
Hay pocas cosas más impopulares que los impuestos. No por nada es uno de los temas que los políticos más rehúyen en campaña y, típicamente, cuando hablan de ellos lo hacen para afirmar que no los van a subir.
“Decir que uno no va a tocar impuestos es como la promesa del personero del colegio que quiere poner piscina. La verdad es que la campaña aguanta todo tipo de cosas, pero cuando toca gobernar hay que tomar decisiones complicadas”. Las palabras son de un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, quien trabajó de cerca en la redacción y negociación de varias reformas tributarias. Y, utilizando sus palabras, lo complicado llegó esta semana.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso un paquete de medidas, llamado “ley de rescate económico”, que pretende enderezar el panorama fiscal del país, que hoy luce entre angustiante y aterrador, siendo optimistas.
De acuerdo con cuentas del vicepresidente, José Manuel Restrepo, de cada tres pesos que recauda el Gobierno, al menos uno se va para cubrir el hueco de la deuda pública, que en la administración Petro (argumenta Restrepo) pasó de COP 800 billones a COP 1.200 billones. La deuda es parte fundamental, y dolorosa, de la ecuación, no sólo por el monto total, sino porque el costo de adquirirla casi que se ha duplicado en los últimos cuatro años.
¿Por qué se endeuda un hogar? Porque sus ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos, bajo la explicación más sencilla y sin ponernos demasiado relativos con la respuesta. La situación de Colombia es un poco esa: los impuestos no cubren el alcance de los compromisos del Estado. Este no es un escenario inédito ni exclusivo del país, vale la pena decirlo. De hecho, el ejercicio de los estados modernos (con cargas de aseguramiento social y cumplimiento de derechos sociales) es deficitario en su amplia mayoría.
También lea: Ley fiscal también toca la reforma pensional: así se movería la plata de los traslados
Pero el punto acá es que ese déficit ha ido creciendo “poquito a poco”, como reza la canción, pero sin pausas ni treguas. Las cifras hoy cuentan una historia compleja: cada mes, el país suma COP 11 billones a su déficit. Esto a pesar de que, en promedio, en la última década cada año y medio se ha aprobado una nueva reforma tributaria para intentar aportar mayores ingresos a las arcas nacionales.
Y sí, los ingresos han crecido, pero, siguiendo con la canción, muy poquito. De acuerdo con la Red de Trabajo Fiscal, entre 2019 y 2025 se aprobaron tres reformas tributarias y el recaudo llegó a 14,4 % del PIB, lejos del 17,1 % que estas prometían. El cambio, han dicho los analistas, debe ser estructural.
Miguel Gómez, ministro de Hacienda, había prometido que la ley fiscal buscaría un ajuste de COP 45 billones para el próximo año. Los datos presentados por el Gobierno esta semana indican que, de hecho, la ley mejoraría las finanzas del país en COP 51 billones en 2027 y en COP 122 billones para 2030. Sin embargo, el jefe de la cartera dijo públicamente que la propuesta del Gobierno se enfocaría en recortar gastos y no en aumentar impuestos. Esa fue, para algunos, la mayor sorpresa: el proyecto sí trae impuestos.
Hay una frase famosa que compara a la muerte con los impuestos como las dos cosas más certeras que hay. Algunos corolarios a esta frase anotan que la muerte sucede sólo una vez, mientras que los impuestos se repiten anualmente.
A pesar de la enorme impopularidad de hablar de impuestos, incluso en un país aficionado a hacerle huecos y ponerle curitas al Estatuto Tributario, un amplio grupo de analistas de todo tipo ha señalado la necesidad de reformular esta conversación si, de verdad, queremos pensar en la sostenibilidad de las finanzas. La gran pregunta es cuál sería el mejor camino.
Ajustar impuestos es una de las palancas que diversas fuentes señalaron en los tiempos de la campaña. La otra es hacerle una reingeniería al Estado, no sólo para volverlo más eficiente en su gasto y alcance, sino para poner sobre la mesa para qué alcanza, de verdad, la chequera nacional.
Le puede interesar: Frutas, café, internet y boletas de cine: todo lo que tendría IVA de 19 % con la ley fiscal
La propuesta de ajuste fiscal
Según el discurso del vicepresidente Restrepo, 70 % del ajuste fiscal provendrá de ajustar el gasto público. La promesa es reducir el tamaño del Estado en 15 %. Entre muchas otras cosas, el Gobierno dice que en 2027 el gasto en contratos de prestación de servicios se reducirá en 50 % y para 2028 los gastos en salarios de todas las entidades que están en el Presupuesto General de la Nación, menos la Fuerza Pública, caerán 20 %.
Así mismo, desde 2028, los gastos en prestación de servicios y personal de apoyo del Estado sólo podrían crecer de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, de la inflación.
Por otra parte, la ley le da al presidente facultades extraordinarias por seis meses para suprimir y fusionar ministerios y entidades, reorganizar plantas de personal y, en esencia, rediseñar el Estado colombiano (con excepción, de nuevo, de la Fuerza Pública).
Llegó la hora de hablar de impuestos, comenzando por el IVA
Uno de los cambios más profundos está en el famoso IVA. “Se modifica de manera radical la estructura y funcionamiento. Con la ley se eliminan prácticamente todas las exclusiones y gran parte de las exenciones de IVA y por esta vía terminan quedando gravados la gran mayoría de bienes y servicios”, dijo a este diario Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA.
Esta medida implica que varios bienes y servicios que tenían una tarifa del 0 % o del 5 % quedarán gravados con el 19 %, algunos cuando entre en vigencia la ley y otros a partir del 2028. En su momento, el gobierno de Gustavo Petro también propuso eliminar estos beneficios, aunque su apuesta era menos ambiciosa. Con la llamada “ley de ajuste fiscal” la tarifa general se aplicará para el café, la mayoría de las frutas, la sal, el queso fresco, el fríjol seco y la lenteja seca.
El IVA de 19 % también se aplicará para el internet fijo de los hogares de estratos 1, 2 y 3, boletas de cine, conciertos, eventos deportivos y culturales, vehículos híbridos y eléctricos, los computadores de hasta 50 UVT (COP 2,6 millones en 2026) y un largo etcétera.
Para mitigar los impactos, el Gobierno propone el programa «EfectIVA». Según Restrepo, 19 millones de colombianos, los más pobres y vulnerables, recibirían la devolución total del IVA que pagan. Otros 16 millones, según la exposición de motivos, tendrían una devolución parcial, de hasta el 50 %. De acuerdo con el Gobierno, el beneficio llegaría a los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones, y en promedio se entregarían COP 213.000 mensuales por hogar. El primer pago se haría a más tardar el 20 de diciembre de 2027.
Los cálculos oficiales indican que con estos aumentos entre 2028 y 2030 se recaudará en promedio por año unos COP 25,5 billones (descontando la devolución de EfectIVA). Congresistas de distintos espectros políticos han criticado duramente la medida. Aunque impopular, varios expertos habían recomendado eliminar estos beneficios tributarios, siempre y cuando se estableciera un programa para evitar golpear a los más vulnerables.
Más renta para personas, menos para empresas
Brandon Espinel, profesor de la Universidad del Rosario y asesor en Esguerra JHR, explicó a El Espectador que la ley fiscal apuesta porque la tributación recaiga principalmente en personas naturales, aliviando la carga de personas jurídicas.
El Gobierno propone bajar los impuestos a las empresas para impulsar el crecimiento económico (puntualmente pasar de una tarifa general del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028) y crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que rebaja la tarifa para grandes proyectos de inversión que arranquen entre 2027 y 2029, pero cobrar más a las personas naturales.
Para calcular el impuesto de renta, a los ingresos de cada persona se les restan las deducciones y beneficios que permite la ley. Hoy, si lo que queda después de esa resta (base gravable) no supera las 1.090 UVT (COP 57,1 millones al año en 2026), no se paga impuesto. Con la propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella, ese límite bajaría a 720 UVT (COP 37,7 millones en 2026). La tarifa para el tramo entre 720 UVT y 1.090 UVT sería del 9 %.
Para que lo entienda mejor, un ejemplo. Una persona con una base gravable de COP 50 millones al año, hoy no paga renta. Con el proyecto pagaría una tarifa de 9 % sobre el monto que supera el nuevo límite (que en este caso serían COP 12,3 millones en cifras de 2026).
Le puede interesar: Más impuesto de renta para personas: guía para entender qué cambiaría con la ley fiscal
Espinel explica que gobiernos anteriores consideraron incrementar el universo de declarantes, pero no el de contribuyentes. Tampoco se había puesto sobre la mesa introducir una nueva tarifa (ese 9 %) que, dice el experto, “en todo caso, es mucho más baja que la tarifa actual inicial del 19 %”.
La propuesta también sube las tarifas para dos de los tramos de mayores ingresos. Como explica el profesor, el Gobierno no solo propone extender la tarifa del 39 % a personas que antes pagaban una menor, sino que también pretende reducir el límite de deducciones: “En la práctica significa que la base gravable del impuesto va a incrementarse y, con esto, será más fácil que algunos contribuyentes ahora tributen a una tarifa mayor”.
Entre otros puntos, el proyecto elimina la deducción de 72 UVT por cada hijo o persona a cargo, hasta cuatro, y grava el componente inflacionario de los intereses de CDT y cuentas de ahorro. También aumenta la retención en la fuente en salarios y pensiones e incrementa de 20 % a 30 % el impuesto sobre premios de loterías, rifas o apuestas.
Impuesto al patrimonio: retroceder, nunca; rendirse, jamás
Entre las sorpresas tributarias de la ley se puede contar la supervivencia del impuesto al patrimonio, que, “contrario a la promesa de campaña, no se eliminó”, comenta Correa, de la firma Serrano Martínez CMA.
El proyecto de ley convierte este tributo de permanente a temporal: busca sacarlo de Estatuto Tributario a partir de 2031, pero lo deja vivo entre 2027 y 2030, aunque eleva el umbral de su aplicación, pasando de 72.000 UVT a 95.500 UVT (de poco más de COP 3.770 millones a cerca de COP 5.002 millones).
El impuesto al patrimonio tiene tanto detractores como defensores. En la primera categoría, las críticas se agrupan alrededor de que puede ser un freno a la inversión, especialmente si se aplica a las empresas (como se avanzó en la administración Petro). Y este es un objetivo contrario a toda la política del actual Gobierno, que busca incrementar el crecimiento nacional a punta de inversión privada.
A favor de este tributo hay organizaciones como Oxfam y una amplia lista de académicos (nacionales e internacionales) quienes lo ven como un instrumento efectivo y fundamental para la redistribución de la riqueza, especialmente en contextos de alta desigualdad.
De acuerdo con la ONG, mientras que el ritmo de crecimiento de la riqueza de los multimillonarios continúa incrementándose, su tasa impositiva a nivel global ronda mínimos históricos. Y los topes con los que se grava la riqueza se han rebajado en un tercio durante las últimas cuatro décadas, tiempo en el que los ingresos del 1 % más acaudalado han crecido casi 50 %.
También: ¿Debe ser "rescatada" la economía colombiana? Así se llegó a la ley de ajuste fiscal
Entre muchos cambios, la seguridad social
La propuesta trae grandes cambios para la seguridad social. “El proyecto supone un incremento importante de los costos asociados a la contratación formal para los empleadores, y, en algunos casos, para los propios trabajadores. (…) Más allá del impacto económico inmediato, estos cambios pueden tener efectos en las decisiones empresariales sobre contratación, estructuras de compensación y dimensionamiento de sus plantas de personal”, aseguró María Paula Dueñas, asociada senior de Empleo y Compensación de Baker McKenzie Colombia.
Las empresas que declaran renta no pagan aportes al SENA ni al ICBF, ni la cotización a salud que le corresponde al empleador, por los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos. La propuesta del Gobierno recorta ese beneficio considerablemente: se mantendría para quienes ganan hasta dos salarios mínimos; por los que ganan entre dos y tres, las empresas tendrían que pagar una parte (1 % al SENA, 1 % al ICBF y 4 % a salud), y por los que ganan más de tres pagarían los aportes completos (8,5 % a salud, 3 % al ICBF y 2 % al SENA).
Por otro lado, hoy todos los asalariados aportan un 4 % para salud, pero con el proyecto el porcentaje subiría para quienes ganan más de dos salarios mínimos (el rango va desde 5,5 % hasta 8 % para quienes ganan hasta 25 salarios mínimos). Los independientes también pagarían más: hoy aportan 12,5 % y con la ley pasarían a pagar entre 12,5 % y 15,5 % según sus ingresos. Para aumentar los recursos del sector salud, también se establece que, de los cuatro puntos del aporte que pagan los empleadores a las Cajas de Compensación Familiar, uno iría a la ADRES.
Otro cambio que llama la atención, y que ya está generando críticas de los analistas, tiene que ver con la reforma pensional. La ley estableció que los recursos de quienes usaron la ventana de traslado para pasar de los fondos privados de pensiones a Colpensiones se quedarían en la AFP hasta el momento de la pensión y, en el caso de los que ya se pensionaron, la plata pasaría al nuevo fondo administrado por el Banco de la República. Con la ley fiscal, el Gobierno busca que los recursos de los que ya se pensionaron pasen de una vez a un portafolio administrado por el Ministerio de Hacienda y más adelante, cuando esté funcionando, al fondo público.
Desde el portafolio administrado por Minhacienda se giraría a Colpensiones lo necesario para pagar las mesadas de los que ya se pensionaron y se reembolsaría lo que ya se pagó (COP 1,2 billones de 2024 a 2026). Aquí es clave recordar el debate que generó el decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba trasladar esta plata a Colpensiones.
Se avecina un debate difícil
En el papel, el Gobierno está cumpliendo la promesa de buscar un ajuste de cerca de COP 50 billones en 2027. De lograrlo, se esquivaría un déficit fiscal de 9,4 % (el peor de nuestra historia). El gran reto está en llevarlo a la práctica: el Legislativo tiene la última palabra.
El Congreso no recibió con los brazos abiertos la propuesta: congresistas de todas las bancadas (incluyendo a las del oficialismo) han cuestionado los nuevos tributos y han dicho que los revisarán con cuidado para evitar afectar el bolsillo de los colombianos. Las medidas aquí mencionadas, y las muchas que quedan por fuera, tiene un camino cuesta arriba.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
-
humberto jaramillo(12832)•02 de noviembre de 2026 – 10:18Con ese discurso maxificador contra Petro en su persona y su gobierno, y la negación a acudir al empalme y las alocuciones del presidente ADLE, y los empréstitos adicionales solicitados por el actual gobierno al fmi y al banco mundial, y los cuatro fondos disponibles para solucionar el hueco fiscal y los estragos del terremo y que nadie diga nada sobre el valor de la deuda actual, ni sobre la regla fiscal, se queda uno sin saber qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre la economía del país
-
MiguelAngel(71324)•01 de noviembre de 2026 – 12:43La ley fiscal son más impuestos y a diferencia de la del gobierno Petro y en contravía de lo que todos los expertos dicen no grava los grandes capitales ni las empresas minero energéticas.
-
Alejandro(44129)•01 de noviembre de 2026 – 10:26Pero ¿estas son "conversaciones necesarias" para quién? Cuando las "modificaciones en impuestos" van a afectar directamente a las clases medias y bajas, y a beneficiar abiertamente a las altas, son conversaciones "necesarias" para un sector muy limitado y específico de la población. El titular desorienta al lector, lo condiciona a aceptar la "necesariedad" de algo que no lo es, pues es una decisión para sin duda alguna privilegiar a ese sector de élite
-
JustoYFranco(bqf6j)•01 de noviembre de 2026 – 09:56La devolución del IVA a los 19 millones de personas “vulnerables” del país no se hará efectiva: estas personas de los estratos 1, 2 y 3 compran en tiendas de barrio que no generan factura electrónica y por lo tanto no habrá registro y por consiguiente no hay cómo devolver electrónica IVA a estas personas. Así que esta es una promesa populista para engañar a los colombianos más vulnerables.
-
Valentina(87311)•01 de noviembre de 2026 – 09:17La corrupción… ¿cuándo? Diseñar un sistema que disminuya los indicadores de corrupción. Hasta ahora no he visto nada, solo generalidades sobre el combate, pero nada sistémico. Si atacamos la corrupción científicamente…lloverá dinero…
-
Monica(25323)•01 de noviembre de 2026 – 09:02Que graven a los que se llevan la materia prima como el carbón que usan los israelitas para matar palestinos y los de productos que atentan contra la salud, embutidos, gaseosas, cervezas, licores, y casas con piscinas ,marcas de ropa extranjera de lujo, televisores que embrutecen .¿A quien se le ocurre gravar los productos básicos para la vida como frutas y verduras, queso fresco?Solo a los fanfarrones de este gobierno y a los ingenuos que lo votaron.
-
fabio(30155)•01 de noviembre de 2026 – 08:33Entendemos lo de los impuestos, pero hay que corregir los subsidios. No pueden esperar que la clase media pague mas y a la vez seguir subsidiado el diésel de las Toyota prado y de los camioneros.
-
Ricardo(51929)•01 de noviembre de 2026 – 08:24Llámenlo por su nombre, Reforma tributaria, el señor Restrepo que provocó el estallido social quiere repetir la fórmula y de recorte del estado con el presupuesto subiendo de forma desorbitada es un saludo a la bandera