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“Hay entendimiento para la implementación del Acuerdo de Paz”. Esta fue la frase con la que Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, resumió el inicio del renovado periodo de sus funciones en Colombia. Sin embargo, tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de mantener este proceso sobre el Acuerdo de Paz firmado en 2016, para la organización encargada hay preocupaciones que siguen sobre la mesa, especialmente en materia de protección a los más de 11.000 firmantes y de los recortes presupuestales a entidades que nacieron de lo pactado en La Habana.
Aunque renovaron por décima vez consecutiva, quedó fuera de su margen de acción la verificación de la reforma rural, por lo que el abordaje de este nuevo periodo tuvo que ser reestructurado. Ahora, aseguró Jenča, el foco está en dos puntos clave: “la reincorporación social, política, económica y comunitaria de los y las excombatientes y las garantías de seguridad para los y las firmantes de paz, las comunidades y organizaciones”. No obstante, recalcó que la implementación de la reforma rural integral “constituye un compromiso del Estado colombiano”.
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Esta hoja de ruta entra a jugar en el nuevo tablero establecido por Abelardo de la Espriella en el terreno de la paz, espacio que ya se volcó por completo en robustecer las políticas de seguridad. El jefe de Estado ha sido claro: no van más las negociaciones ni los procesos de paz de ningún tipo, el sometimiento es la única opción.
Esto se da en medio de la tensión directa que ha tenido el Ejecutivo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debido a temas presupuestales. No obstante, El Espectador pudo conocer que el ambiente podría suavizarse, ya que existe fecha para una reunión entre la instancia de articulación del Gobierno y ese tribunal especial, la cual convocó el ministro de Justicia, Iván Cancino.
La cita será el próximo 12 de noviembre y parte de su agenda girará en torno a la operatividad del cumplimiento de las sentencias que ya han sido ordenadas. “Ahí también están instituciones que dependen de la Presidencia de la República, como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Unidad para las Víctimas (UARIV). Es el primer encuentro que tendremos con el Gobierno Nacional. Celebro esto y vamos a estar muy atentos. Estoy seguro de que de esa reunión va a salir una programación para efectos de asegurar el cumplimiento de las sanciones propias”, le confirmó a El Espectador el nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas.
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La alta comisionada para la paz, Viviane Morales, quien recibió oficialmente el cargo el pasado 4 de noviembre, tendrá la batuta de ese encuentro. Además, este lunes la cabeza de ese tribunal nacido del acuerdo de 2016 fue invitado por las altas cortes a un encuentro interinstitucional, en el que también estaría la fiscal General, Luz Adriana Camargo. Un mensaje simbólico que abre la puerta a un nuevo relacionamiento.
No obstante, las mayores preocupaciones de la Misión también tocan a la JEP. Se centran en la seguridad de las y los firmantes, en el desarrollo y en lo que Jenča llamó “verdadera implementación” de lo que es un mandato constitucional. Además, el tema financiero no deja de inquietar, pues aunque asegura que conoce la compleja situación que atraviesa Colombia en esa materia, le preocupa que las entidades que sostienen el acuerdo no tengan suficientes recursos. “Necesitamos cumplir con la obligación emanada del marco legal que incluye el Acuerdo de Paz. […] Nos preocupa la reducción de recursos para las agencias cruciales para su implementación”, aseguró ante una pregunta hecha por El Espectador.
En las regiones la situación no es alentadora según lo contado por el jefe de la Misión, pues dijo que se requiere reforzar la seguridad, sobre todo en lo que respecta a los asesinatos de firmantes de paz. “Ellos sí están bajo una presión enorme por grupos armados ilegales, los asesinan. Las cifras son muy preocupantes. El gobierno tiene el interés que estos firmantes no se reúnan con grupos armados ilegales, porque va a haber más inseguridad. Yo soy optimista, especialmente en estos días en Naciones Unidas uno debe ser optimista, porque es muy difícil de hacer el trabajo”, precisó.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del acuerdo en 2016 hasta la fecha, han sido asesinados un total de 527 firmantes.
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Sumado a esto, el mismo día en el que el Consejo de Seguridad tomó la decisión de renovar la Misión de Verificación y desde las instalaciones de la ONU en Nueva York, el embajador de Colombia ante esa organización, Mauricio Gaona, aseguró que el Acuerdo de Paz “no es un modelo” que pueda tomarse de ejemplo a nivel internacional.
“Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos más se han podido beneficiar de este proceso de paz, en particular los que abogan que el Acuerdo de Paz de 2016 es un modelo para el mundo, pues no para nuestro mundo. No lo es para los miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados, objetos de extorsión desde que se firmó el Acuerdo”, afirmó Gaona.
Lo planteado por el embajador, que refleja una postura institucional, generó revuelo. Aunque desde la Misión de Verificación sostienen que sí hay voluntad en el Ejecutivo para seguir con la implementación de lo pactado en La Habana, también contradicen al diplomático y aseguran que el Acuerdo de Paz “es y ha sido un éxito”.
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“Yo ya lo veo como un éxito. Dejación de armas, monitoreo de cese al fuego. El retiro de los miembros de las Farc desde los territorios bajo su control. Se realizó prácticamente en un año. Esto sí fue y es un éxito. […] El hecho de que en el proceso de paz continúen más de 85 % de los firmantes, es un éxito”, sostuvo Jenča.
Tras las múltiples declaraciones hechas desde el Gobierno sobre la postura que se tiene respecto al acuerdo, el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, aprovechó una gira internacional por tres países para defender lo que considera su principal legado.
Este viernes, desde una conferencia en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), dijo: “Hoy no es momento de guardar silencio. Comunidades de toda Colombia siguen esperando que se cumpla plenamente lo que firmamos, porque la implementación del Acuerdo de Paz por parte de los dos últimos gobiernos ha dejado mucho que desear. Hoy es más importante que nunca alzar la voz y exigir su plena implementación”.
Y agregó: “La falta de voluntad política y de capacidad de los dos últimos gobiernos (Iván Duque y Gustavo Petro) para implementarlo plenamente, a pesar de su obligación constitucional de hacerlo, es la principal causa de nuestros problemas actuales”.
La Misión, que cuenta con un total de 29 oficinas territoriales en 10 departamentos y más de 12 equipos móviles, seguirá trabajando de la mano del Gobierno tal y como lo ha hecho con los otros dos gobiernos de turno que vinieron después de Santos.
Ahora el robustecimiento de la seguridad y la ya sancionada ley de sometimiento que el Gobierno logró aprobar en el Congreso marcarán la pauta para el trabajo conjunto entre la Misión y el Ejecutivo. Nombres como el de Morales, Gaona e incluso el del recién designado en la consejería de derechos humanos, Ricardo Arias Macías -quien llega del partido Colombia Justa Libres que ha sido crítico con lo pactado en La Habana-, serán determinantes para la implementación y el desarrollo de la paz.
El panorama aún no está definido en su totalidad y el presidente De la Espriella debe articular los principios con los que fue elegido, los mandatos constitucionales, la seguridad de los y las firmantes y la implementación de un acuerdo que cumple diez años desde su firma el próximo 24 de noviembre.
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Por Luna Mejía Farías
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