la falta de recursos no podrá ser para el nuevo presidente un argumento para decir que no pueden cumplir con su misión. Explicó que lo que debe hacer esa instancia es ajustar métodos de trabajo, evitar gastos innecesarios y redistribuir tareas en sus equipos.
“Sabemos que hay riesgos financieros para la protección, temas audiovisuales y digitales, de manejo de archivos o logísticos. Seguramente también habrá alguna afectación en el acompañamiento y representación a las víctimas y los comparecientes. Esperamos que sea menor, porque sería desafío grande asegurar la continuidad de la labor en materia de garantía de derechos”, expresó la directora Ana María Rodríguez. Sobre el cumplimiento de las sentencias, la jurista señaló que el nuevo presidente de la JEP debe recordar que se trata de una responsabilidad en cabeza del Gobierno Nacional y no de la propia justicia transicional, que va más allá del presupuesto y que implica que tienda puentes con el Ejecutivo y el Congreso.
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Las conversaciones imposibles
A los asuntos presupuestales se suman otros temas relacionados con su conversación con otras instancias del Estado y la defensa de la legitimidad de la justicia transicional. Uno de esos diálogos, hasta ahora imposible, es con el presidente Abelardo de la Espriella, quien no aceptó reunirse con el magistrado Alejandro Ramelli ni lo invitó a su posesión. Para Paula Vargas, del IFIT, se trata de “un reto mayor” que tiene relación con lo financiero. “Se tiene que construir el relacionamiento con el Gobierno Nacional para poder implementar muchas de las cosas que están pendientes y que requieren del Ejecutivo, así como para que el golpe de los presupuestos que el magistrado Danilo Rojas tendrá que negociar en 2027 y 2028 no sea tan grande”, dijo.
Ana María Rodríguez coincidió en que la conversación con el jefe de Estado es uno de los asuntos inaplazables en la agenda del nuevo presidente de la JEP. “Es importante que pueda intentar tender puentes con la Presidencia y con el resto de las instituciones que tienen a su cargo obligaciones relacionadas con el cumplimiento de las sanciones. Es un contexto difícil, pero es un intento que hay que hacer”, expresó la jurista. Y agregó que entre esos diálogos también debe fortalecerse la conversación con el resto de la Rama Judicial, por lo que ve con optimismo la experiencia del magistrado Danilo Rojas como expresidente del Consejo de Estado: “Tender esos puentes puede ayudar a que haya una postura mucho más unificada, de cara a potenciales intentos futuros de reforma a la JEP o a la rama judicial en general”, agregó.
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Esto, en lo relacionado con los dos proyectos de reforma constitucional que podrían cambiar las reglas de la JEP. Uno del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, que busca reducir a diez años el tiempo del mandato de la JEP; y otro del partido Centro Democrático que pretende que las sentencias contra antiguas agentes del Estado sean revisadas de forma automática por el Tribunal Superior Militar y Policial. Pero aseguró que las conversaciones del magistrado Danilo Rueda no deberían representar en ningún momento un sometimiento de la justicia transicional a las otras ramas del poder público. “El diálogo no significa poner a disposición de nadie la autonomía o la independencia de la JEP. Esos principios son innegociables”, señaló.
Para Paula Vargas, el magistrado Danilo Rojas también tendrá que plantear una reflexión delicada con sus 37 compañeros de la Sala Plena en lo relacionado con la forma de administrar justicia y de que la JEP sea, en sus palabras, “más pragmática” a la hora de adelantar procesos y de tomar decisiones. “La elección del nuevo presidente está relacionada con que en este momento hay que buscar de forma prioritaria dentro de la JEP. El magistrado Danilo Rojas es la persona, entre los candidatos, que tenía la mejor posibilidad de hacerlo. También para la sociedad era el candidato más técnico y de centro”, señaló. Y Rojas es el llamado a sostener a la JEP durante los próximos dos años de vida.
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Julio César(69508)•21 de octubre de 2026 – 14:35Corresponde al jurista Danilo Roja, evitar que el presunto despilfarro y el denunciado turismo judicial no eclipsen la brillante labor desarrollada por ese organismo de justicia transicional, de cuyas realizaciones està pendiente el mundo entero.
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Diana cp(85842)•21 de octubre de 2026 – 07:43Que tipo tan inmoral, presidir un tribunal espurio que es un desangre de plata para el pueblo pobre colombiano, si tuviera dignidad ni se acercaría a ese tribunal faruco negado por el pueblo colombiano y no aceptado por la comunidad internacional pues solo sirve para condenar sin pruebas a nuestros héroes de las FFMM y exonerar a los grandes capos de las FARC ejemplo el tal Cepeda hasta el colmo de tener a la mujer allí ganando una millonada cuando deberían ser los primeros comparecientes