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Medicina Legal pide cambios a decreto sobre manejo de cuerpos tras operaciones militares

La misiva fue enviada por el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado. En el documento emiten recomedaciones sobre el borrador que busca establecer instrucciones precisas para la coordinación ante fallecimientos directamente vinculados con operaciones de la fuerza pública.

Un proyecto del Pacto Histórico busca que Medicina Legal deje de depender de la Fiscalía.
El documento del Ministerio del Interior busca establecer instrucciones precisas para la coordinación ante fallecimientos directamente vinculados con operaciones de la fuerza pública.
Foto: Archivo particular

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A través de una carta enviada al recién posesionado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, el Instituto Nacional de Medicina Legal hizo públicos sus reparos sobre el borrador de decreto de esa cartera. El documento busca establecer instrucciones precisas para la coordinación ante fallecimientos directamente vinculados con operaciones de la fuerza pública.

Según se lee en la misiva, firmada por el director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, aunque el proyecto delimita adecuadamente las actuaciones de las autoridades frente a la preservación inicial del lugar, así como el deber de dar aviso inmediato a la Fiscalía General de la Nación, entre otros aspectos, desde el ámbito médico-legal tienen algunas recomendaciones.

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El Instituto recomienda fortalecer el articulado para precisar que las decisiones relativas al lugar donde se realizará la necropsia y los demás procedimientos forenses deben adoptarse de manera coordinada con el Instituto. Esto, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, la disponibilidad de talento humano especializado, la infraestructura instalada, la capacidad operativa de las sedes y los requerimientos técnicos.

"Esta precisión resulta necesaria porque no todas las sedes cuentan con las mismas capacidades para atender casos complejos, muertes múltiples, cuerpos en condiciones especiales de conservación o eventos que requieran la intervención articulada de patología, antropología, odontología, radiología, genética, toxicología u otras disciplinas forenses", se lee en el documento.

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En esa línea, Medicina Legal señala que, desde las directrices institucionales, se prevé que, desde el momento en que se conozca el evento, se coordinen las sedes de abordaje, la disponibilidad de sus funcionarios y los apoyos especializados, "sin esperar el ingreso de los cuerpos para iniciar la planeación técnica y operativa".

Asimismo, la institución señala que la remisión a la sede geográficamente más cercana podría afectar "la integralidad del examen, la conservación de los cuerpos y elementos asociados, la oportunidad de los análisis y la aplicación uniforme de los protocolos técnicos". Ante estas preocupaciones, Medicina Legal emitió cinco recomendaciones puntuales.

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El documento menciona el artículo según el cual las Fuerzas Militares no manipularán, recolectarán ni trasladarán elementos materiales probatorios o evidencia física. "Sin embargo, debe aclararse expresamente que el cuerpo también debe quedar bajo preservación y no ser movilizado, salvo necesidad humanitaria, riesgo inminente o instrucción de la autoridad competente", se lee. En ese sentido, recomiendan revisar la incidencia de esta disposición en la cadena de custodia y en la necropsia.

También ecomendó que el proyecto incorpore una regla expresa sobre la coordinación previa entre la fuerza pública y la entidad para determinar la sede de abordaje, cuando el caso deba ser remitido al Instituto, sin afectar las competencias del ente investigador ni de la Policía Judicial.

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Otro de los reparos está relacionado con el plazo de 36 horas previsto para la presentación del informe ejecutivo. Medicina Legal advierte que este término, establecido en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004 para el informe de la Policía Judicial al fiscal, no corresponde al tiempo que puede tomar una necropsia o cualquier otro procedimiento forense. Por eso, considera necesario revisar la expresión del proyecto según la cual ese plazo no autoriza a “extender el tiempo de una pericia”, pues podría interpretarse como una limitación general a la duración de los estudios forenses.

Por último, se refirieron al artículo sexto, que contiene la regla que impide condicionar la entrega de los cuerpos a planes funerarios, información familiar o medidas de seguridad. Medicina Legal señala que esta disposición es adecuada. Sin embargo, advierte que debe conservarse la posibilidad de realizar procedimientos periciales adicionales cuando sean ordenados por las autoridades competentes o resulten técnicamente indispensables antes de autorizar la entrega.

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Puntualmente, el borrador de decreto pretende impartir instrucciones para la coordinación institucional y la protección de familiares, comunidades y personal "interviniente ante fallecimientos ocurridos en desarrollo de una operación de la fuerza pública legalmente ordenada". Esto, con el propósito de facilitar, dentro del marco de la ley, el acceso seguro de las autoridades judiciales y forenses, así como la atención digna de las familias, según el documento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Comentarios
  • Sigi(77234)•07 de noviembre de 2026 – 19:31
    Deberian integrar en el equipo de expertos a ADLE, para que aporte sobre el protocolo de registro filmico de los cuerpos, procedimientro de embalamiento y presentaciòn con altisima sensibilidad y misericordia cristiana los fallecidos en combate.
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