
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Comerse una panela sin permiso, quedarse dormido en la guardia, intentar comunicarse con la familia, estar desmoralizados, quedar embarazadas, querer retornar a sus hogares, negarse a torturar secuestrados o a cargar alimentos, comer chocolates sin permiso, romper una camisa de un comandante, denunciar abusos sexuales de comandantes o ponerle sal al café. Esas son algunas de las razones en las cuales la antigua guerrilla de las Farc fundamentó los asesinatos de al menos 62 menores de edad en el país.
Así lo documentó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que este 4 de noviembre imputó a nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en contra de menores. La imputación hace parte del caso 07 de la justicia transicional, que investiga el reclutamiento de niñas y niños por parte de ese grupo ilegal. La relatora es la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, quien comunicó la decisión.
Lea también: JEP cita a seis exjefes de las Farc a reconocer reclutamientos de más de 18.000 menores
La decisión estudió crímenes cometidos en dos patrones criminales. El primero corresponde a malos tratos, torturas y sentencias, ejecuciones y juicios sin garantías, cometidos contra niñas y niños reclutados por esa guerrilla. Por otro lado, la decisión les imputa crímenes relacionados con violencias reproductivas cometidas contra niñas reclutadas. Las cifras y los relatos de lo que encontró la JEP son desgarradores: al menos 104 menores fueron torturados y 28 sometidos a tratos crueles y degradantes.
Otros 208 menores de edad fueron víctimas de condenas y ejecuciones extrajudiciales. Otras 218 mujeres fueron objeto de violencias reproductivas en 356 hechos criminales. La diferencia entre el número de víctimas y de hechos documentados, según la JEP, responde a que algunas sufrieron dos o más hechos durante su permanencia en las filas. "De los 356 hechos documentados, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas, por lo que la sala concentró su análisis en estos casos", se lee en la imputación a los exguerrilleros.
Le puede interesar: Violencia sexual como arma de guerra: los crímenes que la JEP imputó a exjefes de las Farc
Los imputados hicieron parte de los bloques Noroccidental, Sur, Caribe y el Comando Conjunto Noroccidental: Rodolfo Restrepo Ruiz, Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz, Ángel Alberto García Sánchez, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Jesús Mario Arenas Rojas, Edgar López Gómez y Abelardo Caicedo Colorado. Por este caso ya habían sido imputados seis exintegrantes del último secretariado de las Farc, que también hoy fueron citados a audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad en abril de 2027.
La JEP estableció que, entre 1971 y 2016, al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las antiguas Farc, con un pico de hechos entre 1996 y 2016 y picos en 1999, 2002, 2007 y 2013. Estos crímenes ocurrieron en todo el país, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e involucraron a todos los bloques de la antigua guerrilla. Quienes habían sido imputados hasta ahora están investigados por su presunto rol de mando a nivel nacional. Pero esta imputación aborda los mandos de las Farc en las regiones.
Lea: Capturan a alias “Cristóbal Pérez”, presunto disidente señalado por crimen de Miguel Uribe

"Los patrones investigados e imputados en este nivel regional no fueron hechos aislados ni respuestas individuales desconectadas, sino que se desarrollaron en el marco de una organización armada jerarquizada, con un régimen de regulación y control de la vida intrafilas. En ese contexto de coacción permanente, la amenaza, el miedo, la vigilancia constante y la imposición de la obediencia operaron como mecanismos para anular la autonomía individual de las víctimas acreditadas en el caso", dice la decisión.
La investigación muestra que los mecanismos de violencia usados por la JEP buscaban que los menores reclutados cumplieran las órdenes que recibían sin oponer reparos y que los castigos por incumplimientos podían llevarlos, incluso, al fusilamiento. "En el caso de las violencias reproductivas, ese mismo entorno de coacción permitió imponer decisiones sobre los cuerpos y los proyectos reproductivos de las niñas", señala el documento presentado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.
Contenido relacionado: Nada devolverá la infancia: magistrada de la JEP tras perdón de las Farc por reclutar niños
La imputación expone que también hubo una "política de regulación de la vida intrafilas" marcada por "el control disciplinario sobre todos los aspectos de la cotidianidad, la supresión de la autonomía individual y del disenso, la prohibición de abandonar las filas, las profundas asimetrías de poder entre comandantes y guerrilleros rasos que generó arbitrariedades y reforzó privilegios de los mandos, y un ambiente permanente de amenaza e intimidación, reforzado por el adoctrinamiento ideológico".
Agrega la decisión: "La prohibición de abandonar las filas agravó este escenario. Según los relatos contrastados por la sala, las posibilidades de desvinculación eran mínimas y dependían de autorizaciones excepcionales. Quienes intentaban salir podían ser sometidos a malos tratos o, incluso, ser fusilados. Las amenazas contra las víctimas y sus familiares, el miedo a ser ejecutados y la vigilancia constante reforzaban la obediencia y reducían sus posibilidades de actuar autónomamente".
Lea: De la Espriella construirá más cárceles, dijo minjusticia a la Corte Constitucional
La JEP documentó que al menos 214 víctimas relataron malos tratos, cargas y tareas que excedían sus capacidades físicas, así como situaciones de sufrimiento que, en algunos casos, estuvieron relacionadas con suicidios de niñas y niños. También 68 víctimas manifestaron haber sufrido malos tratos, graves sufrimientos y situaciones de riesgo para sus vidas durante los cursos básicos y especializados de formación militar. Y 81 víctimas relataron situaciones similares durante operaciones militares.
"Los niños y niñas fueron asignados a participar en operativos de secuestros y a prestar guardia a los secuestrados. Esta situación provocó un sufrimiento asociado al dolor de los secuestrados y sus condiciones durante el cautiverio. En otras ocasiones debieron presenciar las torturas infligidas a las personas privadas de la libertad cuando les hacían cavar huecos para su tumba y apuntar con fusiles para obtener información, e incluso, algunas víctimas manifestaron que debieron asesinarlos y enterrarlos ellos mismos", dice el auto.
Le puede interesar: Productos Ramo denuncia a la ONG Sinergia Animal por campaña sobre presunto maltrato animal

Los menores de edad que hacían parte de comunidades indígenas también sufrieron violencias diferenciadas por las cuales los exjefes de las Farc fueron llamados a reconocer responsabilidad. Integrantes de los pueblos indígenas Hitnü, Koreguaje, Barí, Sikuani, Cubeo y el Consejo Comunitario Consafro le dijeron a la JEP que "sus niños y niñas sufrieron gravemente en la vida intrafilas, ya que, por sus características culturales y físicas, fueron utilizados para labores que ponían en riesgo su vida".
"Aprovechar sus habilidades como nadadores, como le sucedió a una víctima del pueblo Cubeo, a quien obligaron a zambullirse en múltiples oportunidades en una cañada profunda para rescatar un cuerpo, incluso a profundidades de hasta ocho y diez metros. O, aprovechar que no hablaban español para llevárselos reclutados y entrenarlos, como le sucedió a niños y niñas del pueblo Hitnü, quienes ‘fueron destinados a actividades de combate y, en determinados casos, llegaron incluso a integrar las denominadas primeras líneas de combate’, sobre todo porque en los grupos armados existía la creencia de que los ‘indígenas tenían una protección especial y que ‘no les entraban las balas'", se lee en el documento.
Lea también: Atentado con carro bomba deja un civil muerto y dos heridos en la vía Panamericana, en Cauca
Los menores, según la JEP, fueron sometidos a trabajos forzosos, como cavar trincheras y hacer viajes de leña; los sometieron a cursos de supervivencia que implicaban, durante 15 días, vivir solo de lo que encontraran en el monte. Sobre este primer patrón criminal, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó, en total, 104 torturas, 28 sometimientos a tratos crueles y 208 condenas extrajudiciales que incluyeron penas como el fusilamiento, en los casos de 62 menores de edad reclutados.
A eso se suma el patrón criminal relacionado con violencias reproductivas contra niñas reclutadas. Según la JEP, las Farc "implementaron una política formal de anticoncepción o control de natalidad que, en la práctica, derivó en la prohibición de la maternidad y la paternidad dentro de las filas". Esto implicó la exigencia del uso de métodos anticonceptivos, la práctica de abortos obligados, la entrega de menores nacidos en la guerrilla a terceros y dos casos de bebés recién nacidos que fueron asesinados.
Más contenido: Imputan a inspector de la Aerocivil por contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17
Según la investigación, 156 mujeres narraron que, cuando eran niñas, las obligaron a usar métodos anticonceptivos. A 15 de ellas las maltrataron por negarse. "La obligatoriedad de la anticoncepción anuló la posibilidad de otorgar un consentimiento libre e informado o de oponerse a los procedimientos", dice el auto. Otras 91 mujeres narraron que fueron sometidas a abortos forzados cuando eran niñas y el 26 % de ellas señaló que sufrieron dos o más procedimientos, para un total de 137 hechos de aborto forzado, 32 que incluyeron maltratos.
También dos bebés, hijos de víctimas de los bloques Oriental y Noroccidental de las Farc, que sobrevivieron a los abortos forzados, murieron al nacer y los hechos fueron calificados como asesinatos, por haber ocurrido "por falta de atención médica adecuada o por otras acciones, en el contexto de la prohibición de la maternidad dentro de las filas". Otros 11 menores fueron entregados a terceros. "Las madres no pudieron ejercer libremente la crianza y el cuidado de sus hijos, y fueron separadas de ellos por decisión de la organización", concluye la imputación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
-
Berta Lucía(2263)•04 de noviembre de 2026 – 14:30Colombia, país de espanto. Los paras son iguales a los cabecillas de las FARC y ELN; no hay ninguno que sea mejor que el otro; y eso incluiría al #7837; posible ideólogo del genocidio colombiano. Entiéndase genocidio como una política de exterminio sistemática en contra de las comunidades indígenas, campesinas y negras; y/o la persecución y esclavización sexual y laboral de las mujeres e infantes con su posterior asesinato o desaparición.
-
antonio(7747)•04 de noviembre de 2026 – 14:47Todos seran sancionados, los condenarán a sembrar lechugas, zanahorias, posaran en fotos con un machete y palo. Ninguna de las periodistas se pronuncian a favor de las mujeres que cuando niñas fueron sometidas a toda clase de vejámenes por los grupos armados de este pais.
-
-
antonio(7747)•04 de noviembre de 2026 – 14:16La JEP permite que la proxeneta de Griselda Lobo presente su declaración en forma virtual y no comparezca en forma personal a enfrentar a las víctimas, mujeres que cuando niñas fueron entregadas a los del secretariado para su disfrute sexual. Alega problemas de seguridad, es decir, esa sra permanece encerrada en su casa ? Les queda alguna duda de que la JEP es profarcs ? No puede usar una de las camionestas de timochenco ?