
El café, la mayoría de las frutas, la sal, el azúcar, la lenteja y el fríjol seco, el tomate, la cebolla, la zanahoria y el ajo. Estos son algunos de los alimentos que quedarían gravados con IVA del 19 % si la ley de rescate económico, el proyecto con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella promete “desactivar la bomba fiscal”, es aprobado tal como llegó al Congreso. La propuesta puso al país a hablar de impuestos, de IVA, de canasta básica y de factura electrónica.
Está claro que Colombia necesita hacer un ajuste fiscal: el país cada mes, según cifras del Ministerio de Hacienda, está gastando COP 11 billones más de lo que recibe. La pregunta billonaria es cómo hacerlo: por dónde recortar, a qué subirle y esas medidas a quiénes afectan.
Incluso antes de informar que el proyecto de ley sube al 19 % el IVA a varios productos y servicios exentos o excluidos (es decir, que hoy están en 0 %) y a otros que tenían tarifa del 5 %, el vicepresidente José Manuel Restrepo presentó “EfectIVA”, un mecanismo para devolverles este impuesto a las personas pobres y vulnerables. El vicepresidente y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, han hecho énfasis en que habría una devolución total para 19 millones de colombianos y parcial para otros 16 millones.
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Varios analistas habían recomendado eliminar beneficios en el IVA, siempre y cuando se protegiera a las personas vulnerables. Expertos de la Universidad de los Andes advirtieron en octubre, antes de que se conociera el proyecto, que para cuadrar las cuentas parecía necesario reducir los “huecos” de recaudo del IVA. Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, dijo a El Espectador que aunque se están tocando algunos productos de la canasta básica, “no tiene sentido” que las personas de mayores ingresos se beneficien de una exención sobre ellos.
De todas formas, el ajuste en el IVA ha generado polémica, especialmente por su impacto en los alimentos. Una libra de sal pasaría de unos COP 1.250 a unos COP 1.500, una libra de fríjol seco pasaría de COP 4.250 a COP 5.050 y una libra de café molido, que en promedio hoy cuesta unos COP 26.300, pasaría a costar unos COP 29.800, por poner tres ejemplos. Estos cálculos son aproximados, tomando como punto de partida los precios del Sipsa.
Esta semana varios congresistas criticaron la propuesta, recordando que el Ejecutivo inicialmente prometió que el ajuste sería solo vía recorte, y en redes sociales se ha cuestionado que el Gobierno encarezca el desayuno, el almuerzo, el café de la tarde y la cena de los colombianos. Devolver la plata del IVA suena bien de entrada, pero atar el mecanismo a la factura electrónica, que para muchos es un territorio inexplorado, genera dudas.
En Colombia ya existe el programa Devolución del IVA, que nació en 2020, y que en realidad es una compensación, más que una devolución: cada dos meses Prosperidad Social gira un monto específico (COP 111.000 en 2026), que se calcula a partir del promedio del IVA que pagan los hogares de menores ingresos. La transferencia llega a cerca de 700.000 hogares. De acuerdo con el proyecto de ley, este programa desaparecería cuando se empiece a implementar EfectIVA.
Michelle Visbal, experta en derecho tributario y socia de Serrano Martínez CMA, explica que la diferencia es que mientras la compensación actual entrega una suma fija, EfectIVA pretende devolver el IVA pagado según las facturas electrónicas, lo que exige un nivel mayor de información y de control. Consultamos con expertos para entender qué tan fácil sería implementar en Colombia una propuesta de este tipo.
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EfectIVA: ¿qué propone el Gobierno?
El funcionamiento del programa está detallado en la exposición de motivos del proyecto de ley. Básicamente, la persona compra en un establecimiento de comercio que debe generar factura electrónica, la información sobre el monto del IVA que pagó se transmite a las bases de datos de la DIAN, que la consolida y remite al Departamento de Prosperidad Social (DPS). Entonces, el DPS cruza los registros con la lista de beneficiarios que le envía el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Con todos los datos, Prosperidad Social consolida el monto que se debe transferir sin superar el tope y ordena el giro con una frecuencia máxima de 15 días desde enero de 2028, aunque a finales de 2027 se haría un anticipo y también habría pruebas para verificar el funcionamiento de EfectIVA. En una aplicación, se actualizará diariamente el monto del IVA que se va a devolver y, si el beneficiario no tiene un producto financiero, se le pagaría por giro postal.
El proyecto habla de un tope global de 5,5 UVT mensuales por beneficiario (COP 288.000 a valores de 2026), pero dice que se definirían topes específicos considerando la composición de los hogares y el nivel de ingreso. El Gobierno estima que la devolución sería progresiva: del 100 % para los tres primeros deciles de ingreso y del 50 %, 40 % y 30 % para el cuarto, quinto y sexto decil. La medida, según el abecé que publicó el Ejecutivo, llegaría a los hogares con ingresos por hasta COP 3,4 millones al mes.
El Ministerio de Hacienda defiende que los avances tecnológicos de los últimos años aseguran la viabilidad operativa de EfectIVA “por la expansión de la facturación electrónica, la digitalización de las transacciones y la mayor capacidad de interoperabilidad y procesamiento de datos” para identificar al comprador. Además, el ministro de Hacienda ha argumentado que el país tiene un año para prepararse.
Esta semana, en medio de las críticas, Hacienda publicó un comunicado titulado “Aun sin factura electrónica los colombianos de menores ingresos recibirán devolución del IVA”. Sin embargo, en la exposición de motivos se aclara que solo aplicaría para las personas en pobreza extrema, que recibirán un monto mínimo (no se sabe de cuánto). De acuerdo con el DANE, en 2025 una persona estaba en pobreza extrema si el ingreso de su hogar, dividido entre sus integrantes, era inferior a COP 236.580 al mes, es decir, menos de unos COP 8.000 diarios, lo que no alcanza para cubrir una canasta básica de alimentos. Casi cinco millones de personas se encontraban en esa condición.

Es más fácil en el papel
“En el papel me parece estupendo, pero en la práctica no estamos preparados para eso”, dijo a este diario Lisandro Junco, experto en derecho tributario y director de la DIAN entre marzo de 2021 y agosto de 2022 (gobierno Duque). Para emitir una factura electrónica los comercios necesitan conexión a internet, y no para todos ese tema está resuelto. En 2025, según el DANE, el 26 % de los hogares no tenían conexión a internet, y en las zonas rurales la cifra llegaba al 43 %, pese a los esfuerzos en conectividad que se han hecho en la última década.
Para Jairo Orlando Villabona, director de la DIAN entre junio de 2024 y enero de 2025 (gobierno Petro) y miembro del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la Universidad Nacional, no se puede afirmar que el aumento en el IVA no les pegará a las personas de menores ingresos porque el Gobierno ata la devolución a la factura electrónica que no está extendida en los pequeños negocios del país.
El experto cita dos datos para ilustrar el problema. El primero es que un estudio de 2023 del Observatorio de Comercio Electrónico del Mintic, basado en una encuesta a 1.616 micronegocios de los sectores agropecuario, manufacturero, de comidas y de servicios, encontró que solo el 26 % tenía facturación electrónica. El segundo es que una encuesta de 2024 de Super Vecino, la aplicación de la empresa MIQ (Marketing Intelligence Quotient), halló que el 91,6 % de los comerciantes de barrio consultados no contaban con un facturador electrónico.
En cambio, para Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes y columnista de este diario, la aplicación de “EfectIVA” sería “mucho más viable de lo que la gente cree”, porque el país ganó experiencia en este tipo de transferencias durante la pandemia y ahora hay avances como Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, que facilita aún más la implementación.
Frente a la pregunta por las dificultades de atar la devolución a la factura electrónica, el profesor defiende que en regiones en las que muchas de las compras son informales, en la práctica “la gente no paga IVA y, por lo tanto, no se lo devolverán”. Además, resalta que EfectIVA podría ser un incentivo para que los comercios se formalicen si los consumidores empiezan a pedir factura.
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Ahora bien, Villabona explica que hay muchos casos en los que el consumidor no tendría factura electrónica, pero sí estaría pagando IVA. El exdirector de la DIAN plantea el ejemplo de una tienda en la vereda Guacamaya de Apulo, a unas tres horas de Bogotá. Imagine que la ley es aprobada y que usted va y compra chocolate, harina y pasta. No le van a entregar factura electrónica, pero el aumento en el IVA sí estaría en el precio final, pues el vendedor muy probablemente le sube al producto porque sus proveedores le subieron.
Cada caso es distinto, pero en general, explica Felipe Jiménez Ángel, experto en descentralización y exsecretario de Gobierno de Bogotá (durante la administración de Claudia López), aunque no haya factura, el consumidor terminaría pagando el IVA en las ciudades, en las tiendas de barrio, mientras que en muchas plazas de mercados y al comprar productos del agro en zonas rurales es probable que no.
El exsecretario de Gobierno no cree que la implementación sea imposible porque, como mencionó el profesor, durante la pandemia los gobiernos, nacional y locales (en Bogotá se llamó Ingreso Mínimo Garantizado), desarrollaron en poco tiempo una estrategia para entregarles recursos a las personas más vulnerables y, además, hoy contamos con Bre-B, que se ha convertido en referente a nivel mundial. Eso no significa que sea fácil, al contrario, los retos abundan.
El primero es lograr que la gente pobre y vulnerable compre en lugares que entreguen factura electrónica. Aunque habría un incentivo para la formalización de los comercios, que es positiva para el país, ese proceso requiere desde actualizar el RUT y tener firma digital, pasando por comprar el software, hasta tener acceso a internet que, como ya mencionamos, sigue siendo un reto en muchas zonas de Colombia en las que, además, hay una gran proporción de personas pobres y vulnerables.
Jiménez, pasando a un detalle más técnico, advierte que la propuesta plantea un reto para los pequeños comercios inscritos en el régimen simple de tributación, creado para facilitar la formalización mediante la simplificación del pago de varios impuestos. En este régimen hay tiendas pequeñas y minimercados que no son responsables del IVA. La pregunta es qué tendrían que hacer con la ley fiscal.
Además de la formalización, Visbal menciona el reto de la focalización: definir con precisión quién recibe la devolución y en qué proporción. Aquí es vital que la base de datos, en este caso el Registro Universal de Ingresos, que todavía no ha reemplazado al Sisbén, esté bien actualizada. No devolverle la plata a quien lo necesita puede significar que ese hogar termine pasando hambre.
Entre otros desafíos, Jiménez menciona el reto de dimensionar las compras de un hogar cuando no siempre las hace la misma persona o incluso la cultura del “fiado”: ¿qué factura electrónica le van a dar a la persona que le pide a su vecino que le anote todo en un cuaderno para pagarle en la quincena?
Para Junco, lo ideal sería implementar un programa en dos pisos: primero una compensación (como la que hoy existe, pero más amplia) para los hogares con menores ingresos, y segundo, una devolución adicional para quienes puedan solicitar factura electrónica. Así se impulsaría la formalización, pero sin que el mecanismo dependa tanto de la factura.
En general, los expertos explican que el Congreso debe analizar cuál es la mejor manera para que los pobres y vulnerables no terminen pagando ese IVA del 19 %; en este análisis nos enfocamos en alimentos, pero el proyecto de ley llegaría a muchos otros bienes y servicios.
El debate no es menor: si bien todos coinciden en que se necesita un ajuste fiscal (los ajustes en IVA permitirían recaudar unos COP 20,4 billones anuales entre 2028 y 2030), nadie quiere que los impuestos dejen con hambre a las familias colombianas.
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Gustavo Andrés(rz6f1)•09 de noviembre de 2026 – 07:06Y si en gobierno tiene tan buenas intenciones, porque no presentan reformas tributarias para reducir considerablemente la evasión de impuestos y el contrabando que afectan seriamente las finanzas del país, o es que están muy comprometidos que nada de eso cambie?
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ERWIN(18151)•09 de noviembre de 2026 – 07:03Pura carreta..no van a devolver nada ..pura paja,..todo lo de tigresa es asi..hablando vacuencia.
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Camilo Guerra(cenpd)•08 de noviembre de 2026 – 13:16¿Saben cuanto le cuesta a uno como ciudadano expedir una factura electrónica? Surge una inquietud: ¿Cuánto deja de percibir el estado al bajar el porcentaje de impuestos a las empresas? ¿El devolver el IVA a los estratos más bajos y vulnerables no es una cortina de humo para desmontar la "Prosperidad Social" mencionado en el séptimo párrafo de este artículo?
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Melmalo(21794)•08 de noviembre de 2026 – 11:50Ellos saben que es díficil devolver el IVA y que en las arcas quedaría la mayoría de ése dinero,a eso le apuestan,no son tontos.
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Celyceron(11609)•08 de noviembre de 2026 – 11:48MUCHO más fácil es reconsiderar el IVA a la canasta familiar. Si ya es un problema pedir a la DIAN que devuelva el excedente de lo que uno paga en impuestos directos, cómo será reclamar el IVA de la cebolla y los tomates. ¿QUÉ TAL si los megáricos pagan impuestos altos, dadas sus ganancias?
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Carlos Federico(ar680)•08 de noviembre de 2026 – 11:31La solución no está en impuestos regresivos como el IVA a la canasta familiar, sino en impuestos progresivos que graven a los que más tienen como el impuesto al patrimonio
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Gilberto(54899)•08 de noviembre de 2026 – 11:18Pues NO COBRE IVA. A este MATAGATOS quién le cree ?